Una familia puede estar convencida de que hay que combatir el cambio climático y, al mismo tiempo, ver con inquietud cómo el recibo de la luz sube y no acaba de entender por qué. Un trabajador puede estar a favor de las zonas de bajas emisiones, pero cada día depende de su coche diésel o gasolina para poder llegar a su trabajo. Un pueblo o pequeña ciudad puede defender las energías renovables y, al mismo tiempo, preguntarse quién decide dónde se instalan los parques solares o eólicos y qué beneficios reales tiene para sus vecinos y su zona.

Esa es la paradoja que existe hoy en España en relación con la transición ecológica. La gente acepta mayoritariamente que el cambio climático es un problema serio y que hace falta transformar el modelo energético, productivo y de consumo. Pero, sin embargo, ese consenso se vuelve más complejo cuando la transición deja de ser una idea general o abstracta y se convierte en impuestos, restricciones, costes económicos o cambios concretos en sus vidas cotidianas.

La sociedad española está muy concienciada, como demuestra que un 71% de la población afirme estar muy o bastante preocupada por el cambio climático, según los datos del barómetro de febrero de 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Frente a un 27% que manifiesta poca o ninguna preocupación.

Pero una cosa es reconocer la gravedad del problema y otra muy distinta situarlo entre las prioridades inmediatas. Aquí aparece la primera gran contradicción, porque la preocupación es real, pero no es prioritaria. La vivienda, el empleo, la inflación, la sanidad, la educación o la precariedad laboral ocupan un lugar más destacado en la vida cotidiana de la gente.

Es decir, el cambio climático es considerado un problema grave, pero pagar el alquiler, llenar la cesta de la compra o mantener el empleo son preocupaciones que no pueden esperar. Esto no significa que se reste importancia a la crisis climática. Significa que se percibe dentro de una jerarquía de problemas donde lo ambiental se cruza con lo económico y lo social.

¿Exagero? No. En el barómetro de marzo de 2026 del CIS, cuando se preguntó a los ciudadanos por los tres principales problemas de España y por sus tres problemas personales principales, el cambio climático aparece en el lugar treinta y dos, con un porcentaje del 1,1%; y entre los problemas personales, la subida de tarifas energéticas, la crisis energética, aparece en el lugar treinta, con un 1,5%, y el cambio climático en el treinta y siete, con un 1%.

Esta distancia entre preocupación climática y prioridad política real es fundamental y hay que tenerla en consideración, porque las políticas ambientales no se aplican en el vacío. Llegan a hogares con distintos niveles de renta, a distintas zonas geográficas con oportunidades desiguales, a trabajadores de sectores vulnerables y a familias con perfiles económicos muy diferentes.

Por eso, una política climática técnicamente adecuada puede encontrar resistencia si se percibe como socialmente injusta o desconectada de los problemas cotidianos.

Por si hay alguna duda, en España existe un apoyo muy amplio a los grandes objetivos de la transición ecológica (producir energía más limpia, reciclar más, reducir residuos y depender menos de combustibles fósiles), como se ve en los datos de la encuesta Prospectiva I del CIS, donde:

  • Un 91,9% de la población está muy (70%) o bastante (21,9%) de acuerdo con que las administraciones públicas deben fomentar la generación de energías renovables para lograr que la mayor parte de la electricidad consumida en España proceda de estas fuentes en 2030.
  • Un 93,7% está muy (66,6%) o bastante (27,1%) de acuerdo con que se exija a los fabricantes que la mayoría de los materiales que utilicen sean reciclables en 2030.
  • Un 81,2% está muy (53,9%) o bastante (27,3%) de acuerdo con poner impuestos específicos a las actividades más contaminantes y emisoras de gases de efecto invernadero.

