Muchas conclusiones se sacarán de la gestión pública de la pandemia de Covid-19 pero es inevitable que las conclusiones más relevantes se refieran al modelo organizativo de la gestión de la Sanidad. ¿El modelo de gestión sanitaria que trae causa de los artículos 148.1.21 y 149.1.16 de la Constitución, desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Sanidad Pública, se ha demostrado eficiente para hacer frente a crisis sanitarias de la importancia de la que hemos sufrido en los últimos meses?

Hay que constatar que con el vigente reparto constitucional de competencias, el Estado y su Administración General han tenido que apoyarse en las medidas excepcionales de atribución de facultades que permitía la declaración del estado de alarma. No podía ser de otra forma porque sólo la Autoridad competente prevista en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. podía ejercer funciones unificadoras y coordinadoras de unas Comunidades Autónomas que gozan de amplias competencias sanitarias en virtud de sus Estatutos de Autonomía. Dicho de otra manera, la Constitución y los Estatutos de Autonomía otorgan extensas competencias a las Comunidades Autónomas.

¿Qué nos enseña la experiencia del Covid-19? Habría que distinguir entre las situaciones excepcionales a que se refiere el artículo 4.b) de la citada  Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, con la denominación de “crisis sanitarias” y las situaciones ordinarias de gestión sanitaria, que son materialmente diferentes aunque están unidas por un régimen competencial común. Para una crisis sanitaria excepcional los mecanismos unificadores que permite la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, pueden ser de utilidad, pero cuando la presión de alarma se relaja (como se vio con el último Decreto de prórroga del estado de alarma que transfirió una parte de la responsabilidad a los Presidentes autonómicos) y vuelve a emerger la competencia autonómica, la eficiencia del modelo decae.

Y la eficiencia del modelo autonómico decae porque la gestión de la Sanidad a nivel autonómico es insuficiente de la misma manera que empieza a serlo a nivel estatal. Si una enseñanza ha aportado esta pandemia es la necesidad de gestionar la Sanidad en el nivel comunitario, cuasi-continental. Y es posible que las instituciones comunitarias no hayan sacado suficiente partido del Título XIV del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que permite, a mi juicio, una acción comunitaria más activa. En todo caso, el marco comunitario de la Sanidad ya existe y es posible que haya que adoptar medidas más contundentes.

Lo mismo podemos señalar en el marco nacional de la Sanidad española. La experiencia de la pandemia nos muestra que el Estado se ha quedado desnudo ante la gestión sanitaria. Probablemente sea necesario plantearse una nueva distribución de competencias que asegure dos objetivos; 1) la igualdad de todos los ciudadanos ante los servicios públicos sanitarios sin discriminación y sin que un ciudadano pierda derechos sanitarios al acudir a los servicios sanitarios de una Comunidad Autónoma distinta de la suya; y 2) la posibilidad de diseñar políticas públicas sanitarias que se puedan aplicar por igual en todo el Estado.

Si no aseguramos una acción uniforme de todos los poderes públicos la Sanidad española puede ser más un factor de división que de integración. ¿Haría falta modificar la Constitución y los Estatutos de Autonomía? A mi juicio no, porque los términos amplios y génicos de estas normas permitirían aplicar un modelo menos desestructurado. Quizá sea el momento de iniciar un debate sobre una nueva organización sanitaria que sirva más a los ciudadanos y menos a las élites locales.