Cada vez llama más la atención, incluso escandaliza, el distinto trato que muchos medios de comunicación y también algunas instituciones ofrecen a unos y otros casos de supuesta corrupción.

En algunos casos se multiplican los datos, las filtraciones, las hipótesis, las elucubraciones, y en otros no. En algunos casos los procesos institucionales se aceleran a un ritmo frenético, con coincidencias temporales más que sospechosas, y en otros no. En algunos casos se acepta la presunción de inocencia para los acusados, y en otros no. En algunos casos se reclaman responsabilidades políticas inmediatas, y en otros no.

Todos los indicios de delitos de corrupción deberían merecer el mismo trato: el mismo respeto a la presunción de inocencia; el mismo afán de investigación y de atribución justa de responsabilidades penales; el mismo compromiso de transparencia e información veraz; la misma exigencia de responsabilidad política, cuando los indicios son claros o la sentencia se ha dictado ya.

Sabemos que no es así, no lo ha sido y temo que no lo será a corto plazo.

Pero hay algunos casos que claman al cielo.

El caso Quirón es paradigmático. Se trata de un caso de presunta corrupción de libro. El mayor contratista privado de la Comunidad de Madrid aumenta sus ingresos procedentes de las arcas públicas, resolviendo a toda velocidad y con ventaja las controversias pendientes. En la operación milmillonaria interviene un intermediario, delincuente fiscal confeso, que obtiene ganancias también millonarias. Tal intermediario resulta ser la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ambos viven en un inmueble de lujo pagado de forma poco transparente.

Todo esto se sabe desde hace años ¿Dónde están los registros televisados? ¿Los mensajes telefónicos filtrados? ¿Las comparecencias en comisión de investigación? ¿Los titulares a cuatro columnas? ¿Las reclamaciones de dimisión? ¿La exigencia de elecciones inmediatas para dar la voz al pueblo?

Aquí hay más dinero y más interés público en juego que en algunos de los casos, ciertos o inventados, que copan las agendas de ciertos investigadores y las  escaletas de algunas televisiones. Pero aquí hay tiempo para esperar, aquí hay presunción de inocencia, aquí no hay prisa por disolver parlamentos y convocar al pueblo. Tampoco en el caso Montoro, que alquilaba presuntamente el BOE al mejor postor.

En el quironazo se da un agravante, además. Porque los recursos que se han drenado presuntamente desde las cuentas de la sanidad pública a algunos bolsillos privados, son los recursos que faltan para aliviar las listas de espera en los hospitales, para contratar médicos de atención primaria, para cubrir las vacantes de pediatras, para mejorar las condiciones laborales de médicos y enfermeros…

Hemos conocido, asimismo, el comportamiento de ciertas empresas de la sanidad privada, anteponiendo la maximización de su beneficio a la calidad del servicio público, hasta unos extremos moralmente deplorables.

La confianza en que todo esto cambie de aquí a mayo del año 2027 es escasa. Por eso hay que confiar en la voluntad de los madrileños y madrileñas para resolverlo en las urnas.