Pero su apoyo se vuelve más condicionado cuando se traduce en instrumentos concretos, porque se teme una distribución injusta de los costes. Así:

  • El 57,9% de los ciudadanos está muy en contra o bastante en contra de pagar muchos más impuestos para proteger el medio ambiente, mientras un 20% está muy a favor o bastante a favor, y un 19,5% ni a favor ni en contra, según la encuesta Medio Ambiente I realizada por el CIS en el año 2010.
  • El 46% está muy en contra o bastante en contra de pagar precios mucho más elevados para proteger el medio ambiente, mientras un 26,6% está muy o bastante a favor, y un 24,9% ni a favor ni en contra.
  • El 42,5% está muy en contra o bastante en contra de aceptar recortes en su nivel de vida para proteger el medio ambiente, mientras un 31% está muy a favor o bastante a favor, y un 23,3% ni a favor ni en contra.

Una familia con bajos ingresos puede apoyar la descarbonización y, al mismo tiempo, rechazar que la factura energética se encarezca sin compensaciones. Un trabajador que vive lejos de su trabajo puede entender que hay que reducir el uso del coche, pero necesitar alternativas reales de transporte público. Un pequeño empresario puede aceptar exigencias ambientales, pero solicitar plazos, ayudas y reglas claras para adaptarse.

El reto político ya no consiste solo en convencer a la población de que el cambio climático existe. Ese diagnóstico está ampliamente asentado. El reto consiste en construir una transición que sea percibida como viable, informada, comprensible y justa, porque cada vez hay más disputa ideológica por el relato climático.

Durante años, la cuestión climática era discutida como un problema científico y ambiental. Hoy es también un campo de conflicto político, cultural y mediático. Ya no se habla únicamente de emisiones, temperaturas o informes científicos. También de libertad individual, impuestos, empleo, mundo rural, industria, consumo, soberanía energética y confianza en las instituciones.

El debate es legítimo, aunque lo preocupante es cuando la crítica es sustituida por la desinformación y los bulos; cuando ocultan los beneficios y se exageran los costes; cuando, de manera sutil, se siembran dudas sobre la utilidad de las medidas o se presentan como imposiciones de una élite mundial; o cuando se enfrenta de forma artificial la protección ambiental con la protección social, alimentando la idea de que perjudica a los ciudadanos corrientes.

Y es preocupante porque estos discursos pueden tener eficacia cuando conectan con miedos reales de la gente, como perder poder adquisitivo, pagar más por la energía, no poder usar su coche, ver amenazado su trabajo o sentirse ignorado y no participar donde se toman las decisiones que después les van a afectar.

Por eso, la información climática no puede limitarse a repetir datos científicos. Necesita hablar el lenguaje de la vida cotidiana. Explicar qué cambia, por qué cambia, cuánto cuesta, quién se beneficia y qué mecanismos de protección existirán para quienes tengan menos capacidad de adaptación.

Por último, hay que destacar que la clave política de la transición ecológica es la justicia social. Si los costes recaen sobre quienes menos recursos tienen, si las medidas se diseñan sin escuchar a los sectores afectados y si los beneficios se concentran en unos pocos y los sacrificios se reparten entre la mayoría, el apoyo disminuirá, aumentará la resistencia y crecerá la desconfianza.

Para que la transición ecológica sea sostenible en el tiempo debe repartir de forma equilibrada los costes y los beneficios. Debe exigir más a quienes más contaminan y más capacidad tienen para adaptarse. Debe proteger a los hogares vulnerables, acompañar a los trabajadores de sectores afectados, ofrecer alternativas de movilidad y garantizar que los lugares donde se ponen las nuevas infraestructuras participen también de sus beneficios.

No se puede pedir el mismo esfuerzo a una gran empresa emisora que a una familia que apenas llega a fin de mes. No se puede exigir abandonar el coche sin transporte público suficiente. No se puede reclamar eficiencia energética sin ayudas para rehabilitar viviendas. No se puede hablar de futuro verde mientras una parte de la sociedad siente que ese futuro es cada vez más incierto y, además, se construye a sus espaldas.

España, mayoritariamente, es favorable a la transición ecológica. Pero ese apoyo no es un cheque en blanco. Depende de la confianza, de la equidad y de la capacidad de las instituciones para explicar y repartir bien los esfuerzos y los beneficios.

Sigamos en ello como sociedad.