Las imágenes de lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados la semana pasada, cuando se aprobó la reforma laboral, y las posteriores acusaciones de pucherazo, muestran de nuevo que para el principal partido de la oposición lo único que importa es llegar al poder, cueste lo que cueste, aunque se deteriore la convivencia y se pongan en cuestión las instituciones fundamentales del Estado.

La escena era dantesca. En lugar de alegrarse de algo que es bueno para la sociedad española en su conjunto, y para millones de españoles, lo han intentado enfangar, para que no fuera aprobada una de las políticas principales de la legislatura, y con ello intentar derribar al Gobierno.

Este todo vale, con tal de llegar al poder como si fuera un botín, está debilitando gravemente nuestra democracia. Aunque no va a conseguir que los millones de españoles afectados por las mejoras en sus condiciones laborales olviden lo que ha pasado. Por una parte, un gobierno que mejora su día a día laboral a estas personas, fruto del acuerdo de empresarios y sindicatos. Y por otra, los que mediante todo tipo de tretas intentaron que esas mejoras laborales fueran eliminadas de nuevo.

Ante semejante clima irrespirable, todos tenemos la responsabilidad de denunciarlo y combatirlo, con el arma más efectiva con que cuenta un ciudadano en democracia: el voto. Diciendo con rotundidad, que así no, se tenga la ideología o creencias que se tengan, así no.

El deterioro que se está produciendo de las instituciones y de organizaciones políticas básicas para la democracia es ya muy peligroso, con se percibe en la encuesta sobre Tendencias Sociales, del mes de noviembre, del CIS.

Cuando se preguntó a los encuestados si podrían valorar de 1 a 10 la confianza que tienen en estos momentos en cada una de estas organizaciones políticas e instituciones, entendiendo que el 10 representaría “la máxima confianza” y el 1 “la mínima confianza”, los resultados tendrían que hacernos parar, reflexionar sobre lo que está sucediendo y corregirlo antes de que sea demasiado tarde.

¿Por qué digo esto? Porque la mínima confianza y la máxima confianza de los ciudadanos es la siguiente:

  • En los Partidos políticos: Un 29,2 por ciento tienen una mínima confianza, y solo un 0,6 por ciento, máxima confianza.
  • En los Sindicatos: Un 30,4 por ciento tiene una mínima confianza y un 0,8 por ciento, máxima confianza.
  • En el Gobierno de España: 31,3 por ciento tiene mínima confianza y un 1,7 por ciento una máxima confianza.
  • En el Parlamento español: 22,2 por ciento una mínima confianza, y un 1 por ciento una máxima confianza.
  • En los medios de comunicación: un 17,6 por ciento tiene mínima confianza y un 1,9 por ciento máxima confianza.
  • En la Justicia: un 15,8 por ciento mínima confianza, y un 1,8 máxima confianza.
  • En la Constitución: un 9,2 por ciento una mínima confianza, y un 10,9 por ciento máxima confianza.

En democracia, hay que cuidar nuestras instituciones, y los que más tienen el deber de hacerlo son los elegidos por los ciudadanos como sus representantes. Por este motivo, es muy grave lo que está haciendo el PP como principal partido de la oposición. Y debería cambiar de estrategia antes de que la crispación y la polarización, ya muy graves, terminen por anidar definitivamente en nuestra sociedad, destruyendo la convivencia.

Frente a esta realidad institucional, donde hablan de pucherazo cuando no ganan las votaciones y se carece de argumentos, los ciudadanos tienen que ser activos para desterrar este tipo de comportamientos, e imponer a los gobernantes su agenda de preferencias.

¿Y cuál es la agenda que quieren los ciudadanos? Dos ejemplos:

El primero, nos lleva a que el 62,7 por ciento de los españoles quiere que en nuestra sociedad se dé más importancia a favorecer la igualdad y solidaridad entre las personas. Este deseo enlaza, con la aprobación de una reforma laboral que da más derechos a los trabajadores, más calidad y estabilidad en sus empleos, y mejores salarios.

El segundo ejemplo tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos, ante tanta desigualdad económica, quieren mayoritariamente que el Estado intervenga en la economía. Concretamente piensa así, el 69,1 por ciento de la población.

Los ciudadanos quieren más igualdad, los ciudadanos quieren menos crispación y quieren vivir en un entorno de convivencia y bienestar. Esta es la hoja de ruta que tienen que seguir nuestros representantes. Y el que no lo haga, debería ser castigado en las urnas por esos mismos ciudadanos.