El pasado 3 de febrero el Congreso de Diputados aprobó definitivamente, por 175 votos a favor y 174 en contra, la reforma laboral pactada por el Gobierno con las organizaciones empresariales más representativas (CEOE y CEPYME) y las organizaciones sindicales más representativas (CCOO y UGT), que establece una nueva normativa laboral para impulsar mejores empleos y mejores salarios en nuestro país. En medio de una votación, que ha quedado marcada para siempre por un episodio de traición de los dos diputados de UPN, rompiendo el compromiso con la mayoría alternativa que se había alcanzado por el Gobierno PSOE-UP ante la negativa de algunos de los  socios de la investidura del presidente Pedro Sánchez, como el PNV, ERC y Bildu, a convalidar el Real Decreto-Ley (RDL) 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Los diputados de UPN ocultaron sus intenciones a su partido, que había decidido apoyar el acuerdo del diálogo social para la reforma laboral, tampoco anunciaron su intención de votar en contra de la convalidación el RDL en la tribuna del Congreso de Diputados. Una actuación que reúne todos los ingredientes de una conspiración y transfuguismo, un nuevo Tamayazo del PP. Pero a sus instigadores les ha resultado completamente inútil, un diputado del propio PP voto afirmativamente a la convalidación del RDL. Una situación rocambolesca, pues el PP ha pedido a la Mesa poder subsanar el voto favorable emitido por su diputado, en lo que denominan de “error informático”, y si no es así recurrirán al Tribunal Supremo. Tildan al resultado de la votación de “tongo” o “pucherazo”, el presidente del PP, Pablo Casado, ausente del Pleno, ha anunciado que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional, al igual que Vox. Parece alucinante, pero se inscribe en la “cruzada” de la derecha para debilitar al Gobierno de Coalición .

Esta nueva reforma laboral tiene como objetivos centrales resolver dos de los principales problemas del mercado laboral español: las elevadas tasas de temporalidad y el desequilibrio en la negociación colectiva. Con su actuación el PP da la espalda a estos graves problemas, y sigue sin respetar el Diálogo Social. Desde la transición democrática la legislación pactada, fruto de los acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales según las atribuciones que les confiere el artículo 7 de nuestra Constitución, siempre ha sido apoyada por la mayoría de las fuerzas parlamentarias, particularmente por los partidos con opciones de gobierno. El PP no solo no ha actuado así, sino que está anclado en una defensa demagógica de su regresiva Reforma Laboral de 2012 y ahora pretendía recortar de nuevo los derechos laborales con la “Mochila Austriaca”, para facilitar y abaratar más el despido.

La reforma laboral se centra en la reducción drástica de la temporalidad, mejorar la formación dual y evitar los despidos mediante el mecanismo RED. Según la EPA del cuarto trimestre de 2021 había 4.308,5 millones de personas con contratos temporales, una tasa de temporalidad del 25,38%, la más alta de la Unión Europea. En su conjunto nuestro mercado de trabajo se está recuperando de la crisis provocada por la Covid-19, en 2021 el empleo aumento de 841 mil personas, los parados cayeron en 616 mil, y la tasa de paro bajó al 13,3% frente al 16,1% de finales de 2020. Cifras que además mejoran las que había a finales de 2019, antes de la pandemia, hay 218 mil ocupados más y 88 mil parados menos que en el último trimestre de 2019. Con la reforma laboral de 2021 se ha iniciado la recuperación de la estabilidad en el empleo, de hecho, en el pasado enero los contratos indefinidos supusieron el 15% del total, seis puntos más de la media histórica (9,1%) en la década de la reforma laboral del PP.

El otro gran objetivo de la reforma laboral de 2021 es requilibrar la negociación colectiva. El Gobierno del PP consideraba que la negociación colectiva había sido un obstáculo para la devaluación salarial durante la crisis económica y financiera iniciada en 2008, con las medidas impuestas en 2012: la supresión de la ultraactividad y la prevalencia del convenio colectivo de empresa -sobre los de los sectores- produjo un desequilibrio que provocó que incluso en los años de crecimiento económico, los salarios reales permanecieran estancados. La recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos da cobertura directamente a 4.665,7 millones de personas trabajadoras, la prevalencia de los salarios establecidos en los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresa protege más de 1,5 mil personas trabajadoras de las contratas y subcontratas y unas 900 mil con convenio de empresa.

Según la Agencia Tributaria los salarios tuvieron un 10,2% de crecimiento medio entre 2007 y 2020, en cambio la inflación, según el INE, llego al 20,3% en el mismo periodo, esta caída de los salarios ha provocado el aumento de las desigualdades y la pobreza. Antes de la reforma laboral de 2012 y según las Estadísticas de Convenios Colectivos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, alrededor del 2/3 de las personas trabajadoras estaban protegidos por convenios colectivos con cláusulas de garantía salarial. En 2021 se ha producido una enorme desviación entre la subida de la inflación y los incrementos salariales, en diciembre el IPC alcanzo el 6,5% y la inflación media del año fue de un 3,1%, en cambio el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos fue de un 1,5% y  sólo el 15,8% de los convenios registrados tienen cláusula de revisión salarial.

Una vez aprobada definitivamente la reforma laboral de 2021, se abren nuevas oportunidades para impulsar la modernización de nuestro marco de relaciones laborales en base al empleo estable y con derechos, mediante el desarrollo y aplicación de las medidas aprobadas en RDL. Ante el rebrote de la inflación, una recuperación justa no puede permitir una nueva devaluación salarial, por ello es necesario actualizar el SMI en 2022 y proteger la evolución de los salarios en las actividades públicas y privadas. Los nuevos retos para el diálogo social son el incremento del SMI para este año,  está previsto alcanzar unos 1.060 euros mensuales por catorce pagas en 2023 (el 60% del salario medio neto que establece la Carta Social Europea para de luchar contra la pobreza laboral) que afectara a más de dos millones de trabajadores,  y la próxima negociación entre las patronales y los sindicatos del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

En definitiva, las maniobras fracasadas del PP y Vox para impedir la convalidación de la reforma laboral pactada, no han conseguido en absoluto frenar las medidas aprobadas para impulsar el trabajo decente como elemento consustancial del nuevo modelo productivo para la recuperación postpandemia. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia las políticas sociales y laborales son componentes fundamentales. Estas reformas están condicionadas a la recepción de los fondos europeos Next Generation, destinados, entre otras actuaciones, al fomento y apoyo a la actividad productiva relacionada con la industria 4.0, la economía verde, la energía, los cuidados a las personas, al comercio, al turismo o la movilidad. Junto con la mejora de la productividad mediante la inversión en innovación, tecnología, educación, formación profesional y cualificación de las personas.