¿Cómo podemos pensar que incidiría en las elecciones del 28 de abril el que el lunes de esa semana Madrid y gran parte de España se quedaran sin luz o sufrieran sucesivos y reiterados apagones hasta el día 28? No es imposible. ¿Sería el colofón a años de abandono del sistema, falta de inversión y de trabajadores especializados, y de corrupción en el desarrollo de las centrales termoeléctricas, como señala El País para el caso venezolano? Evidentemente no, porque la estructura y funcionamiento del sistema eléctrico en España cuenta con unos niveles de profesionalidad y de gestión, capitaneada por Red Eléctrica Española, que hacen muy difícil que tal cosa suceda. Pero en absoluto es imposible. Y lo que ahora ha sucedido en Venezuela, con un sistema eléctrico ni tan complejo ni tan interconectado digitalmente, se ha producido ya varias veces en EEUU a través de ataques cibernéticos que tampoco hay ninguna duda que están detrás de la situación registrada ahora en Venezuela, en una mezcla más primaria de sabotajes físicos e informáticos. Que no son imposibles en España, aunque esperemos que sean improbables porque el Gobierno con el conjunto del sistema de distribución eléctrica sean capaces de prevenirlos y evitarlos. Porque producirse se han producido y se van a seguir produciendo.
Todos los años repasamos en esta sección los Riesgos que distintas fuentes señalan para el devenir global, de la UE y de España. Entre esos riesgos se reiteran aquellos que directamente afectan al bienestar de la mayoría de los ciudadanos y que están teniendo como consecuencia el incremento de posiciones de partidos de extrema derecha, autoritarios e intolerantes, que encuentran en el “cuanto peor mejor” la típica referencia al “agudizar las contradicciones” de los partidos de extrema izquierda, con el mismo resultado: incremento del malestar ciudadano para que vote o actúe con ira en vez de con razón.
El hasta ahora breve gobierno de Pedro Sánchez ha intentado afrontar satisfactoriamente los retos globales que plantean esos riesgos para España, pese a las grandes dificultades que los mismos implican en una sociedad cuyas pautas de crecimiento –propias de una sociedad de consumo capitalista- son intrínsecamente contradictorias con las soluciones necesarias. Ya nos referimos reiteradamente en estas páginas a los retos del calentamiento global y sus efectos crecientes sobre el señalado malestar, imposibles de contener sin cambios radicales que, hoy por hoy, no se esperan en el ámbito mundial. Poco importa que cada nuevo y sucesivo Informe (el reciente de principios de este mes de marzo de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU –NOAA- confirmando resultados ya avanzados por la Organización Meteorológica Mundial sobre 2018) señale los riesgos y las consecuencias que los mismos pueden tener sobre migraciones desde países africanos con fuertes niveles de crecimiento demográfico, graves y crecientes problemas hídricos y falta de expectativas para sus jóvenes; o sobre el malestar urbano por inundaciones, temporales marítimos, golpes de calor o contaminación, etc., tantas y reiteradamente recogidos en estas páginas.
Las imprescindibles medidas de adaptación y resiliencia socioeconómica, ambiental y territorial al cambio climático y la necesaria transformación energética que necesita este país, que estaba poniendo sobre la mesa el Ministerio para la Transición Ecológica, incluyendo la también imprescindible Transición hídrica coherente con los Escenarios de futuro más probables, se han quedado finalmente encima de la mesa. Y ojala las elecciones del 28 de abril permitan que estas políticas sigan adelante por el bien de todos, de forma coherente con las políticas de biodiversidad, infraestructuras verdes o desarrollo local endógeno, y con base en una agricultura ecológica de mercados de cercanía, que las complemente.
Pero volviendo al principio de este artículo, no podemos dejar de recordar que uno de los riesgos capitales de la sociedad actual tiene que ver con la ciberseguridad, que es el campo en el que desde hace dos décadas vienen produciéndose algunos de los conflictos y escaramuzas geoestratégicas mundiales más significativas (incluyendo el actual apagón de Venezuela, los ataques a instalaciones iraníes desde Israel,…), a las que ya nos hemos referido anteriormente en esta sección cuando hemos analizado los efectos de la disrupción tecnológica que implica la actual Revolución Científico-Técnica.
