Desde noviembre del año pasado, los trabajadores y trabajadoras del hogar tienen derecho a la formación en la prevención de riesgos laborales, así como a tener un protocolo contra las actuaciones de acoso y violencia que sufren estas profesionales.

Con el retraso debido y las cautelas que estas medidas han tenido que superar, el Ministerio de Trabajo presentó la pasada semana una guía técnica para la protección de riesgos laborales.

Reconocer cierta desidia en el trato dado históricamente a este colectivo durante muchos años honra a quien lo hace, en este caso a la ministra del ramo, pero también hay que valorar que la regulación de este colectivo ha avanzado más en los últimos tres años que en decenas de años anteriores.

Es una formación disponible en la web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Allí recibirán estos trabajadores conceptos básicos sobre situaciones de riesgo, instrucciones para eliminar situaciones de peligro relacionadas con el mobiliario, instalaciones eléctricas o de gas, así como indicaciones para responder ante emergencias.

Desde el Ministerio se pretende activar una campaña específica de la Inspección de Trabajo, para vigilar la aplicación de la norma, así como las posibles manipulaciones que hagan algunas plataformas digitales descontroladas que cobren por realizar esta actividad, algo ya prohibido por la Ley de Empleo.

Este sector, que ya registra en la Seguridad Social 386.000 afiliados de empleados del hogar, tiene unas condiciones laborales muy precarias. Tiene la retribución más baja de la economía de nuestro país (1.138 €/mes frente a la media salarial de nuestro país, que está en 2.386 €/mes), la jornada más larga, con 39,9 horas semanales —una hora y media más que el promedio—, registra la mayor proporción de trabajadores extranjeros y de doble nacionalidad (66 % frente a la media del 20 %) y cuenta con la mayor participación de mujeres (93 %).

Desde noviembre, cuando se aprobó, es exigible a los empleadores que analicen y evalúen los riesgos laborales y que informen a sus trabajadores del hogar de los mismos, así como de las medidas preventivas adoptadas, bajo la amenaza de sanciones a través de la Inspección de Trabajo en caso de incumplimiento.

La guía técnica desarrolla y comenta el articulado del Real Decreto 893/2024 con orientaciones sobre la evaluación de riesgos, adopción de medidas preventivas, equipos de trabajo y de protección individual, información y formación, riesgos graves e inminentes, organización de la actividad preventiva y vigilancia de la salud.

Seguramente la mayor insistencia está en que las personas empleadoras hagan una evaluación inicial de riesgos y documenten por escrito las medidas preventivas adoptadas, entregando copia a las personas trabajadoras.

El protocolo frente a la violencia y el acoso se dirige a personas empleadoras y empleadas del hogar familiar. Para ello ofrece pautas para la prevención y para la respuesta frente a conductas de violencia y acoso. La protección alcanza a todas las personas que prestan servicio en el ámbito del hogar familiar, tanto si son internas como externas y con independencia del lugar en que presten los servicios.

El protocolo describe distintas manifestaciones de violencia y acoso, incluido el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y el acoso por razón de origen racial o étnico, nacionalidad, identidad u orientación sexual.

En el caso de violencia o acoso, se contempla la posibilidad de acudir a un procedimiento interno entre las personas empleadoras o del entorno familiar y también la denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Esta publicación conjunta de ambos documentos refuerza la prevención en el servicio del hogar y ofrece pautas para cumplir con las obligaciones en esta materia. Para aplicarse debidamente será preciso realizar campañas de divulgación sencillas, en lenguaje claro y en diferentes idiomas, además de un esfuerzo de la Inspección de Trabajo y de los canales de denuncia y de asesoramiento.