Los tratadistas clásicos de la sociología política decían que las funciones de los Parlamentos son votar las Leyes, aprobar los Presupuestos, controlar y elegir al Gobierno, elegir (en algunas Repúblicas) al Jefe del Estado y, en ciertos países, desempeñar algunas funciones judiciales (por todos, Chales Debbasch, Jean-Marie Pontier, Jacques Bourdon y Jean-Claude Ricci: Droit constitutionnel et institutions politiques, París, 2001, 4ª ed., págs. 160-161). Lo refleja parcialmente la Constitución española en su artículo 66.2 cuando señala que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan la acción del Gobierno. Sin embargo, al amparo del número escaso de Diputados que conforma el Grupo Parlamentario que apoya el Gobierno, está conformándose una función parlamentaria que en apariencia es expresión de oposición pero que en realidad es expresión de ruptura de las reglas del juego constitucional porque no permite gobernar al Gobierno, no permitiendo que el Gobierno dirija la política, como le atribuye el artículo 97 de la Constitución. Dos ejemplos muy relevantes encontramos hasta hoy de esa oposición espuria, que expondremos antes de elaborar una categoría específica sobre este comportamiento político.

PRIMERA VULNERACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO

En el Congreso de los Diputados se está dando un fenómeno nuevo, desconocido desde 1978, que es la introducción de la Mesa de la Cámara en la labor activa de oposición al Gobierno cuando no de simple boicot a la función legislativa de la propia Cámara. Esta acción de oposición enragée de la Mesa se manifestó recientemente cuando en una sesión de control al Gobierno el Diputado Rivera, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, cambió sobre la marcha una pregunta oral que tenía que formular en el Pleno al Presidente del Gobierno. En lugar de formular una pregunta sobre la situación en Cataluña, como tenía anunciado, el Diputado Rivera preguntó, de entrada, al Presidente Sánchez sobre la corrupción en la Universidad para continuar en la réplica con una pregunta sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez.

Concretamente, la formulación inicial de la pregunta era: “¿Qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el cumplimiento de la Constitución y asegurar el respeto a los derechos civiles en Cataluña?” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, XII legislatura, núm. 146, Sesión plenaria núm. 139 celebrada el miércoles 12 de septiembre de 2018, págs. 8-10). Pero, como decimos, el Diputado Rivera pasó a preguntar sobre la corrupción en la Universidad y la Presidenta Pastor, en lugar de llamar al Diputado a la cuestión (es decir, a que volviera a la pregunta formulada), se limitó a invocar, un artículo del Reglamento de la Cámara que nada tiene que ver lo que casi obligó al Presidente del Gobierno a dar una contestación improvisada, cuando era la Presidenta de la Cámara la que tenía que haber impedido la continuación de la pregunta y haber retirado el uso de la palaba al diputado de Ciudadanos. Ya en el segundo turno de réplica, Rivera remató la irregularidad y se lanzó a preguntar a Pedro Sánchez por su tesis sin que tampoco la Presidenta Pastor llamara a la cuestión al Diputado tramposo.

De haberse formalizado con el contenido de la réplica de Rivera (es decir, sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez), la pregunta oral no debería haber sido incluidas en el orden del día de la sesión de control porque el artículo 188.1 del Reglamento del Congreso, de forma implícita pero, a mi juicio, clara, circunscribe las preguntas orales en Pleno a materias relacionadas con el Gobierno y las circunstancias académicas de un miembro del Gobierno, previas a su acceso al Gobierno, no pueden ser objeto de ese tipo de preguntas. Es decir, preguntar al Presidente por su tesis doctoral nunca puede conectarse con la acción del Gobierno, con la función de control de éste.

Y si la pregunta no debiera haberse admitido, cambiar por dos veces la formulación de otra pregunta tampoco está permitido en el Derecho parlamentario. Ante el cambio de la formulación de la cuestión objeto de la pregunta oral, la Presidenta del Congreso hubiera debido llamar dos veces a la cuestión al Diputado Rivera y, de persistir éste en su ilícita actitud (por ser un “cambiazo”) hubiera sido necesario que la Presidenta retirara el uso de la palabra al Diputado infractor, liberando al Presidente del Gobierno de responder a la pregunta oral.

Es decir, la Presidenta Pastor incurrió en tres infracciones del Reglamento, del artículo 188.1, que fueron permitir dos veces el cambio imprevisto de la cuestión objeto de la pregunta y, en segundo lugar, permitir que se formulara una pregunta no relacionada con la acción del Gobierno.

SEGUNDA VULNERACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. ANTECEDENTES

En segundo lugar, la Mesa del Congreso de los Diputados, como órgano, ha puesto trabas ilegales a la acción legislativa de la Cámara al estimar una reclamación de los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos contra la admisión de una enmienda socialista a un proyecto de ley, enmienda no relacionada directamente con el proyecto de ley que hubiera permitido tramitar con más facilidad los Presupuestos Generales del Estado.

En la tramitación de la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda para reformar, de paso, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (la enmienda se encuentra publicada en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, XII legislatura, serie B: proposiciones de ley, núm. 250-4, 27 de septiembre de 2018). La Mesa de la Comisión admitió a trámite esta proposición de ley pero los citados Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos solicitaron amparo de La Mesa del Congreso contra esa admisión a trámite. Y la Mesa del Congreso, con mayoría conservadora, dio la razón a los reclamantes y no admitió a trámite la enmienda socialista.

Dos cuestiones jurídicas suscita esta decisión pero antes conviene recordar los antecedentes de este problema. En su primer año de Gobierno, Rajoy intentó echar por suelo el Estado social, como es sabido. Y una de las decisiones que utilizó, siguiendo las instrucciones de la Comisión, de Merkel y de los “mercados” fue rematar las restricciones presupuestarias que había pactado con el Gobierno de Rodríguez Zapatero al modificar el artículo 135 de la Constitución en el verano de 2011. Una de las medidas destinadas a horadar el Estado social fue la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que contenía una previsión inconstitucional, consistente en poner en pie de igualdad al Congreso de los Diputados y al Senado al determinar que tanto una como otra Cámara pueden rechazar los objetivos de estabilidad presupuestaria que fija el Gobierno (artículo 15.6). Como es sabido, no tenemos un bicameralismo perfecto sino asimétrico y además el Senado carece de preeminencia sobre el Congreso pues los raros supuestos en que el Senado puede entrar en conflicto con el Congreso éste se resuelve mediante una comisión mixta y, si ésta fracasa, mediante el voto del Congreso. Luego, equiparar a ambas Cámaras en los efectos del rechazo del objetivo de estabilidad presupuestaria es inconstitucional (en este mismo sentid, Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo: “Techo de gasto y separación de poderes”, El País, 27 de agosto de 2018).

Como el Partido Popular ha tenido siempre mayoría en el Senado, el Gobierno de Rajoy introdujo esta previsión inconstitucional que el PSOE, quizá “acomplejado” porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero promovió la reforma del artículo 135 de la Constitución, no llegó a recurrir ante el Tribunal Constitucional. La enmienda del Grupo Socialista pretendió restablecer la irregular situación de modo que el veto del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria podría ser levantado por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.

Las dos cuestiones jurídicas que se plantean tras la enmienda socialista y su veto por parte de la Mesa del Congreso son la constitucionalidad de la propia enmienda y el alcance de la función calificadora de ambas Mesas, la de la Comisión de Justicia y la del propio Congreso. Veremos amabas cuestiones la próxima semana…