El 22 de agosto Naciones Unidas publicaba su Informe Anual, de 2019, sobre Cambio Climático[1], con conclusiones nada nuevas en lo referente a que la emergencia climática continúa, y a que su dinámica se acentúa como consecuencia, tanto porque las medidas derivadas del Acuerdo de París son insuficientes para frenar la evolución del calentamiento global por encima de los 2ºC, como por el hecho de que ni siquiera esas medidas se están poniendo en funcionamiento al ritmo comprometido, ni tampoco avanzan las negociaciones globales precisas para lograr la mitigación y la adaptación al calentamiento global.

En su prólogo, el Secretario General de la ONU, António Guterres, destaca la continua intensificación de catástrofes[2] y pérdidas asociadas con el cambio climático, y la falta de respuestas políticas suficientes, reiterando la advertencia del último Informe del IPPC, al que nos hemos referido ya en estas páginas, respecto a que, a menos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero caigan un 7,6% cada año, entre 2020 y 2030, los riesgos de grandes catástrofes y pérdidas económicas globales serán una realidad cada vez más grave.

La evolución de la pandemia de la COVID-19 está priorizando medidas ligadas a salvar vidas, empleos y medios para la supervivencia de la población, ante las consecuencias socioeconómicas que se están derivando del mismo. La caída en los indicadores económicos mundiales nunca había alcanzado las magnitudes actuales, ni afectado a la actividad productiva y a las relaciones de producción con la intensidad presente. La destrucción de empresas, actividades y negocios es una realidad palpable, que debería llevar a que la intensa intervención pública, que se ha vuelto imprescindible para reconducir la situación, promueva una utilización creativa, en sentido “schumpeteriano”, del sistema productivo. Es una oportunidad para evolucionar hacia una sociedad más sostenible e inclusiva “que aborde el cambio climático, proteja el medio ambiente, revierta la pérdida de biodiversidad y garantice la salud y la seguridad de la humanidad a largo plazo”, tal y como demanda António Guterres, que concreta esas demandas en “invertir en empleos verdes y poner fin a los subsidios para los combustibles fósiles, evitar los rescates para las industrias contaminantes y tomar en cuenta los riesgos y oportunidades climáticos en todas las decisiones financieras y políticas”.

Hay que destacar, y felicitarse en estos aspectos, por las rápidas y positivas actuaciones del actual Gobierno español para la puesta en marcha de medidas que favorecen tanto el avance en la protección social –y consecuentemente también en la sostenibilidad de una demanda de personas con máxima propensión al consumo que favorezca la continuidad de la actividad económica- como en la evolución hacia una economía más verde y sostenible; si bien la pandemia no está favoreciendo ni la rapidez en la gestión de las mismas ni procesos de participación que limen algunos de sus aspectos más discutibles. Y ello, además, en un marco de confrontación política total de una derecha que persigue, por todos los medios, y pese a sus altos costes potenciales para el conjunto de la sociedad española, la desestabilización del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones.

Además, iniciamos el curso con claras incertidumbres en numerosos campos: evolución de la pandemia y niveles de inmunidad, con y sin vacuna; incertidumbre sobre regulaciones nacionales e internacionales y su afectación a la globalización; cambios en las relaciones de producción con modificaciones en el acceso y tipo de trabajo y sus consecuencias sobre el desempleo y las desigualdades; trasformaciones en la demanda de bienes y servicios con un papel creciente de su satisfacción “a distancia” y afectación muy grave al turismo internacional y a los servicios asociados; riesgos de catástrofes crecientes asociados a la superación de los equilibrios ambientales, con incidencia también creciente sobre la resiliencia socioeconómica y el bienestar en las ciudades.

Las dudas sobre una recuperación significativa de la economía global y su repercusión sobre la economía española, se acentúan con el incremento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China[3], a la vez que la pandemia evoluciona de forma no precisamente tranquilizadora[4], pese a los avances en las búsquedas de una vacuna que, en todo caso, difícilmente estaría disponible de forma económica satisfactoria para la actividad turística española de la temporada de 2021[5].

La preocupación por el incremento de las desigualdades y por la nueva ola de pequeña y mediana burguesía fuertemente afectada por la crisis y en tendencia al empobrecimiento, vuelve a poner sobre la mesa soluciones de aceptación creciente en el seno del capitalismo financiero especulativo y tecnocrático dominante. Alemania ha puesto en marcha un experimento, durante tres años, de “renta básica universal” adicional a posibles ingresos por trabajo, y asegurada para 120 alemanes (que recibirán 1.200 € al mes), cuyos efectos sobre la desigualdad, mejora del bienestar y propensión al trabajo se comparará con otros 1.380 alemanes sin acceso a la misma, valorando su eficacia y coste como posible forma de paliar las crecientes contradicciones e insuficiencias del capitalismo para la sostenibilidad y el bienestar general, tras el experimento de Finlandia que, desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018, dotó de 560 euros al mes a 2.000 finlandeses desempleados, mejorando su situación, pero sin lograr bajar su nivel de desempleo.

El Gobierno español ha apostado por el Ingreso Mínimo Vital, y está poniendo en marcha, correctamente, una estrategia centrada en incrementar la inversión en transición climática y digital, acorde con el Plan de Recuperación de Europa, definido por el Consejo Europeo para recuperación de los efectos socioeconómicos del COVID19 (Next Generation EU, para el periodo 2021-2024[6]) y para iniciar una nueva dinámica para el nuevo período presupuestario de la UE 2021-2027.

