El 27 de julio, un hombre con dos condenas, una por acoso a su exmujer y otra por quebranto de la orden de alejamiento, asesinaba a su hijo de 11 años. Desde el año 2013, veintinueve menores han sido asesinados por violencia de género en España. Es evidente que algo ha fallado y habrá que investigar el qué, para que no vuelva a suceder. Pero lo que es urgente, es que los poderes públicos cumplan, de manera efectiva, los compromisos del Pacto de Estado contra la violencia de género para evitar nuevos asesinatos y para proteger a tantas familias que están encerradas en una vorágine de miedo, peligro, angustia, terror y, en numerosas ocasiones, muerte.

Me rondan por la cabeza algunas preguntas:

  • ¿Cómo la sociedad, todos nosotros, hemos podido dejar desprotegidos a estos niños y a sus madres? ¿Cómo el Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger a los menores? Cuando todos somos conscientes de que un maltratador nunca es un buen padre.
  • ¿Cuántos niños y niñas serán asesinados antes de que se reforme el Código Penal y sea obligatorio retirar la custodia de los hijos a padres condenados por maltrato, como se acordó en el Pacto de Estado contra la violencia de género?
  • ¿Por qué es tan difícil en el sistema judicial de nuestro país suspender el régimen de visitas y de la guardia y custodia para garantizar la seguridad de los menores? El cambio de la ley, que pasó a considerar a los hijos de las maltratadas víctimas directas de la violencia machista, fue un avance que permitía a los jueces incrementar la prohibición de visitar a sus hijos a muchos maltratadores. ¿Por qué no se utiliza más? En el año 2018, se suspendieron el 2,9 por ciento de los regímenes que se habían solicitado y el 4,4 por ciento de las guardias y custodias, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Hace falta una protección integral, capaz de detectar de forma inmediata los riegos. Y también, hace falta que esa protección sea rápida para ser efectiva. Y eso supone, en muchos casos, suprimir el régimen de visitas a los imputados por violencia de género para prevenir riesgos.

Desde CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) ya se pidió a España que tomara medidas concretas para proteger a los menores: “3.-Tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos. El interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado deberán prevalecer en todas las decisiones que se tomen en la materia”. 4.- “Reforzar la aplicación del marco legal con miras a asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a situaciones de violencia doméstica”. 5.- “Proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica que incluya formación acerca de la definición de la violencia doméstica y sobre los estereotipos de género, así como una formación apropiada con respecto a la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, en particular la recomendación general núm. 19”.

Ya hace años escribí que las instituciones, los ciudadanos y la sociedad en su conjunto deben ser conscientes de que nos encontramos ante una emergencia real que es necesaria abordar ya. No son posibles más retrasos, excusas y dilaciones. Hay que proteger de manera efectiva la vida de miles de niños y niñas. Hay que protegerles de una violencia que sabemos que tendrá un impacto dramático sobre ellos a lo largo de toda su vida.

¿Todavía puede creer alguien que un maltratador puede ser un buen padre? La respuesta es no. Y como no son buenos padres, y además creemos que hay que garantizar la seguridad de los niños, la conclusión a la que se llega es evidente: hay que alejar a los maltratadores de los menores.

La ley, debe recoger de forma clara, rotunda y sin equívocos que los antecedentes de violencia tienen que ser claves a la hora de determinar el régimen de visitas. Y si este régimen se da, algo que habría que evitar al priorizar el interés de los menores, tienen que ser visitas vigiladas.

Es urgente un cambio real. Hay que tener en cuenta el deseo de los menores. Hay que rescatarlos de la violencia.