Acaba de distribuirse el número 281 de Temas para el debate, correspondiente al mes de abril, y está dedicado casi monográficamente a La reforma de la Constitución española. No voy a glosar los artículos que contiene este número ni la amplia y plural encuesta que responden profesores y políticos situados en un horizonte político que va desde el Partido Popular hasta Podemos (por cierto, se ve en la encuesta que en Podemos siguen sin entender lo que es la Constitución española) pero sí querría glosar tres puntos que me parecen relevantes. Son estos tres puntos: a) la necesidad de reforma; b) la conexión de la reforma con el tema autonómico; y c) la situación actual.

¿Hace falta reformar la Constitución? Como toda norma jurídica, la Constitución debe reformarse cuando alguno de sus preceptos no permita resolver los problemas sociales que regula. Las Constituciones más importantes del mundo (salvo la de Estados Unidos que tiene una especial rigidez que sólo se atenúa con la complicada aprobación de Enmiendas) se reforman con frecuencia lo que permite cambiar cada vez unos pocos artículos, los que son necesarios en cada momento. Todos los grandes cuerpos legislativos de un país (Código Civil, Penal de Comercio, etc.) se reforman también con mucha frecuencia. Pero en España se ha creado un cerco en torno a la Constitución para que nadie la toque (Javier García Fernández: “Mejorar el modelo constitucional”, El País, 19 de marzo de 2018) se ha hecho de este tema un tabú del que no se debe hablar.

La Constitución es un buen texto jurídico y político que no necesita muchas reformas pero algunas son necesarias: la primacía del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona, la calificación como fundamentales de algunos de los principios rectores de política económica y social, el papel y la composición del Senado, la introducción de algún mecanismo de defensa de la Constitución en caso de crisis de máxima gravedad, la regulación del supuesto de no elección de ningún candidato a Presidente del Gobierno para evitar la disolución en el plazo de dos meses o la asunción del Derecho comunitario y de la Unión Europea. Y no mucho más.

¿Y hace falta reformar la regulación del sistema autonómico? Digamos de entrada que empiezan a ser aburridos los agoreros que nos hablan de crisis y agotamiento del sistema autonómico. Empezaron casi a decirlo en 1979, antes de que se aprobaran los primeros Estatutos de Autonomía, y no han acabado, bajo diversas fórmulas ideológicas y profesionales: la extrema derecha a la que el modelo produce urticaria, la extrema izquierda que cree que puede romper el “régimen” del 78 a base de desmembrar España (nada nuevo en la política, ya lo hizo con éxito Yeltsin), la izquierda que, sin ser extrema, está en manos de la extrema izquierda, y los académicos que nunca han puesto un pie en una Consejería ni han leído un Boletín Oficial autonómico, pero disfrutan con una crisis que justifica sus publicaciones.

Pero lo cierto es que, salvo la crisis catalana y la crisis (ya cerrada) del terrorismo etarra que impidió reformar el Estatuto vasco, el sistema autonómico se ha consolidado en España, sin crisis, sin agotamientos que sólo descubren los políticos regionales que quieren ser soberanos y no autónomos.

Dicho esto, sí parece necesario reformar el Título VIII de la Constitución pues es un Título que en una parte ha agotado su eficacia (las diversas formas de constituir una Comunidad Autónoma) y contiene previsiones demasiado imperfectas, como la división de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (artículos 148 y 149). Además, el artículo 150 deja abierto e inacabado el modelo y se debe cerrar para evitar el mercadeo continuo de algunas Comunidades Autónomas y algunos partidos periféricos, lo cual no es un planteamiento reaccionario sino progresista porque la seguridad jurídica en las relaciones políticas es un valor progresista y democrático. Pero esta reforma (que debe aclarar si algunas competencias están mejor gestionadas desde el Estado) no debe hacerse en función de la rebelión secesionista catalana. Hay que reformar porque el modelo tiene cuarenta años.

Tras estas consideraciones, ¿cuál es la situación actual? Por un lado, el Partido Popular no quiere oír hablar de reformas, pues a Rajoy debe parecerle demasiado complicado. Por otro lado, la Comisión no Permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico puede entrar en crisis definitiva a pesar de la prudencia con que la dirige su Presidente, el Diputado socialista José Enrique Serrano. Si la Comisión nació lastrada por la resistencia popular a conectar la mejora del sistema autonómico con la reforma constitucional, si el lastre ha aumentado al no participar en la misma las diversas extremas izquierdas, la reciente retirada de Ciudadanos, tras la sucia maniobra de convocar a militantes de otro partido, del PSOE, pone a la Comisión en situación preocupante.

No obstante, a pesar de las dificultades, se debe seguir dialogando e insistiendo en que la reforma constitucional refuerza a la Constitución, no la debilita.