Las movilizaciones de los pensionistas, exigiendo unas pensiones dignas, han cogido con el paso cambiado a un Gobierno que sigue sin entender que los derechos no se negocian, se aplican. Por eso, causa asombro la respuesta negativa de un PP que pretende llevar la reivindicación a un plano meramente economicista, para intentar desinflar la movilización y desacreditarla.

Antes de comenzar a hablar de si las pensiones hay que subirlas, cuanto, o  si cuestan mucho o poco, hay que empezar la conversación señalando que las pensiones son un derecho.

Y el Gobierno, igual que aplica el artículo 155 ante las ilegalidades de los secesionistas en Cataluña, también tiene el deber de leer y aplicar el artículo 50 de nuestra Constitución, que dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Es cierto, que como todos los derechos que se encuentran en el Capítulo III del Título I de la Constitución, su alcance real depende del desarrollo normativo que le quieran dar los poderes públicos. Por ese motivo, hay que ser conscientes de lo que se vota, y a quien se vota, en temas tan importantes como las pensiones, porque pactos como el Pacto de Toledo, donde se plantearían las reformas con acuerdos amplios, solo funcionan cuando el PP no gobierna.

Los españoles, y especialmente los pensionistas, ya saben que el Gobierno del PP les impone los recortes de sus derechos. Por ese motivo, viene bien recordar que el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 25 de enero de 2011, en su recomendación número 2, dice que «La Comisión…defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro”.

Llegados a este punto, con movilizaciones o sin ellas, se puede afirmar que el Gobierno no cumple el mandato constitucional de protección a la tercera edad que impone el artículo 50. Y lo incumple en su doble vía:

  • Primero, no garantizando la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Por quinto año consecutivo, el PP “sube” las pensiones un 0,25 por ciento.
  • Segundo, no promoviendo el bienestar de la personas mayores mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Solo hay que ver los recortes drásticos en Dependencia.

Este incumplimiento, viene de lejos. Pero la crisis y la subida de productos básicos están haciendo, en estos momentos, que la ciudadanía actúe democráticamente para cambiar la situación.

Cuando se pregunta a los ciudadanos: ¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? Un 8 por ciento, afirma que las pensiones, situándose como el octavo problema más importante de España, según el Barómetro de febrero del CIS. El mayor dato desde mayo de 1985, cuando llegó a ser considerado como uno de los principales problemas de España por el 11,7 por ciento de los encuestados.

Cuando se pregunta a los ciudadanos: ¿cuál es el problema que a usted, personalmente, le afecta más? Un 12,4 por ciento afirma que las pensiones. Y lo sitúan como el tercer problema más importante.

Entender esta realidad, supone la necesidad de cambiar el rumbo de las prioridades sociales, políticas y económicas de España. No hacerlo, lleva a la subasta de pequeñas mejoras, que aunque bienvenidas no van a conseguir parar el clamor de la ciudadanía.

Veremos