El principal reto en este inicio de curso es político: lograr programas, regulaciones y un presupuesto que viabilicen la puesta en marcha de las actuaciones que permitan optimizar el acceso y uso de los fondos europeos accesibles. Lograr acuerdos consistentes dentro de los partidos del Gobierno de coalición en el desarrollo del Programa que ha sustentado esa coalición, que sean compatibles con la consecución de acuerdos mayoritarios en Congreso y Senado (lo que quiere decir también con una parte sustancialmente amplia de los Gobiernos Autonómicos) debería ser la principal labor para buscar una salida a una crisis que, ni ha terminado ni sabemos de forma precisa como puede llegar a evolucionar a medio plazo.

Ahora, promover una Economía Verde y ambientalmente sostenible que afronte los crecientes riesgos ambientales y sociales, sin olvidar la necesidad de favorecer la transición hacia nuevos estilos de vida, es una oportunidad única que, si se desaprovecha por posiciones partidistas o intereses espurios, podría llevar a movilizaciones y reacciones sociales de los que sufrirían las peores consecuencias del boicoteo del acceso a los Fondos europeos, incrementándose su malestar y radicalización, lo que no beneficiaría la estabilidad ni gobernabilidad de la sociedad española.

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[1] https://unfccc.int/sites/default/files/resource/unfccc_annual_report_2019.pdf

[2] Para este año 2020, ya los huracanes/tormentas tropicales en el período 1 de junio a 18 de agosto han superado la media normal de número e intensidad, y se prevé que los huracanes en el Atlántico norte sean particularmente intensos y de fuertes efectos negativos como consecuencia de las altas temperaturas de las aguas en el Atlántico, resultado del creciente proceso de calentamiento de los océanos, del monzón africano, de la permanencia de velocidad, altura y dirección del viento, y del inicio de la formación de La Niña en el Pacífico. Igualmente, un año más, los más de 500 incendios forestales actuales en California, generados por más de 12.000 rayos, y con temperaturas superiores a los 50ºC, además de los graves daños locales, están produciendo condiciones peligrosas para respirar en toda la costa oeste y sus humos se extienden por varios estados de EEUU, hacia el este. Argentina,

[3] Persisten las amenazas de Trump sobre las tecnológicas chinas y la posibilidad de implementar nuevos aranceles; Trump frena el pacto comercial de revisión y reducción de aranceles China-EEUU, y a los pocos días se desenfrena, decidiendo seguir adelante con el mismo; pero es de esperar el incremento de tensiones sobre las relaciones exteriores como estrategia electoral de Trump hasta las elecciones de noviembre.

[4] Aunque con las imprecisiones de las formas de medir, a finales de agosto hay que señalar que Latinoamérica e India están en plena fase expansiva de contagios, que EEUU ha doblegado la curva expansiva, al igual que el resto del mundo en su conjunto, mientras que Eyropa se encuentra en una segunda ola de expansión. En muertos por 100.000 habitantes, aunque manteniendo las dudas en las cifras oficiales entre muertos “por COVID19” y muertos “con COVID19, Bélgica (86 muertos/100.000 habitantes) y Perú (81 muertos/100.000 habitantes) ocupan las primeras posiciones mundiales, seguidos inmediatamente por España (62 muertos por 100.000 habitantes), aunque en el entorno de esta cifra también se encuentran Gran Bretaña, Italia, Suecia y Chile.

[5] Las últimas declaraciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud destacan que ni en ningún lugar del mundo se han alcanzado los niveles de inmunidad necesarios para estar protegidos de la expansión del virus y sus efectos (se estima en el 10%, frente al 50% mínimo preciso), ni se conoce el riesgo de reinfección, ni ninguna de las vacunas en desarrollo permite confiar en su eficacia y seguridad hasta que haya pasado el suficiente tiempo de aplicación y mejora.

[6] Next Generation EU pretende la recuperación y relanzamiento de la economía de cada Estado, apoyar la inversión privada, e incrementar la resiliencia ante futuras crisis. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia recoge ayudas y préstamos para favorecer las transiciones ecológica y digital, e incrementar la resiliencia de las economías nacionales. Se complementa con el refuerzo de Programas europeos como el Europa Digital, Connecting Europa o el de I+D+i (Horizonte). Trata de incidir en el avance previsto en el Pacto Verde Europeo, “con un mercado único más profundo y digital, una recuperación justa e integradora y la construcción de una UE más resiliente”. Se espera que España acceda a del orden de 140.000 millones de euros (72.750 millones como transferencias directas a ejecutar entre los años 2020 y 2026 y el resto en forma de préstamos), si logra aprobar un Programa y unos Presupuestos que los canalicen hacia los Objetivos definidos, que inciden, entre otros, en el impulso a la economía circular, la promoción de puntos de recarga para vehículos eléctricos, estrategias como ‘De la granja a la mesa’ y ‘Biodiversidad para 2030’, así como el apoyo al reciclaje de los trabajadores y a la generación de oportunidades para pymes mediante el Fondo de Transición Justa, así como a potenciar la transición digital en todas sus variantes, a las que hemos hecho referencia en artículos anteriores en esta Sección.