Autor: Javier García Fernández

El sistema parlamentario es aquel en el que el Gobierno necesita la confianza del Parlamento para constituirse y desplegar su acción política. Es el modelo que se inició en el Reino Unido a partir del segundo Gobierno de Buckingham en 1782.

Desde la más tardía antigüedad los gobernantes han utilizado los símbolos para legitimarse. Pero a partir de la Revolución francesa los símbolos del gobernante pasaron a ser símbolos de la Nación y, con ello, del Estado (la Marsellesa, la bandera tricolor, etc.)

El primer problema jurídico que suscita la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista es su contenido, ajeno al proyecto de ley orgánica que se desea enmendar.

Los tratadistas clásicos de la sociología política decían que las funciones de los Parlamentos son votar las Leyes, aprobar los Presupuestos, controlar y elegir al Gobierno, elegir (en algunas Repúblicas) al Jefe del Estado y, en ciertos países, desempeñar algunas funciones judiciales (por todos, Chales Debbasch, Jean-Marie Pontier, Jacques Bourdon y Jean-Claude Ricci: Droit constitutionnel et institutions politiques, París, 2001, 4ª ed., págs. 160-161).

El debate político originado por el Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se reforma la llamada “Ley de Memoria Histórica” (es decir, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura) es un debate de gran complejidad porque incide, no sobre intereses sociales y económicos, sino sobre convicciones íntimas (con frecuencia, cuasi-religiosas), sobre experiencias personales y, con frecuencia, sobre la memoria familiar.

La Cameralística alemana del siglo XVIII y, tras ésta, la Ciencia de la Policía que se elaboró en Europa occidental en el mismo siglo, nos enseñaron que la Administración Pública es un ente instrumental al servicio de quien ostenta el poder (Monarca absoluto, Gobierno representativo, etc.).

Cuando han transcurrido varias semanas desde la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno y otorgó a Pedro Sánchez el poder de dirección de la política nacional, puede ser oportuno extraer algunas lecciones para el futuro. Lo primero a destacar es el hecho de que por vez primera en nuestra historia haya sido aprobada una moción de censura.

En los niveles más elevados de la Administración la tensión entre política y profesionalidad es una realidad. La denominada Alta Administración es el eslabón que une al Gobierno con el colectivo de funcionarios y es un eslabón que cada país forja con materiales distintos.

En un plazo inferior a un mes Mariano Rajoy ha pasado de ser el Presidente del Gobierno de España a uno de los miles de Registradores de la Propiedad que ejerce esa profesión en España. Un cambio tan rápido, tan brusco, que nadie se lo hubiera creído hace sólo dos meses.

La nueva Ministra de Administraciones Públicas se refirió el pasado 16 de junio a la reforma de la Constitución y esa referencia merece glosarse, acostumbrados como estamos a la rotunda negativa de los miembros del Gobierno popular.