En el mes de junio de 2003 se rompió algo en la política española, pero hicimos como si no se hubiera producido la ruptura. El día en que no pudo elegirse a Rafael Simancas como Presidente de la Comunidad de Madrid, por la huida de dos Diputados de su Grupo Parlamentario, la política española y su limpieza pasaron a otra galaxia y todavía no hemos regresado a su galaxia originaria (sobre aquel hecho, el propio afectado, Rafael Simancas, ha dirigido una obra excelente con mucha información, Alegato contra la resignación. 2003-2015. Quince años de la política madrileña que explican el tamayazo, Madrid, 2018). En 2003, en efecto, ocurrió algo que nunca había ocurrido en la política española desde las elecciones del 15 de junio de 1977, a saber, que el resultado de unas elecciones limpias fue modificado por la defección de dos Diputados que no votaron conforme al programa político que su partido había ofrecido a los electores. Por el contrario, se ausentaron de la votación y se escondieron. El resultado fue que no se pudo votar la investidura del candidato del partido que, junto a Izquierda Unida, tenía votos suficientes.

No entraremos en cómo se produjeron los hechos, porque al día de hoy aún no tenemos información plena, pero sí debemos añadir dos circunstancias. En primer lugar, la sociedad madrileña no castigó aquel robo, pues en las elecciones siguientes de octubre del mismo año, convocadas para salir del atasco, el partido que en junio se benefició de la defección salió ganador, en tanto que el partido que había sufrido el robo fue derrotado: la mayoría de los madrileños no quiso o no supo castigar a quien se había beneficiado de un enriquecimiento injusto. En segundo lugar, los ciudadanos y la élite política se olvidaron del “tamayazo” y la Presidenta de la Comunidad de Madrid que se había beneficiado de la huida de Tamayo y Sanz pasó a ser Presidenta de los madrileños, sin que nadie volviera a recordarle la forma peculiar con la que había accedido al Gobierno regional. Eso se está pagando todavía hoy.

Como pasaron los años y no volvió a haber otro robo similar (aunque sabemos que en 2020 el Diputado de Teruel Existe se escondió para evitar las presiones que estaba recibiendo para que no votara a favor de la investidura de Pedro Sánchez), algunos llegaron a pensar que aquel hecho fue una excepción a la limpieza electoral que requiere la democracia representativa. Pero, en la primavera de 2021 volvió a ocurrir otro hecho similar, cuando el acuerdo del PSOE y de Ciudadanos para votar una moción de censura al Presidente de la Región de Murcia fracasó porque la Vicepresidenta del Gobierno regional en representación de Ciudadanos, Isabel Franco, y dos Diputados más de este partido (Francisco Álvarez García y María del Valle Miguélez Santiago) se desligaron (después de firmar la moción de censura) del acuerdo de su partido e impidieron que prosperara la moción de censura contra el Presidente popular de la región. Fueron expulsados de Ciudadanos y los disidentes fueron nombrados Consejeros del Gobierno regional. Esta defección de los Diputados nos volvió a traer el recuerdo del “tamayazo”, pero cuando el Gobierno de la Nación ha estado a punto de perder una votación fundamental (para los trabajadores y para el propio Gobierno de coalición) a causa de una nueva defección de dos Diputados de UPN, las alarmas han sonado con fuerza.

Y las alarmas han sonado por dos motivos. En primer lugar, por lo que significa que en un Estado de partidos (como decía García-Pelayo) se rompa la disciplina de voto, pues esa ruptura impide el diálogo parlamentario. Si cada partido no puede controlar adecuadamente a sus parlamentarios, la negociación parlamentaria que permite que las iniciativas políticas en una Cámara se puedan consensuar y expresar mayorías amplias se pone en peligro. Decía Walter Bahegot, a propósito de la Cámara de los Comunes:

“obedecer a los jefes es el gran principio aceptado por el Parlamento. Se puede cambiar de jefe si se quiere… pero, mientras se sirve bajo el número primero, es preciso obedecer al número primero” (La Constitución inglesa, México, D. F., 2005, pág. 123).

Y es que la disciplina parlamentaria, si se quiebra, hace ingobernable un Parlamento.

Pero, en segundo lugar, la ruptura de la disciplina parlamentaria pone en cuestión el principio democrático, porque anula los efectos de las elecciones libres. De nada sirve que las elecciones sean libres y honestas si los parlamentarios elegidos conforme al programa de un partido y bajo la disciplina de éste actúan con autonomía y no cumplen los mandatos de la dirección del partido. ¿Con qué espíritu irán a votar los electores de Castilla y León el próximo domingo si sospechan que los Diputados que elijan no van a cumplir las instrucciones de su partido a la hora de elegir al Presidente de la región? El temor no es infundado desde que en 2003 Rafael Simancas no pudo ser elegido Presidente de la Comunidad de Madrid.

Cierto que no faltará quien recuerde que el artículo 67.2 de las Cortes Generales establece que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo, pero este precepto ha de interpretarse conforme a la realidad de su tiempo y ha de vincularse al artículo 6 de la Constitución, que establece que los partidos son instrumento fundamental para la actividad política, así como con los artículos 78.1 y 99.1 de la misma Constitución, que reconocen la existencia de Grupos Parlamentarios. Al final, en nuestros días, la prohibición del mandato imperativo de los parlamentarios significa que pueden ser presionados por los electores o por grupos sociales.

Con estas consideraciones, el temor de que las decisiones de las Coretes Generales o de los Parlamentos autonómicos se vean trastocadas por el súbito cambio de voto de un parlamentario empieza a sentirse. Y siempre favoreciendo a la derecha, no a la izquierda. Debemos estar muy atentos y no sería mala idea que el Gobierno y los Grupos Parlamentarios de izquierda, cada uno por su lado, lanzaran una campaña informativa a los ciudadanos sobre los riesgos que para la democracia tiene la compra de parlamentarios. Y también se debería aislar a los parlamentarios corruptos, que han cobrado o esperan cobrar en el futuro con dinero o en cargos. Porque si la práctica de la compra persiste, los ciudadanos dejarán de votar, porque tendrán la convicción de que quienes realmente votan son los detentadores de medios para cambiar el sentido de voto de los parlamentarios.