Autor: Javier García Fernández

Si hubiera que definir la manifestación celebrada en Madrid el domingo el 10 de febrero por unas pocas palabras sería “extrema derecha”. Ésta, organizada en torno a un partido extraparlamentario como Vox, ha sido la protagonista de la jornada.

El domingo 27 de enero la primera plana de El País Negocios se titulaba, como se titula el presente artículo, “Los empresarios piden elecciones” y esta expresión servía de entrada al “Barómetro” realizado por la empresa Deloitte, en el que se formulaba la pregunta “¿Considera necesario un adelanto electoral?”.

El día que se publique este artículo se habrá elegido con bastante probabilidad al nuevo Presidente de la Junta de Andalucía. Dejando a un lado las muchas consideraciones que se pueden hacer acerca de la pérdida del Gobierno andaluz por parte del PSOE, vamos a centrarnos en un punto sobre el que merece la pena reflexionar.

Los discursos de los Reyes en las Monarquías parlamentarias son escasos y, en ocasiones, banales. Los discursos del día de nochebuena del Rey Felipe VI son, desde su acceso al Trono, una ocasión para entender su manera de ver la situación sociopolítica de España y cada año han sido valorados positivamente en el marco limitado del papel del Monarca conforme al Título II de la Constitución.

En la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado, 12 de diciembre, los máximos dirigentes del Partido Popular y de Ciudadanos, Casado y Rivera, vincularon la petición de la nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución con la exigencia de disolución de las Cortes.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución en las cuatro Provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña fue un hecho especialmente traumático para muchos catalanes y para muchos españoles no catalanes.

A lo largo de la primera mitad de 2016, cuando el Gobierno del Presidente Rajoy estaba en funciones tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, éste se negó en varias ocasiones a someterse a los instrumentos de control parlamentario con el pretexto de que no tenía entablada una relación de confianza con el Congreso de los Diputados.

La nueva crisis parlamentaria provocada por la ruptura del acuerdo ultimado por el Gobierno y por el Partido Popular para la elección de Vocales del Consejo General del Poder Judicial es la enésima crisis que afecta a un órgano constitucional mal diseñado, que no ha logrado superar su deficiente regulación en la Constitución.

Cuando un partido es desalojado del Gobierno, necesita apoyarse en los órganos estatales que controla para desplegar la oposición al nuevo Gobierno. Al perder el Gobierno, el Partido Popular se ha asentado en el Senado como principal órgano constitucional desde el que realizar su política de oposición contra el Gobierno del Presidente Sánchez.

El Consejo de Ministros del pasado 2 de noviembre ha acordado impugnar el apartado 15 de la Resolución del Parlamento catalán 92/XII de 11 de octubre, intitulada “sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia”.