Autor: Javier García Fernández

La resolución del Tribunal Superior del Land de Schleswig-Holstein por la que rechaza la acusación de rebelión contra Puigdemont y se le pone en libertad provisional hasta que se sustancie la acusación de malversación, constituye un doble golpe político contra el Estado democrático español, tratado por los Jueces como si fuéramos una democracia turca o de Asia Central. Además, ha vuelto a dar impulso a los golpistas. Pero esta resolución no acaba la guerra que los independentistas han declarado. Falta mucho camino.

Acaba de distribuirse el número 281 de Temas para el debate, correspondiente al mes de abril, y está dedicado casi monográficamente a La reforma de la Constitución española.

Si alguien me preguntara cómo describo la situación de Cataluña, respondería que a mi juicio la crisis no remite y que no hay posibilidades de reconducirla hacia una salida aceptable. Las causas de este diagnóstico son: a) la reafirmación de los independentistas en su rebelión a pesar de la represión (legítima y necesaria) que están sufriendo sus máximos dirigentes; b) el peligro de que la crisis se extienda por la calle; c) la dificultad de cambiar la visión que tienen casi dos millones de catalanes; y d) la imposibilidad de que los independentistas se planteen elegir un Presidente no incapacitado y la similar imposibilidad de crear un frente constitucionalista. El único factor de cierto optimismo (pero sólo cierto) es que la votación de investidura de Turull ha permitido que empiece a correr el plazo de dos meses que prevé el artículo 67.3 del Estatuto de Autonomía, pero ello puede ser o no positivo, como veremos más abajo.

La convocatoria urgente del Pleno del Parlamento catalán para la investidura de Jordi Turull en la tarde del 22 de marzo es otro acto de rebeldía que muestra que los independentistas de todos los colores no quieren llegar a gobernar la Generalidad, sino mantener la guerra con el Estado español.

Alberto Ruiz-Gallardón era un político conservador con apariencia centrista, que cada vez que gobernó tuvo la tentación de actuar como un conspicuo ultraconservador, salvo cuando presidió la Comunidad de Madrid donde actuó como un conservador tout court sin especiales medidas ultraconservadoras.

Cada día que pasa, Cataluña se acerca más a la condición de Comunidad Autónoma fallida. Los independentistas han debido pensar, como en los malos dramas españoles del siglo XIX, que Cataluña o será suya o no será de nadie. Y así están maniobrando.

La incomparecencia de la ex–Diputada del Parlamento catalán Anna Gabriel ante el Magistrado instructor del Tribunal Supremo puede parecer una pequeña anécdota dentro de la categoría de la rebelión independentista catalana. Pero también merece alguna reflexión.

Según informó el 14 de febrero tanto la Cadena SER como eldiario.es (Gonzalo Cortizo: “El gobierno planea llegar al final de la legislatura con los presupuestos de 2017”) el Gobierno puede renunciar a presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que tendría que haber remitido al Congreso antes del 1 del pasado octubre. La Cadena SER y Cortizo, en eldiario.es, añadían que el Gobierno estaba pensando actuar de la misma manera para 2019 y, lo más llamativo, Cortizo informaba que el nuevo Director del Gabinete del Presidente, Ayllón, había manifestado que aprobar los Presupuestos cada año “está obsoleto”.

A pesar de las críticas cuasi generalizadas de los medios de comunicación (donde no faltaba cierto desconocimiento de lo que es la función consultiva del Estado, como veremos más abajo), la impugnación del Gobierno de la Nación a la propuesta de candidato formulada por el Presidente del Parlamento catalán, ha sido un acierto político.

El aplazamiento de la sesión de investidura del Presidente de la generalidad catalana, acordado por el Presidente del Parlamento sin acuerdo de la Mesa, es un dato interesante que puede suponer una inflexión de la política secesionista.