No es un secreto que la política española está viviendo tiempos de convulsión que para algunos, los más jóvenes, les parecerán algo desconocido o desmesurado en nada parecidos a las épocas tranquilas de la alternancia en el gobierno de los dos partidos más importantes del sistema constitucional de 1978, el PP y el PSOE. Por eso, sin más pretensión que hacer un breve ejercicio de memoria histórica o democrática, como se dice ahora, me ha parecido conveniente huir de la cercanía política de acontecimientos, también convulsos, de los últimos treinta años, para recordar algo ocurrido durante la Segunda República Española, concretamente en octubre de 1934, con motivo de la persecución y encarcelamiento, seguido de juicio, de D. Manuel Azaña, el líder republicano de centroizquierda más importante de la época, que había sido jefe del Gobierno Provisional desde octubre de 1931 hasta septiembre de 1933 y que, posteriormente, terminó siendo elegido Presidente de la República en mayo de 1936.

Durante su Gobierno capitaneó y trató de ejecutar el gran programa reformista, nada revolucionario, que se derivaba de los mandatos de la Constitución de 1931. Y de esas grandes reformas me parece destacable, a propósito de este comentario, su defensa en pro de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932, norma que suscitaba grandes reservas en una parte importante del espectro político español y que gracias al empeño y la racionalidad de Azaña consiguió la aprobación de las Cortes de la República. El núcleo de su defensa se encuentra en estas palabras de uno de sus discursos:

“La República española, siendo unitaria, siendo un régimen nacional para España, ha venido entre otras cosas, a dar soltura, a libertar los sentimientos y los intereses regionales, contradiciendo y borrando para siempre la opresión del unitarismo anterior, que era una imposición del régimen dinástico.

No se puede entender la autonomía, no se juzgarán jamás con acierto los problemas orgánicos de la autonomía, si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas, después que tengan la autonomía, no son el extranjero; son España, tan España como lo son hoy; quizá más porque estarán más conten­tas. No son el extranjero; por consiguiente, no hay que tomar respecto de las regiones autónomas las precaucio­nes, las reservas, las prevenciones que se tomarían con un país extranjero, con el cual acabásemos de ajustar la paz, para la defensa de los intereses de los españoles. No es eso. Y, además, ésta otra cosa: que votadas las autonomías, ésta y la de más allá, y creados éste y los de más allá gobiernos autónomos, el organismo de gobierno de la región es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni agresivo, sino una parte integrante del Estado de la República Española. Y mientras esto no se comprenda así no entenderá nadie lo que es la autonomía”.

Esas convicciones de Azaña acerca de las bondades del régimen autonómico que consagraba la Constitución de la República le convirtieron en el mayor defensor del Estatuto de Cataluña y tan importante fue su papel en esta materia que, probablemente, sin su concurso, Cataluña no habría tenido Estatuto o, al menos, no tan pronto.

Por eso fue luego tan grande su decepción con el comportamiento de los gobernantes catalanes con la República.

Como era previsible, las diferentes políticas reformistas de Azaña le granjearon la animadversión de una gran parte de la derecha española y, por razones distintas, del anarquismo, una ideología potente de la época. No obstante, su Gobierno, que era de coalición de republicanos y socialistas, se mantuvo unido en el objetivo de desplegar el ambicioso programa reformista, lógicamente con las dificultades normales en un sistema parlamentario plural, no exento de amenazas y de intentos de golpes de estado como el del General Sanjurjo en Agosto de 1932.

