Autor: Javier García Fernández

En los niveles más elevados de la Administración la tensión entre política y profesionalidad es una realidad. La denominada Alta Administración es el eslabón que une al Gobierno con el colectivo de funcionarios y es un eslabón que cada país forja con materiales distintos.

En un plazo inferior a un mes Mariano Rajoy ha pasado de ser el Presidente del Gobierno de España a uno de los miles de Registradores de la Propiedad que ejerce esa profesión en España. Un cambio tan rápido, tan brusco, que nadie se lo hubiera creído hace sólo dos meses.

La nueva Ministra de Administraciones Públicas se refirió el pasado 16 de junio a la reforma de la Constitución y esa referencia merece glosarse, acostumbrados como estamos a la rotunda negativa de los miembros del Gobierno popular.

No hay duda de que el ofrecimiento que hizo el Presidente Sánchez al PNV de asumir el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado aprobados ya por el Congreso fue una de las medidas audaces que permitieron que la moción de censura prosperara.

Tras la presentación de la moción de censura contra el Gobierno que preside Mariano Rajoy, parece que la imaginación se ha disparado para dar interpretaciones exóticas de lo que es el instrumento de la moción de censura.

El día 23 de mayo la política catalana volvió a estar impregnada de dudas acerca de lo que haría el Presidente Torra. ¿Celebraría la toma de posesión de sus Consejeros? ¿Asistiríamos a un  nuevo acto de confrontación con el Estado?

La crisis del Gobierno madrileño se ha resuelto de manera que en apariencia favorece al Partido Popular. Al partido que preside Rajoy no le interesaba que prosperara la moción de censura que iba a presentar el PSOE no sólo porque venía a exteriorizar la derrota sino porque un Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid durante un año podía hacer que el PSOE ganara las próximas elecciones.

El lento proceso de unidad europea ha alcanzado cierta relevancia en el campo de las candidaturas electorales. A partir del Tratado de Maastricht, en 1992, los ciudadanos comunitarios que tienen residencia en otro Estado miembro pueden participar, con sufragio pasivo y activo, en las elecciones municipales de su país de residencia.

El Auto del Magistrado Llarena del pasado 12 de abril no sólo es un acto judicial por el que, de manera inmediata, acuerda denegar la libertad provisional al antiguo Presidente de la llamada Asamblea Nacional Catalana para que pudiera asistir a la sesión de investidura como Presidente de la Generalidad, para la que había sido propuesto por el Presidente del Parlamento catalán.

La resolución del Tribunal Superior del Land de Schleswig-Holstein por la que rechaza la acusación de rebelión contra Puigdemont y se le pone en libertad provisional hasta que se sustancie la acusación de malversación, constituye un doble golpe político contra el Estado democrático español, tratado por los Jueces como si fuéramos una democracia turca o de Asia Central. Además, ha vuelto a dar impulso a los golpistas. Pero esta resolución no acaba la guerra que los independentistas han declarado. Falta mucho camino.