La inminente exhumación del dictador Francisco Franco, tras la sentencia del Tribunal Supremo, donde desestima el recurso presentado por su familia contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019, supone un nuevo paso en el fortalecimiento de la democracia en España. Un paso, con el que se corrige la anomalía de tener a un dictador en una sepultura de Estado. Un paso, una página, que se pasa en nuestra trágica historia. Un paso, que debe venir acompañado de nuevos avances en el reconocimiento, justicia y dignidad a las víctimas de la dictadura. Un paso dado por un gobierno socialista. Algo que hay que recordar ahora que se tienen que repetir las elecciones y los ciudadanos pueden volver a votar.

La sentencia permite la exhumación. Pero también, es dura contra las triquiñuelas de la familia recurrente, contra el Prior Administrador y contra algunos jueces que han utilizado su posición en la judicatura para obstaculizar una actuación tan importante no por motivos legales sino ideológicos.

En este último caso, es de esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de una vez por todas contra esos jueces que, saltándose la ley, siguen poniendo trabas desde su ideología y no desde el amparo legal, para intentar evitar lo inevitable desde un punto legal, político y democrático.

Algunos elementos principales de la sentencia son:

  • Los acuerdos del Consejo de Ministros impugnados, no son inconstitucionales: “la Sala no aprecia los vicios de inconstitucionalidad que la demanda reprocha al Real Decreto-Ley 10/2018 y, al no dudar de su conformidad con el texto fundamental, no considera procedente plantear la cuestión de inconstitucionalidad que piden los recurrentes.”Y no lo es porque “ni infringe el principio de igualdad, ni supone una legislación singular, de caso único. Tampoco vulnera los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la intimidad personal y familiar ni merma el derecho a la tutela judicial efectiva”
  • La singularidad del caso no vulnera el artículo 14 de la Constitución: “la atención singular que claramente se da a esa finalidad… no comporta, a juicio de la Sala, la vulneración del artículo 14 de la Constitución.” Y añade que“la extraordinaria singularidad de su figura la convierte, efectivamente, en un caso único en el sentido de que no hay otra en la que desde el punto de vista público se reúnan las mismas circunstancias: la forma de acceder al poder, su permanencia en él durante décadas y la manera en que lo ejerció no tienen parangón. Por tanto, no nos parece desproporcionado, arbitrario ni contrario al principio de igualdad que se haya tenido especialmente en cuenta a la hora de establecer que, en el Valle de los Caídos, conjunto monumental de titularidad pública estatal, solamente reposen quienes murieron a consecuencia de la Guerra Civil –decisión en sí misma no cuestionada– se haya tenido especialmente en cuenta que sus restos yacen allí en un lugar destacado.”
  • No afecta al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar: “No cabe, pues, apreciar que el Real Decreto-Ley, que sí es consciente de la posición de los familiares y les atribuye la facultad de elegir el destino de los restos de conformidad con la Ley 52/2007, incurra en inconstitucionalidad”
  • No afecta al derecho fundamental a la libertad religiosa: “No puede decirse que en este caso haya discriminación alguna de naturaleza religiosa… no estamos ante la exhumación de unos restos depositados en una sepultura privada sino de los que se encuentran en un lugar relevante de una Basílica monumental que tiene el carácter de bien de interés cultural protegido y es de titularidad pública estatal.Ciertamente, tiene naturaleza política la finalidad perseguida con esa exhumación e, incluso, posee una dimensión ideológica, pero ni una ni otra se proyectan sobre las convicciones religiosas. En efecto, no se pretende más que retirar del primer plano, desde luego en un lugar de titularidad estatal, cuanto signifique, represente o simbolice el enfrentamiento civil. Ese propósito no es incompatible con la libertad religiosa ni supone negar o desconocer las creencias de nadie. Su respeto no impide, por tanto, las exhumaciones y el traslado de restos en general y, tampoco, en este caso particular en el que, debemos reiterarlo, la significación pública, esencialmente política del fallecido y las características de su sepultura son determinantes”
  • El Prior Administrador no podrá seguir oponiéndose:“En la medida en que su respuesta( del prior administrador) a la solicitud de autorización… ampara su negativa en la oposición de los familiares, una vez establecido que estos ni tienen capacidad de disposición absoluta o ilimitada sobre un bien de titularidad pública, ni sus derechos a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa les confieren la facultad de impedir la exhumación legalmente acordada, debe entenderse que decae tras esta sentencia.”
  • No hay infracción de la legalidad urbanística. La familia del dictador afirmaba que el proyecto de exhumación tenía graves deficiencias, era una obra mayor y no menor, y por eso descalificaban el informe favorable del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Este hecho fue una de las escusas utilizadas por algunos jueces para paralizar la exhumación, Pues bien, la sentencia les aclara que “sucede que las operaciones necesarias para extraer los restos mortales del sepulcro en que se encuentran…no parecen presentar particular dificultad. Al fin y al cabo, se trata de levantar una losa, extraer los restos y reponer el solado original, revirtiendo así el pavimento de la Basílica a su estado anterior a 1975…En todo caso, esta actuación material cuenta con la cobertura legal. Es decir, no necesita licencia municipal.”
  • No hay infracción de la legalidad en materia de sanidad mortuoria. La Comunidad de Madrid, competente en la materia, emitió informe favorable: “Teniendo en cuenta que han transcurrido más de cinco años desde el fallecimiento, la exhumación de los restos de Francisco Franco Bahamonde no está sometida a ningún requisito administrativo sanitario, de conformidad con la normativa de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid».
  • No es contrario a Derecho denegar la inhumación en la Cripta de la Catedral de La Almudena. Por seguridad,“no puede tacharse de irrazonable considerar factor de riesgo cualificado la inhumación de los restos en el centro de la ciudad, en un área urbana en la que, por motivos religiosos, turísticos o de otra índole se concentra un gran número de personas”. Y en cuanto a la significación que  se alega por el gobierno, no fue ni siquiera rebatida por la familia.
  • No es contrario a Derecho la decisión de inhumar los restos en el Cementerio de El Pardo-Mingorrubio.La sentencia califica de significativo el hecho de que recurrentes no hayan dicho “por qué no les parece aceptable la inhumación de los restos de su abuelo en el Cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde, como subraya el acuerdo de 15 de marzo de 2019, descansan los de su abuela.”

Todo lo anterior, viene a corregir una anomalía histórica. Pero no hay que olvidar que es fruto de una decisión de un Gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez. Un presidente que afirmó que “vendrán otros capítulos de la lucha por la Memoria democrática, por la Justicia y por la Dignidad. Y volveremos a escribirlos junto a las víctimas y sus familiares. Pero es evidente que el principal símbolo de su dolor habrá sido definitivamente desplazado.”