La convocatoria urgente del Pleno del Parlamento catalán para la investidura de Jordi Turull en la tarde del 22 de marzo es otro acto de rebeldía que muestra que los independentistas de todos los colores no quieren llegar a gobernar la Generalidad, sino mantener la guerra con el Estado español. Tres temas merecen reflexión: el significado de la elección de Turull, las infracciones jurídicas en que están incurriendo para llegar a esa investidura y la obligación del Rey de expedir el Decreto de nombramiento.

Tras un retraso de casi dos meses en que los independentistas no se ponían de acuerdo por las presiones de Puigdemont, en la tarde del 21 de marzo, cuando se tuvo conocimiento de que en la mañana del 23 de marzo el Magistrado Llarena ha convocado a diversos dirigentes de la rebelión para notificarles, probablemente, el auto de procesamiento y quizá también la prisión incondicional, el Presidente del Parlamento Torrent, ha convocado precipitadamente la sesión de investidura que no había llegado hacer efectiva desde finales de enero. La causa de tanta precipitación es el muy invocado artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (precepto añadido en tiempos del Gobierno socialista de Felipe González, en 1988) que prevé que el procesado por, entre otros delitos, rebeldía para quien se haya dictado prisión provisional quedará automáticamente (sic) suspendido en el ejercicio de su función o cargo público.

Como se especulaba que Turull podría ser no sólo procesado sino también quedar en situación de prisión provisional, su investidura precipitada (a la que sin duda concurrirán los Diputados de la CUP que sean imprescindibles) pone al Magistrado instructor en la posición compleja de renunciar a la prisión  provisional (para que no se diga que el Poder Judicial encarcela al Presidente elegido por el Parlamento) o encarcelarlo con los consiguientes movimientos callejeros y de propaganda para los que son maestros los golpistas catalanes.

Si el Magistrado instructor renuncia a encarcelar a uno de los rebeldes más conspicuos y corrosivos del independentismo presidirá la Generalidad un dirigente vinculado a la corrupción de Pujol, agresivo y fanático, que no  es de los que invoca ante el Juez su condición de buena persona (sobre la trayectoria política de Turull, la información de Oriol Güell en El País el 21 de marzo de 2018) que utilizará las instituciones autonómicas para hacer la guerra al Estado y nada más. Es decir, va a seguir cometiendo delitos contra el Estado democrático. Si le encarcela la campaña de agitación mediática y callejera será francamente dura porque sería la primera vez, desde 1940, en que un Presidente de la Generalidad está encarcelado.

Para alcanzar este objetivo el Presidente Torrent ha hecho fraude de ley. Como la Ley catalana del Gobierno y de su Presidente exige que la propuesta del candidato se haga por el Presidente del Parlamento “previa consulta” a los representantes, es fraudulento sustituir la consulta por una conversación telefónica (sorprende que Arrimadas, Iceta y García Albiol hayan entrado en la trampa de esa pseudo-consulta). También hay una conducta irregular que quizá invalide el Pleno. El artículo 81.2 del Reglamento del Parlamento catalán establece que el orden del día de cualquier Pleno es establecido por el Presidente oída la Junta de Portavoces pero, según parece, la Junta de Portavoces no ha sido convocada  (lo está pidiendo Arrimadas). El hecho de que la decisión de convocar un Pleno para investidura no exime al Presidente Torrent de convocar la Junta y oírla, lo cual puede ser un vicio que invalide el propio Pleno.

Finalmente debemos decir una palabra sobre una polémica que está saltando en los medios. ¿Debe el Rey expedir el Decreto de nombramiento? Hay una costumbre, discutible, que consiste en que los Presidentes de los Parlamentos autonómicos envían al Rey (y no al Gobierno) el nombramiento de Presidente de la Comunidad Autónoma. Incluso la republicana Forcadell lo intentó en 2106, a lo que no accedió el Monarca. En estos momentos, el Gobierno dice que es una decisión del Rey pero la Zarzuela, con mejor criterio constitucional, dice que el Rey expedirá lo que el Gobierno proponga. Hay que decir que ni el Gobierno ni el Rey son intérpretes de la Constitución pero si el Gobierno tiene dudas sobre la regularidad de la elección debe consultar al Consejo de Estado y, tras el dictamen de éste, impugnar el nombramiento en aplicación de los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Éste está obligado a suspender el acto. De modo que es el Tribunal Constitucional, y no el Rey ni el Gobierno, el que está facultado para suspender el nombramiento si hay alguna irregularidad. Y ello, además, sin plazo, porque el único plazo que pone la Constitución al Rey es el de quince días para ordenar la publicación de las Leyes que previamente ha promulgado y sancionado.