Autor: Javier García Fernández

La nueva crisis parlamentaria provocada por la ruptura del acuerdo ultimado por el Gobierno y por el Partido Popular para la elección de Vocales del Consejo General del Poder Judicial es la enésima crisis que afecta a un órgano constitucional mal diseñado, que no ha logrado superar su deficiente regulación en la Constitución.

Cuando un partido es desalojado del Gobierno, necesita apoyarse en los órganos estatales que controla para desplegar la oposición al nuevo Gobierno. Al perder el Gobierno, el Partido Popular se ha asentado en el Senado como principal órgano constitucional desde el que realizar su política de oposición contra el Gobierno del Presidente Sánchez.

El Consejo de Ministros del pasado 2 de noviembre ha acordado impugnar el apartado 15 de la Resolución del Parlamento catalán 92/XII de 11 de octubre, intitulada “sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia”.

El sistema parlamentario es aquel en el que el Gobierno necesita la confianza del Parlamento para constituirse y desplegar su acción política. Es el modelo que se inició en el Reino Unido a partir del segundo Gobierno de Buckingham en 1782.

Desde la más tardía antigüedad los gobernantes han utilizado los símbolos para legitimarse. Pero a partir de la Revolución francesa los símbolos del gobernante pasaron a ser símbolos de la Nación y, con ello, del Estado (la Marsellesa, la bandera tricolor, etc.)

El primer problema jurídico que suscita la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista es su contenido, ajeno al proyecto de ley orgánica que se desea enmendar.

Los tratadistas clásicos de la sociología política decían que las funciones de los Parlamentos son votar las Leyes, aprobar los Presupuestos, controlar y elegir al Gobierno, elegir (en algunas Repúblicas) al Jefe del Estado y, en ciertos países, desempeñar algunas funciones judiciales (por todos, Chales Debbasch, Jean-Marie Pontier, Jacques Bourdon y Jean-Claude Ricci: Droit constitutionnel et institutions politiques, París, 2001, 4ª ed., págs. 160-161).

El debate político originado por el Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se reforma la llamada “Ley de Memoria Histórica” (es decir, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura) es un debate de gran complejidad porque incide, no sobre intereses sociales y económicos, sino sobre convicciones íntimas (con frecuencia, cuasi-religiosas), sobre experiencias personales y, con frecuencia, sobre la memoria familiar.

La Cameralística alemana del siglo XVIII y, tras ésta, la Ciencia de la Policía que se elaboró en Europa occidental en el mismo siglo, nos enseñaron que la Administración Pública es un ente instrumental al servicio de quien ostenta el poder (Monarca absoluto, Gobierno representativo, etc.).

Cuando han transcurrido varias semanas desde la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno y otorgó a Pedro Sánchez el poder de dirección de la política nacional, puede ser oportuno extraer algunas lecciones para el futuro. Lo primero a destacar es el hecho de que por vez primera en nuestra historia haya sido aprobada una moción de censura.