Alberto Ruiz-Gallardón era un político conservador con apariencia centrista, que cada vez que gobernó tuvo la tentación de actuar como un conspicuo ultraconservador, salvo cuando presidió la Comunidad de Madrid donde actuó como un conservador tout court sin especiales medidas ultraconservadoras. Cuando fue Alcalde de Madrid transmitió una cierta imagen simpática y hasta progresista por su continuo enfrentamiento con Esperanza Aguirre que representaba una derecha mucho más extrema. Luego se demostró que no había más que un enfrentamiento de clanes y de personas, no de ideologías ni de políticas. Cuando Ruiz-Gallardón fue Ministro de Justicia, además intentó sin éxito agravar el aborto como delito (lo que provocó su salida del Gobierno y de la política) pero en cambio tuvo más suerte al introducir en el Código Penal la pena de prisión permanente revisable (mediante la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo), que puede convertirse (aunque no siempre) en una pena de “cadena perpetua” como se decía antaño. En su momento se dijo que podía ser una pena inconstitucional porque podría entrar en confrontación con el artículo 25.2 de la Constitución que establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social pero lo cierto es que el nuevo artículo 36 del Código Penal dificulta ambos fines pero no los impide radicalmente.

La pena de prisión permanente revisable fue criticada desde la izquierda porque consideraba que no impide la comisión de delitos especialmente repugnantes y sólo sirve para reafirmar la ideología penal de la derecha y de la extrema derecha, que sólo entiende de endurecer las penas, lo que sin embargo no disuade al delincuente. Por eso la oposición se propuso modificar la prisión permanente revisable cuando pudiera y ya hay una iniciativa del PNV en ese sentido. Probablemente la iniciativa no prosperará porque tendría que contar con la abstención de Ciudadanos y este partido, que tiene que atraer como sea a los electores del PP, no querrá dejar a este último la bandera del endurecimiento penal, tan grato a la derecha.

Pero lo que merece destacarse es la manipulación que la derecha, todas las derechas (salvo el PNV que también lo es), están haciendo de las últimas muertes violentas ocurridas en España (el probable asesinato de Diana Quer y el también probable asesinato del niño almeriense). Por temor a una derrota parlamentaria que obligue a derogar esa pena, el PP ha organizado una recogida de firmas que, según dice, alcanza los dos millones de personas. El procedimiento ya es cuestionable porque carece de garantías de veracidad, no es una iniciativa legislativa popular que, con gran esfuerzo, comporta veracidad e identificación de los firmantes. Es un acto populista y manipulador que no ofrece ninguna garantía. Lo curioso es la consecuencia política que el PP saca de esa operación dudosa. Como el PSOE ha mostrado su disposición a apoyar en el Congreso la derogación de esa pena, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado al PSOE de ignorar a dos millones de personas… votantes de la derecha. Hará muy bien el PSOE en ignorar a dos millones de votantes de derechas porque se debe a cinco millones y medio de electores socialistas y también a cinco millones de electores de Podemos. Ya está bien de considerar que la ideología de una franja de electores es ña ideología común de todos loes españoles.

Pero hay más manipulaciones. Al socaire de los probables asesinatos ocurridos últimamente, el PP quiere endurecer el Código Penal, lo que merece tres consideraciones:

Primera. Las familias de las víctimas no deberían entrar en la política penal. El padre de Diana Quer ha pedido que no se legisle en caliente…  para que no se derogue la prisión permanente revisable. Se entiende el dolor de los familiares pero, como ha ocurrido con las víctimas del terrorismo, no deberían entrar en política penal.

Segundo. El PP no debería alentar los instintos más vengativos de las personas. Ya sabemos que la derecha se diferencia de la izquierda en una  visión más dura de la legislación penal pero es execrable ahondar en esa concepción penal para sacar partido electoral. Lo mismo podemos decir de Ciudadanos.

Tercero. La dureza del PP en materia de la represión penal de ciertos delitos contrasta con la política de avestruz con los secesionistas catalanes. Desde 2015 se veía venir la rebelión y el Gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta en el Congreso, podría haber afinado los delitos de rebelión no violenta y que están practicando los independentistas.

La conclusión es sencilla: no hay políticas penales que impidan la maldad del ser humano pero, al menos, nadie debería sacar réditos políticos de esa maldad.