La existencia de “puertas traseras” en los programas y apps de uso común por todos los ciudadanos y empresas, la capacidad de tratamiento de datos y los algoritmos de optimización de procesos de la inteligencia artificial, hacen que las claves y mecanismos de seguridad de los sistemas informáticos de individuos, empresas o grandes corporaciones no sean inmunes a los ciberataques, como se constata a diario, aunque la inmensa mayoría de los mismos no se hagan públicos por obvios motivos de seguridad y confianza.
La lucha contra este riesgo que puede afectar (y no sería una novedad tampoco en España) a servicios básicos, es una de las tareas más urgentes del estado a contemplar como un servicio fundamental para el interés general y para el ciudadano. Afortunadamente, en este aspecto hay unanimidad en el comportamiento de los partidos políticos con representación en el Congreso y así se encuentra en la práctica reflejada en la “Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023” aprobada hace tres semanas (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2442) como continuación de la anterior para el período 2011-2014, aprobada también bajo Gobierno del PSOE, y encuadrada en la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 elaborada bajo Gobierno del PP y en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, de 2013. Y si algo hay que remarcar en este campo tan directamente ligado a la lucha contra el terrorismo, el espionaje o la defensa y seguridad, es la importancia de la colaboración y cooperación de la Unión Europea.
La terrible velocidad a los que se producen las innovaciones en estos campos, la capacidad de ataque asociada a la inteligencia artificial y el machine learning, unido al crecimiento exponencial de la velocidad de las comunicaciones (que el 5G incrementará muy sensiblemente en el campo del M2M, entre otros) y a la realidad de puertas traseras en el hardware y software, hacen titánicas las tareas de lucha en este campo que cada vez genera un mayor “negocio” para los ciberdelincuentes (a veces un joven con “capacidades especiales” y un simple ordenador de alta gama, y a veces las principales organizaciones mundiales criminales o del espionaje), de los que en España las farmacias, no hace mucho, o establecimientos comerciales o profesionales tienen desgraciadamente frecuentes noticias, habiendo pasado los distintos tipos de estafas “on line” (phishing, pharming, chantajes, etc.) de poco más de 21.000 casos denunciados en 2011 a cerca de 89.000 en 2018, lo que les ha llevado a convertirse en el séptimo delito más común en España, y el menos arriesgado por los escasos resultados en su persecución (menos del 5% son resueltos y los afectados resarcidos).
En todo caso, no podemos olvidar que internet, las redes sociales y la manipulación informática pueden agravar los efectos de una de las principales fuentes del malestar existente, en la que la actuación del actual Gobierno de España no ha podido llegar a buen puerto: la precariedad en el empleo sobre la que la positiva alza en el salario mínimo no tiene capacidad de resolver la insatisfacción de la situación. El uso de contratos de muy corta duración ha aumentado en casi todos los sectores entre 2007 y 2018, principalmente en sectores de mayor estacionalidad, como las actividades artísticas o la hostelería, pero también en la industria, donde los contratos de menos de una semana representaron un 32% de los contratos firmados en 2018, frente al 4% de 2007. Proceso en aumento desde hace más de dos décadas que se liga a la fragmentación de las tareas de producción facilitada por la reducción de los costes de transporte y por la Revolución Científico-Técnica, que permite a las empresas el «empleo bajo demanda», ajustando oferta y demanda de empleo en tiempo real, directamente o a través de empresas en las que se externalizan procesos. Y que difícilmente se va a resolver ante el carácter estructural de estos procesos que pueden incrementarse en mayor medida con el 5G y la irrupción exponencial esperada de la LoT (internet de las cosas) y de la impresión en 3D y 4D, a los que ya nos hemos referido en estas páginas.
