Autor: Javier García Fernández

El Gobierno interpuso dos recursos ante el Tribunal Constitucional el pasado 29 de septiembre para hacer frente al desafío soberanista catalán. Con ello se abre el litigio más relevante y decisivo de cuantos han enfrentado a la Generalitat y al Estado en las últimas décadas. En el primero de ellos se denuncia la inconstitucionalidad de la Ley de Consultas por invadir competencias estatales en la medida en que “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” es una competencia exclusiva del Estado (art. 149. 1. 32 CE).

No se puede hablar de la necesidad de reformar la Constitución sin hacer referencia al procedimiento de reforma, pues éste condiciona aquella decisivamente. El temor a que una mayoría parlamentaria transformara la obra del Poder Constituyente llevó muy pronto a las Constituciones a incorporar cláusulas que aseguraran la rigidez de las mismas. La rigidez más extrema, como ocurría en la Constitución española de 1876, era la de las Constituciones que no contenían procedimientos de reforma. Eso es imposible en la actualidad, pero basta con introducir mecanismos muy rígidos de reforma para que ésta no sea posible en la práctica.

La Constitución española es una de las Constituciones europeas que menos veces ha sido reformada. Por poner algunos ejemplos, la Constitución francesa de 1958 ha sido modificada más de veinte veces a lo largo de cincuenta y seis años. La Constitución italiana de 1948 se ha revisado casi una veintena de veces, con cambios importantes. En Portugal la Constitución de 1976 lleva ya su séptima reforma. En las democracias es bastante habitual reformar los textos constitucionales, aun cuando las actuales Constituciones escritas son rígidas y contienen mecanismos de reforma a veces complejos, a veces menos complejos pero siempre con la exigencia de altas mayorías.

En el momento de publicar este artículo, la renovación parcial del Tribunal Constitucional parece atascada pues el Presidente del Senado (órgano constitucional al que corresponde esta vez elegir cuatro Magistrados) ha suspendido el proceso de elección hasta que los dos partidos mayoritarios de la Cámara, el PSOE y el Partido Popular, lleguen a un acuerdo. El desacuerdo que ha motivado esta suspensión se debe, como se sabe, a que el partido de la derecha ha propuesto en todos los Parlamentos Autonómicos, como únicos candidatos, a Francisco José Hernando, anterior Presidente del Consejo General del Poder Judicial y a Enrique López, Vocal del Consejo que presidía Hernando.