Podrá parecer un título de Perogrullo, pero nuestra realidad convulsa y trufada de tremendismo obliga a recordar cosas obvias para intentar poner un punto de razón que permita trabajar en pro de una salida, lo menos dañina posible, de la ciénaga en la que nos encontramos. Y lo primero y principal es saber con qué recursos contamos y cómo emplearlos teniendo presente el interés general y la administración rigurosa de los mismos. Por supuesto, me refiero al Estado que, como en las crisis anteriores, es al que vuelven sus ojos los ciudadanos en petición de ayudas y de mensajes de esperanza. Sin embargo, los esfuerzos de nuestro Estado, que son muchos y variados, están siendo objeto de cierta desnaturalización que, a mi juicio, consiste en el intento de transformar actuaciones excepcionales en materia económica y social en un modelo mendicante de recursos públicos, cuya reiteración sólo puede conducir a la frustración social, dada la absoluta imposibilidad de mantenimiento del mismo.

Cuando en los meses de febrero y marzo se inició la crisis sanitaria, el Gobierno recién constituido en circunstancias complicadas que no voy a relatar, derivadas de los problemas políticos y constitucionales que venimos arrastrando desde casi una década, el Estado español se encontraba gravemente endeudado, como consecuencia de la crisis financiera de 2008, todavía irresuelta, con una economía que, a pesar de mantener cierto crecimiento, alrededor de un 2%, daba señales de flaqueza y se agarraba a la esperanza de una temporada turística potente para salvar el ejercicio 2020. La pandemia disolvió la esperanza, provocando la paralización económica del país, que obligó a adoptar iniciativas económicas y financieras, los famosos ERTE y los créditos ICO, para evitar que los males, que ya eran muchos, derivaran en situaciones incontrolables de carácter político y social.

Durante los meses de la parálisis económica, quizá demasiados para una economía de servicios como la española, se fueron amontonando en los despachos gubernamentales las peticiones de ayudas económicas de los sectores afectados y en el terreno político resultaban llamativas las protestas de las Comunidades Autónomas, responsables exclusivas de la sanidad y de las residencias de ancianos, argumentando falta de medios y de intromisiones del Ejecutivo en sus competencias. Ese era el escenario en el que, a duras penas, se iba desenvolviendo una situación que no presagiaba nada bueno en los meses siguientes, aunque es verdad que,  por no añadir más problemas, nadie, ni siquiera el Gobierno asaeteado por las críticas, puso sobre la mesa la exigencia de responsabilidades a quienes en sus regiones autónomas no ejercieron la máxima de que gobernar es prever.

Con independencia de las promesas de ayudas acordadas por la Unión Europea, cuya lentitud es proverbial, lo único cierto a estas alturas es que España ha tenido que endeudarse aún más de lo que ya está, circunstancia que viene explicada por el aumento de las necesidades de gasto y la falta de ingresos fiscales. Y ese endeudamiento se hace prácticamente a coste cero gracias al Banco Central Europeo, la única institución de la Unión Monetaria que, por la cuenta que nos trae a todos, está actuando con largueza en la materia. Según declaraciones de la vicepresidenta de Economía, uno de los mejores talentos del Gobierno, la previsión de más endeudamiento este año alcanzaría los 100.000 millones de euros que equivalen aproximadamente al 10% del PIB, siempre pensando que la caída de este no sea superior, a la vista del hundimiento casi total de la temporada turística.

Un hundimiento que, en mi opinión, se ha podido deber en parte a la sobreactuación irresponsable de muchos medios de comunicación, incluso los públicos, con motivo de los llamados rebrotes, que han sembrado la alarma indiscriminada tanto en el interior de España como fuera de ella. De todas maneras, ya resulta inútil lamentarse por la leche derramada, sí decir que el espectáculo ha sido y sigue siendo poco ejemplar pensando en la salvaguarda de los intereses nacionales y en recuperar algo de cordura en el alocado panorama nacional.

España ha ido atravesando el verano en un contexto de temor e incertidumbre por el porvenir. Una prueba de ello, aunque parezca prosaico, es que las tasas de ahorro de las familias están experimentando subidas casi desconocidas, a niveles anteriores a la crisis financiera de 2008. Sin embargo, las empresas, constreñidas por la falta de actividad, van disminuyendo sus tesorerías, poniendo a prueba su capacidad de resistencia. Un cuadro que debería mover a la reflexión de los dirigentes españoles tanto públicos como privados y de los medios de comunicación para no continuar con un clima político nihilista acompañado de exigencias y demandas que un Estado casi exhausto por los esfuerzos fiscales realizados no está en condiciones de atender. No se olvide que las grandes columnas vertebrales de nuestra fiscalidad, IRPF, IVA y Sociedades, se encuentran profundamente quebrantadas o en negativo, como es el caso del impuesto de sociedades que se nutre esencialmente de la constelación de micro empresas y autónomos que más han sufrido los embates de la parálisis del primer semestre.

Vista la pobreza de la llamada sociedad civil, que en España es más un mito que una realidad, los poderes públicos, es decir el Estado al que miran los españoles, son los más obligados a dar ejemplo de diligencia y de cohesión, algo que, a mi juicio, no sucede. El jefe del Gobierno reitera un concepto, el del Estado Compuesto, que define su visión del modelo constitucional vigente. Pero la realidad es muy otra, ya que cada día asistimos a ese campo de Agramante de las Comunidades Autónomas que en las materias de su competencia, desde la sanidad a la educación, transmiten una imagen mendicante y fragmentada que contribuye a aumentar la desconfianza en la gestión pública.

Creo que ese modelo mendicante nutrido con memoriales de agravios, al estilo de los cahiers de doleances de la Revolución Francesa, en una sociedad cada vez más polarizada,  por razones que requerirían más de un artículo, no es la manera de enfrentar esta larga crisis española, agravada por la pandemia. Salvando todas las distancias que sean menester, sugiero la lectura del libro de Chaves Nogales, La agonía de Francia, en el que explica cómo ese gran país, polarizado y desesperanzado en los años 30 del siglo pasado, acabó entregándose al Tercer Reich.

España necesita un análisis sosegado de sus problemas por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo para enfrentar su crisis, en la que la pandemia ha sido un añadido más, para restaurar un poco de esperanza y de seriedad, lo que no es mucho pedir.