En 2018 se firmaron en España, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 22,3 millones de contratos laborales, continuando el incremento registrado desde 2013 y superando los 17,8 millones de contratos de 2007, pero con una afiliación final inferior a la existente en dicho año 2007 (19,4 millones) como consecuencia de que más de 20 millones de los contratos firmados han sido temporales (y muchos de muy corta duración: el 28% de los contratos firmados el año pasado tenían una duración de una semana o menos ) y los afiliados con contrato indefinido finales se sitúan en 8,8 millones (46% del total).
Datos que explican una parte significativa del malestar social y que están muy directamente ligados al elevado número de familias que en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Porque la grave reducción de la duración de los contratos temporales (de 79 días en promedio en 2007 a 52 en 2018) con el fuerte aumento de la rotación laboral, combinada con etapas en el paro, que afecta fundamentalmente a los jóvenes y a los trabajadores de baja formación, con especial incidencia en las mujeres, son un nicho extraordinario para la radicalización extremista (chalecos amarillos, VOX,…). En diciembre de 2018, el Gobierno aumentó el diferencial de cuotas a la seguridad social hasta el 40% para los contratos de cinco días o menos, pero la eficacia de esta medida por sí sola es discutible y en otros países (caso de Francia) por ahora ha tenido resultados inapreciables e incluso negativos sobre el proceso.
Por último, dejando al margen aspectos como la corrupción, el comportamiento y beneficios de las entidades financieras y el trato de favor dado a las mismas desde el ejecutivo, el legislativo y el sistema judicial, que no ha incidido precisamente en la mejora del malestar social, existe otro ámbito en el que las medidas adoptadas han sido insuficientes, en parte porque existe un problema estructural, de no fácil solución, ni contemplado ni abordado adecuadamente: el sector de la vivienda y del alquiler. Más de 800.000 familias han sufrido desahucios o dependen de procesos judiciales de diversos tipos (hipotecas, alquileres y ocupaciones) por políticas públicas fundamentalmente, pero no sólo, del partido popular, mientras la burbuja inmobiliaria cobra carta de naturaleza, nuevamente, desde 2014 a la actualidad, gracias a esas políticas públicas. Aspectos cuya complejidad e importancia ante las próximas elecciones abordaremos en el siguiente artículo.
No quiero terminar este artículo sin hacer un llamamiento a los partidos de izquierda y de centro y centro-izquierda. El malestar está siendo incentivado desde la extrema derecha y desde una derecha apoyada y reforzada desde intereses internacionales, que ven con muy buenos ojos el debilitamiento de la Unión Europea como ámbito competidor o de poder alternativo, y a la que un malestar que fomente posiciones euroescépticas y xenófobas le es muy útil. Nos jugamos todos mucho en las próximas elecciones, y los personalismos e intereses de parte no deben oscurecer ni impedir la puesta en marcha de mecanismos que reduzcan ese malestar, y que muestren a la población que en la izquierda y centro-izquierda es donde están las soluciones a sus problemas y a sus esperanzas en un posible futuro mejor.
Hace 80 años fue el miedo al comunismo (que se intenta renovar de nuevo por algunos irresponsables incultos que mimetizan posiciones “Trumpistas”) y ahora es el miedo al extranjero, a las feministas y a los ecologistas, pero el resultado puede ser el mismo. Se necesitan políticas continuas (bienvenidos los viernes sociales) y llamamientos y explicaciones al ciudadano de lo que pasa, por qué pasa y a quién beneficia, junto a lo que se hace y para qué se hace. Son urgentes políticas de adaptación y de resiliencia socioeconómica sobre un cambio global en el que poco puede hacer un país como España, (e incluso es discutible que mucho pueda hacer la Unión Europea en su actual estructura y situación) pero en el que es imprescindible avanzar hacia una socioeconomía justa, equilibrada y ecológica, que minimice en lo posible el malestar y priorice el interés general, contrarrestando las bazas de un pseudofascismo de derechas, basado en el odio al otro y en la intransigencia social.
