Según informó el 14 de febrero tanto la Cadena SER como eldiario.es (Gonzalo Cortizo: “El gobierno planea llegar al final de la legislatura con los presupuestos de 2017”) el Gobierno puede renunciar a presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que tendría que haber remitido al Congreso antes del 1 del pasado octubre. La Cadena SER y Cortizo, en eldiario.es, añadían que el Gobierno estaba pensando actuar de la misma manera para 2019 y, lo más llamativo, Cortizo informaba que el nuevo Director del Gabinete del Presidente, Ayllón, había manifestado que aprobar los Presupuestos cada año “está obsoleto”.

Estamos acostumbrados a que el Gobierno del Presidente Rajoy haga fraudes con los Presupuestos, pero esto empieza a ser escandaloso. ¿Cómo ha actuado el Gobierno fraudulentamente con el Presupuesto?

En primer lugar, el Gobierno ha hecho fraude con los Presupuestos para la Defensa. Como los elevados (y necesarios) gastos para sistemas de defensa disparaban el déficit, el Gobierno se inventó un truco: en torno al verano de cada año, desde 2012, aprobaba un Decreto-Ley con los gastos, que no computaban en el Presupuesto. Así aprobó:

  • El Real Decreto-Ley 26/2012, de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Defensa para atender el pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas.
  • El Real Decreto-Ley 10/2013, de 26 de julio, por el que se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Defensa y suplementos de crédito para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
  • El Real Decreto-Ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuestos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Esta concatenación de Decretos-Leyes dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad de Diputados de toda la izquierda en octubre de 2014. Este recurso se resolvió con la Sentencia del Tribunal Constitucional 126/2016, de 7 de julio, que declaró inconstitucional parte del Real Decreto-Ley 10/2014, de 1 de agosto. Después, el Gobierno no ha vuelto a utilizar esa técnica.

Otra trampa que hizo el Gobierno de Rajoy fue enviar al Congreso en el verano de 2015 el proyecto de ley de Presupuestos para 2016, de modo que este fue aprobado antes de disolverse las Cortes. Así aquella legislatura aprobó cinco Presupuestos en cuatro años e imposibilitó que el Parlamento que salió de las elecciones del 20 de diciembre de 2016 pudiera aprobar el primer Presupuesto de la legislatura. El hecho de que esa legislatura fuera efímera y no se pudiera formar Gobierno no hace menos fraudulento el procedimiento (véase Javier García Fernández: “Un fraude constitucional”, El País, 27 de julio de 2015).

Ahora la prensa nos confirma la idea que circulaba hace tiempo: que como es difícil que el Presupuesto obtenga suficiente apoyo parlamentario, el Gobierno incumplirá su deber constitucional y no lo presentará en el Congreso… y llevamos ya cinco meses de retraso. Es cierto que esta práctica fraudulenta tiene antecedentes en el ámbito autonómico: hablando de memoria, creo recordar que en esta década los Gobiernos asturiano, vasco y catalán han incumplido en algún momento su obligación estatutaria cuando creyeron que no podrían conseguir que se aprobara el Presupuesto. Pero la Constitución es clara y su artículo 134,3 obliga al Gobierno a presentar el proyecto de ley antes del primero de octubre de cada año. No es verdad, como acaba de afirmar el Ministro Montoro que la Constitución permita no presentarlo. Lo que hace la Constitución es que, para evitar que el Estado se quede sin Presupuesto (es decir, para evitar el ridículo ejemplo de Estados Unidos), prevé la prórroga automática del Presupuesto vigente, que no es lo mismo. Esta actitud cobarde del Gobierno de Rajoy contrasta con la que tuvo Felipe González pues en 1995, Convergència i Unió anunció que no iba a apoyar los Presupuestos y el Presidente González disolvió el Parlamento.

Si alguna vez el Gobierno de Rajoy accediera a la reforma constitucional, quizá habría que proponer que si un Gobierno no presenta el proyecto de ley de Presupuestos en un plazo determinado, pudiendo hacerlo, se deberían disolver las Cortes. Mientras tanto, nos quedamos con la frivolidad del Director del Gabinete de Rajoy: es una práctica obsoleta…