Autor: Javier García Fernández

No hay duda de que el ofrecimiento que hizo el Presidente Sánchez al PNV de asumir el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado aprobados ya por el Congreso fue una de las medidas audaces que permitieron que la moción de censura prosperara.

Tras la presentación de la moción de censura contra el Gobierno que preside Mariano Rajoy, parece que la imaginación se ha disparado para dar interpretaciones exóticas de lo que es el instrumento de la moción de censura.

El día 23 de mayo la política catalana volvió a estar impregnada de dudas acerca de lo que haría el Presidente Torra. ¿Celebraría la toma de posesión de sus Consejeros? ¿Asistiríamos a un  nuevo acto de confrontación con el Estado?

La crisis del Gobierno madrileño se ha resuelto de manera que en apariencia favorece al Partido Popular. Al partido que preside Rajoy no le interesaba que prosperara la moción de censura que iba a presentar el PSOE no sólo porque venía a exteriorizar la derrota sino porque un Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid durante un año podía hacer que el PSOE ganara las próximas elecciones.

El lento proceso de unidad europea ha alcanzado cierta relevancia en el campo de las candidaturas electorales. A partir del Tratado de Maastricht, en 1992, los ciudadanos comunitarios que tienen residencia en otro Estado miembro pueden participar, con sufragio pasivo y activo, en las elecciones municipales de su país de residencia.

El Auto del Magistrado Llarena del pasado 12 de abril no sólo es un acto judicial por el que, de manera inmediata, acuerda denegar la libertad provisional al antiguo Presidente de la llamada Asamblea Nacional Catalana para que pudiera asistir a la sesión de investidura como Presidente de la Generalidad, para la que había sido propuesto por el Presidente del Parlamento catalán.

La resolución del Tribunal Superior del Land de Schleswig-Holstein por la que rechaza la acusación de rebelión contra Puigdemont y se le pone en libertad provisional hasta que se sustancie la acusación de malversación, constituye un doble golpe político contra el Estado democrático español, tratado por los Jueces como si fuéramos una democracia turca o de Asia Central. Además, ha vuelto a dar impulso a los golpistas. Pero esta resolución no acaba la guerra que los independentistas han declarado. Falta mucho camino.

Acaba de distribuirse el número 281 de Temas para el debate, correspondiente al mes de abril, y está dedicado casi monográficamente a La reforma de la Constitución española.

Si alguien me preguntara cómo describo la situación de Cataluña, respondería que a mi juicio la crisis no remite y que no hay posibilidades de reconducirla hacia una salida aceptable. Las causas de este diagnóstico son: a) la reafirmación de los independentistas en su rebelión a pesar de la represión (legítima y necesaria) que están sufriendo sus máximos dirigentes; b) el peligro de que la crisis se extienda por la calle; c) la dificultad de cambiar la visión que tienen casi dos millones de catalanes; y d) la imposibilidad de que los independentistas se planteen elegir un Presidente no incapacitado y la similar imposibilidad de crear un frente constitucionalista. El único factor de cierto optimismo (pero sólo cierto) es que la votación de investidura de Turull ha permitido que empiece a correr el plazo de dos meses que prevé el artículo 67.3 del Estatuto de Autonomía, pero ello puede ser o no positivo, como veremos más abajo.

La convocatoria urgente del Pleno del Parlamento catalán para la investidura de Jordi Turull en la tarde del 22 de marzo es otro acto de rebeldía que muestra que los independentistas de todos los colores no quieren llegar a gobernar la Generalidad, sino mantener la guerra con el Estado español.