El aplazamiento de la sesión de investidura del Presidente de la generalidad catalana, acordado por el Presidente del Parlamento sin acuerdo de la Mesa, es un dato interesante que puede suponer una inflexión de la política secesionista.

Es una paradoja que un político de Esquerra, que estuvo presente en los actos delictivos del 20 de septiembre y que contribuyó a tomar el Parlamento como si fuera el Palacio de Invierno, se haya convertido en un Presidente aparentemente prudente. La prudencia no apareció en su alegato inicial pero sí en los hechos, es decir en el aplazamiento de la sesión hasta que el Tribunal Constitucional resuelva las alegaciones formuladas por el exPresidente huido. Pero esta decisión personal del Presidente Torrent denota a su vez una doble paradoja:

  • Por un lado, es paradójico que un político de Esquerra, que fue el partido que impidió a Puigdemont convocar elecciones la mañana del 26 de octubre pasado, se haya transformado en el portavoz de la corriente “realista” que prefiere formar un nuevo Gobierno (por supuesto secesionista) antes que proseguir sin Gobierno.
  • Por otra parte, es igualmente paradójico que un político secesionista se ampare en la presentación de un escrito ante el Tribunal Constitucional y espere a que éste resuelva para dejar en suspenso, nada menos, que la sesión de investidura.

¿Podemos estar ante la definitiva inflexión del independentismo, que al fin ha comprendido que más vale Gobierno estatutario que ningún Gobierno y ninguna autonomía? ¿O es sólo una batalla de la guerra entre Puigdemont y Esquerra, en la que este partido utilizará todas las armas para expulsar a Puigdemont? No debemos olvidar, como decía en la Cadena SER López Burniol la mañana del 1 de febrero, que hay un millón de personas hipermovilizadas en favor de Puigdemont y ese millón no se va a enfriar por los tacticismos de Esquerra. Por cierto, ¿a qué se debe que la Diputada Rovira haya desaparecido de la escena?

En este momento se enfrentan por la hegemonía independentista Puigdemont, con el embrión de un nuevo partido, y Esquerra y las actitudes más prudentes o más incontrolables responden a la estrategia de eliminación del adversario. No echemos las campanas al vuelo, porque si los aparentemente realistas dirigentes de Esquerra tuvieran ocasión de expulsar a Puigdemont, lo harían aunque tuvieran que incendiar a todas las masas.

El resultado es un impasse institucional. El artículo 4 de la Ley catalana 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno, exige que en el plazo de diez días después de constituirse la legislatura el Presidente del Parlamento ha de proponer un candidato para solicitar la investidura de la Cámara. Pero ese mismo precepto no fija un plazo para que el candidato propuesto comparezca ante el Pleno. Podría prolongarse mucho tiempo en esa situación, que es como estar en el limbo. Pero, en ese caso, si el candidato no propone una fecha cabría entender que, en aplicación del artículo 7 del Código Civil, el candidato ha dejado de ejercitar su derecho conforme a las exigencias de la buena fe y, además, está haciendo abuso de su derecho o un ejercicio antisocial del mismo. Lo procedente sería poner un plazo breve y perentorio al candidato Puigdemont para que señale la fecha en que comparecerá personalmente y con autorización del Instructor del Tribunal Supremo y si no lo hace, considerarle decaído de su derecho. ¿Se atreverá Torrent o acabará plegándose a las órdenes del exPresidente fugado?