Autor: Javier García Fernández

La primera plana de El País del 23 de enero tiene una particularidad que merece una reflexión: no tiene ninguna noticia sobre la crisis secesionista catalana. No es que no haya noticias, pero al menos hay otras que son más inmediatas que el autogolpe catalán.

El mayor riesgo que tenía la sesión constitutiva del Parlamento catalán era que su nueva Mesa fijara para mañana la sesión de investidura del Presidente de la Generalidad. Ese riego parece al menos conjurado pero hay factores que hacen temer que dentro de unos pocos días ese Parlamento elegirá Presidente de la Comunidad Autónoma al huido Puigdemont.

El acuerdo que Puigdemont y Rovira han pactado la noche del 9 al 10 de enero en Bruselas, si se cumple en todas sus previsiones, conduce a Cataluña a una situación duradera de crisis sin posibilidad de detener la aplicación de las medidas dictadas al amparo del artículo 154 de la Constitución pues la Comunidad Autónoma va a seguir mucho tiempo sin Gobierno y, se presume, con una mayoría parlamentaria en franca rebelión.

Si algo caracteriza a los independentistas es que son bastante predecibles. Puede parecer errónea esta idea cuando al día de hoy no sabemos qué va a hacer Puigdemont pero esa circunstancia personal no empece el hecho de que casi todos los pasos que han ido dando en el camino de la secesión habían sido anunciados previamente a través de noticias tentativas, a ver qué respuesta tenían en amigos y en adversarios.

Las elecciones del 21 de diciembre se aproximan en trascendencia a las del 14 de abril de 1931 y a las del 15 de junio de 1977. Habrá quien considere que decir esto es una exageración pero a poco que se piense, quizá no sea desmesurado equiparar la elección catalana a las dos más decisivas del siglo XX, aunque sólo afecten a una Comunidad Autónoma.

La resistencia de la Administración catalana a devolver los bienes culturales de Sigena es todo un síntoma del destrozo que el independentismo está haciendo a la convivencia cívica en España. En la historia del Patrimonio Histórico siempre ha habido conflictos y reclamaciones que se han solventado, a veces, conforme a Derecho y, otras veces, aplicando la fuerza.

Tras asumir la Sala Penal del Tribunal Supremo la investigación que llevaba uno de los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional contra los miembros del Gobierno catalán, el Instructor de esta causa, el Magistrado Pablo Llarena, ha resuelto la petición de la defensa de los Consejeros encarcelados y de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural para que se modificara la prisión cautelar dictada por la Magistrada-Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional.

En el plazo de pocos días hemos conocido dos noticias relativas a la eventual reforma de la Constitución. Por una parte, se ha constituido en el Congreso de los Diputados la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico, detrás de cuyos trabajos va a estar latiendo el tema de la reforma de la Constitución para modernizar el sistema autonómico (véase Javier García Fernández: “No hay modernización sin reforma”, El País, 18 de noviembre de 2017).

Para los independentistas, el referéndum pactado es el plan subsidiario de la Declaración Unilateral de Independencia. Desde que gobernaba Artur Mas los independentistas han oscilado entre la Declaración Unilateral de Independencia y el referéndum pactado, según hubiera más prisas, más presiones de las CUP o se viera más débil al Estado (véase Javier García Fernández: “El renacer del referéndum”, El País, 27 de mayo de 2016). En todo caso, ese referéndum pactado es una de las vías que los secesionistas aspiran a recorrer para llegar a la independencia, la vía subsidiaria.

El abogado del ex Vicepresidente de la Generalidad, Junqueras, al recurrir el auto de prisión incondicional de su cliente, ha señalado que de seguir en prisión se le denegaría el derecho de participación, pues aspira a ser candidato en las elecciones del 21 de diciembre y, por ello, a participar en la campaña electoral.