La política española ha despedido el mes de julio entre el acuerdo parcial de la Comisión de Reconstrucción y la gran lección del acuerdo en el Consejo Europeo. Y en el horizonte del mes de septiembre se asoma la necesidad del acuerdo para los presupuestos de 2021.

Porque la política en democracia es fundamentalmente eso, una tarea constante dirigida a promover, materializar y ejecutar acuerdos.

Las sociedades democráticas, como la nuestra, son, por definición, sociedades plurales. Y para hacer política en sociedades plurales es preciso articular mayorías. Y las mayorías se construyen mediante diálogo y acuerdo. No hay más secreto.

A veces, las mayorías se articulan antes de las elecciones y, entonces, la formación ganadora obtiene una representación suficiente para gobernar sin acudir semanalmente a la aritmética parlamentaria.

En otras ocasiones, sin embargo, la ciudadanía decide repartir sus apoyos electorales de manera más fragmentada y, en este caso, las mayorías han de construirse después, en el seno de los parlamentos.

La política española pasa en la actualidad por un periodo de gran fragmentación. Hay quienes sostienen que esta fragmentación “ha llegado para quedarse”, pero cabe dudar de los pronósticos a largo plazo. Cabe dudar de los pronósticos a corto plazo, incluso.

Se puede mantener el poder sin articular mayorías. De manera inestable e improductiva, pero se puede. Ahí está el ejemplo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las tres derechas lograron acceder al poder mediante un acuerdo “de perdedores”, pero desde entonces no han intentado articular mayorías para gobernar. ¿El resultado? En más de un año han aprobado cero leyes y cero presupuestos.

Y se pueden articular mayorías para gobernar desde la fragmentación. Ahí está el ejemplo del Gobierno de España. El Gobierno Sánchez nació de un acuerdo de coalición y varios acuerdos de investidura. Múltiples acuerdos le han permitido, además, convalidar 26 Decretos Leyes y aprobar en el Congreso 6 Proyectos de Ley, en apenas seis meses.

Sin embargo, es necesario identificar y combatir determinadas dinámicas que entorpecen gravemente, cuando no frustran, la búsqueda y consecución de los acuerdos indispensables para la política útil, la que va más allá de la consecución y el mantenimiento del poder.

El modelo populista de Trump, Bolsonaro, Johnson y demás emuladores promueve estrategias incompatibles con los acuerdos necesarios para la política del interés general. Se trata de provocar polémicas constantes y artificiales, con la intención de polarizar a la opinión pública entre afectos y desafectos, entre “buenos” y “malos”.

Con la habilidad necesaria, esta dinámica facilita el aglutinamiento de los apoyos propios y la deslegitimación del contrario, posibilitando algunas victorias electorales, como hemos comprobado recientemente en los Estados Unidos, en Brasil, en el Reino Unido…

Los gobiernos que surgen de la dinámica populista carecen de estabilidad, porque están basados generalmente en diagnósticos manipulados y en promesas de imposible cumplimiento. Además, dan lugar a sociedades fracturadas y frustradas en sus expectativas. La escalada populista puede conducir a la destrucción de las instituciones y a la quiebra de la convivencia, incluso.

Este es el modelo por el que apuesta claramente la ultraderecha española de Vox. Su propuesta absurda de una moción de censura “para septiembre” va en esa línea.

También puede observarse esta estrategia populista en el equipo de la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La dirección nacional del PP coquetea a veces con la misma tentación, instigada por el auge de la formación que lidera un ex-militante suyo, Santiago Abascal.

Hay otra dinámica de efectos perversos para el acuerdo: los vetos cruzados. La hemos visto funcionar en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica.

Mientras las comparecencias y los debates se mantenían en el plano de los grupos de trabajo, los entendimientos y los acuerdos se alcanzaban sin grandes dificultades. No obstante, cuando llegaba el momento de votar los dictámenes, la facilidad para el entendimiento sobre “las políticas” se transformaba, a veces, en imposibilidad manifiesta para el acuerdo en “la política”.

De hecho, algunos grupos parlamentarios decidieron no respaldar el dictamen sobre política económica, por el simple hecho de que el grupo Ciudadanos había anunciado su voto a favor, independientemente de que también se hubieran aceptado gran cantidad de propuestas elaboradas por aquellas formaciones.

Y, a la inversa, Ciudadanos y otros grupos se negaron a apoyar el dictamen social porque lo habían suscrito Unidas Podemos y el grupo Republicano. Se dio la circunstancia harto significativa de que Ciudadanos y Junts Per Catalunya, por ejemplo, estaban dispuestos a suscribir la enmienda clave que abría financiación extra para la educación concertada, pero solo si esa enmienda no era firmada también por las formaciones de izquierda.

No es fácil llegar a acuerdos, reconózcase.

Distinguirse del otro partido y fustigar al contrario genera muchos más aplausos entre los seguidores propios. Lo difícil es explicar a esos seguidores propios que para hacer algo útil hay que llegar a acuerdos, y que para llegar a acuerdos es preciso ceder, renunciar y ofrecer la mano al contrario.

Hace falta mucha seguridad en las convicciones de uno mismo para someterlas al escrutinio de un debate sincero con quien piensa de manera diferente. Y hace falta mucha valentía para desistir de una idea propia e importante en aras de lograr un propósito aún más importante, asumiendo parte de las ideas ajenas.

Pero así se hace la política de verdad, la que logra sumar mayorías para aprobar leyes y hacer avanzar a las sociedades.

Y si los acuerdos entre fuerzas políticas son convenientes, el entendimiento entre gobiernos y administraciones es obligado. No es legítimo utilizar las instituciones para practicar el partidismo. Y a veces se hace.

Es cierto que los grupos de gobierno suelen ser más proclives al acuerdo que los grupos de oposición, y que esta predisposición varía generalmente según la circunstancia de cada cual. Pero también es verdad que cuando la oposición apuesta con inteligencia y honestidad por el acuerdo, las cosas suelen salir bien. Ahí está el ejemplo del PSOE dirigido por Zapatero en la previa a las elecciones de 2004.

Hay limites para los acuerdos, claro está. No se puede acordar con aquellos que se sitúan fuera de los consensos sociales más básicos. No se puede llegar a acuerdos con quienes promueven el machismo, la xenofobia y la homofobia, por ejemplo. Es decir, no se puede acordar con la ultraderecha. Tampoco se puede acordar con quienes practican la corrupción, porque no se deben legitimar comportamientos execrables.

Ojalá estas ideas básicas sobre la política más útil se abran paso en el Parlamento español durante el próximo otoño, en mayor medida que hasta ahora.

La ciudadanía española necesita y merecer unos Presupuestos para la reactivación económica, la modernización y la justicia social. O esos Presupuestos vienen de la mano de los acuerdos, o no vendrán.