Pero Azaña, republicano liberal y burgués, como él se definía, quedó convertido en el objetivo número uno de los ataques políticos y personales de sus adversarios transmutados en enemigos. Su salida del Gobierno en septiembre de 1933 no le libró de la persecución hasta que el culmen de la misma llegó en octubre de 1934, con motivo de la huelga general patrocinada por el socialismo y la ruptura constitucional de la Generalidad de Cataluña contra el gobierno de coalición de la derecha republicana y la CEDA. A pesar de que el líder republicano advirtió severamente a sus viejos aliados socialistas del gravísimo error que cometerían con la rebelión y sus intentos análogos con los nacionalistas catalanes, nada impidió que el gobierno le considerara poco menos que el inspirador de aquellos sucesos, encarcelándolo en un buque sito en Barcelona, donde se hallaba cuando se produjo la rebelión. Su juicio se saldó positivamente para él, lo que le estimuló para enfrentar la reconstrucción de su liderazgo en el centro izquierda de la República. Así lo expresó en las Cortes en 1935, una vez resuelta su denominada por él Mi rebelión en Barcelona:

“Y os aseguro, señores, que con vuestra política, y sobre todo con este asunto -no quiero hablar de otro-, me habéis ahorrado una cantidad de trabajo y de esfuerzo que para un indolente y un perezoso como yo es una fortuna, porque lo que yo hubiera tenido que hacer a fuerza de tiempo y de trabajo personal y de mis amigos para producir un movimiento de opinión fundado en la persuasión me lo han dado hecho, suscitando la indignación.”

Pero, como hombre de Estado, no se limitó sólo a anunciar la puesta en marcha de ese movimiento de opinión para el que, según él, tantas facilidades le han dado sus adversarios, sino que se permite incluso, dando una muestra de su fino instinto político, advertir a la derecha hostil sobre las nefastas consecuencias que se derivarían de una actitud intolerante y destructora para los republicanos de izquierda, que eran, pocos o muchos, a los que representaba Azaña. Por eso añadía, en el mismo discurso:

 “Si esa política continúa y lográis poner a veinte mil atmósferas al sentimiento popular republicano, lo mismo me da que sea este año que el próximo o que dentro de cinco; pero si ponéis al sentimiento popular republicano en esa presión y en esa tensión, llegará un día en que otra riada como aquella memorable se lleve por delante muchas más cosas de las que vosotros, con vuestra presencia en el Gobierno, representáis, y entonces, nosotros, que aunque no se quiera creer, o se aparente que no se quiere creer hemos sido un elemento de moderación y de freno, no tendríamos autoridad para interponernos. Ya lo comprobaréis algún día, quizá a vuestra costa. Eliminados nosotros, no tendría nadie autoridad ni medios de ejercer la función moderadora, parlamentaria y gubernamental, que corresponde a los republicanos de izquierda”.

Sus discursos en campo abierto que van desde 1935 a principio de 1936 permitieron, bajo su liderazgo, la reconstrucción de la unidad de la izquierda, con su núcleo central de republicanos y socialistas, para recuperar el programa de reformas del primer bienio republicano, yendo juntos a las elecciones de febrero de 1936 en las que ganó el Frente Popular.

Pero el veneno del odio ya se había inoculado en el cuerpo de la nación y la democracia republicana quedó herida de muerte en un tiempo en que las democracias europeas debatían su supervivencia en el enfrentamiento entre bolchevismo y fascismo con las consecuencias sobradamente conocidas.

Nuestra democracia actual vive desde 2015, en que se puso de manifiesto la crisis del bipartidismo, aquejada de gran inestabilidad política y parlamentaria, sólo atemperada por la actitud pacífica y en algunos casos la indiferencia del pueblo español, cuyas preocupaciones principales se concretan en la conservación de sus vidas y haciendas, como ocurre con sus homólogos de otras democracias europeas.

Por eso, la exacerbación del odio entre los partidos y dirigentes políticos podría terminar alterando las pautas de nuestro comportamiento social, iniciando una dinámica en absoluto deseable para el porvenir de España. En este sentido, me permito recordar las palabras de Julio César en el Senado de Roma con motivo del debate sobre la Conjuración de Catilina: los que han de dar dictamen en negocios graves y dudosos deben estar desnudos de odio, de amistad, de ira y compasión.