El Auto del Magistrado Llarena del pasado 12 de abril no sólo es un acto judicial por el que, de manera inmediata, acuerda denegar la libertad provisional al antiguo Presidente de la llamada Asamblea Nacional Catalana para que pudiera asistir a la sesión de investidura como Presidente de la Generalidad, para la que había sido propuesto por el Presidente del Parlamento catalán. El Auto es, además, la narración de todas las operaciones preparadas por los independentistas.

La narración del Magistrado instructor se inicia cuando Artur Mas firmó con Oriol Junqueras el denominado “Acuerdo para la Transición Nacional y para garantizar la estabilidad del Govern de Catalunya”, que además de permitir a Mas acceder a la Presidencia de la Generalidad ya contemplaba una operación de “transición nacional” (eufemismo empleado por los secesionistas para referirse a la independencia) y va describiendo, como haría un historiador, los pasos que los partidarios de la independencia de Cataluña han ido dando con el fin de alcanzarla en 2018 (sobre el mismo tema, la serie, aún sin acabar, “Itinerario jurídico de la Secesión” que estoy publicando en Temas para el debate desde diciembre de 2017).

El Magistrado ponen el acento en las operaciones pensadas para organizar las “estructuras de Estado” (otro eufemismo independentista) que deberían estar preparadas para ponerlas en marcha el día de la declaración de independencia. Estas “estructuras” fueron ideadas en el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional, dirigido por el catedrático de Derecho constitucional Carles Viver Pi-Sunyer que, tras llegar a ser Vicepresidente del Tribunal Constitucional donde tenía que defender la unidad de la Nación española, se convirtió en el inspirador jurídico del golpe de Estado. No es la primera vez que un policía se pasa a los ladrones.

El Auto de Llarena explica (perdón por la expresión banalizada pero es la que utiliza la resolución judicial) la hoja de ruta de los secesionistas, hoja de ruta acordada por Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana, Òmnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana y la Asociación de Municipios por la Independencia, que desembocó en la aprobación, por parte del Parlamento catalán el pasado 27 de octubre, de dos Resoluciones declarando la independencia e iniciando el proceso constituyente. El hecho de que la declaración de independencia no figurara en la parte dispositiva de la Resolución aprobada sino en su exposición de motivos no resta gravedad al hecho. Sólo denota la cobardía y la doblez de los secesionistas que, además de maquinar todo el tiempo como llegar a la independencia, lo hacen buscando continuamente como engañar al Estado democrático.

Con esta narración, que ya es Historia, hay en la prensa dos reacciones que llaman la atención. Hay un tipo de reacción, que refleja por ejemplo, el artículo titulado “La Constitución, bajo fuego amigo”, de Eduard Roig Molés que se publicó en El Periódico el pasado 13 de abril. El argumento de este artículo, aparentemente constitucionalista, está muy extendido entre los equidistantes que ponen al golpismo y a la defensa de la Constitución en el mismo plano: Las medidas represivas del Estado contribuyen a hacer independentistas, precisamente cuando éstos, según dicho artículo, ya respetan el marco constitucional, como se vio en el discurso de investidura de Turull. Dejando a un lado el derecho de toda persona a ser ingenua, lo importante es que, como se ve en la larga narración del Magistrado Llarena, el Estado, salvo las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, ha estado casi DOS AÑOS (a partir de la Resolución I/XI, de 27 de septiembre de 2015 del Parlamento catalán, que ya constituía una declaración de independencia) sin adoptar medida represiva alguna y antes de esa fecha de 2015 sólo había perseguido a Mas y a sus tres Conejeros por la celebración del primer referéndum. No es cierto que las medidas coercitivas adoptadas por el Estado refuercen el independentismo. Lo que refuerza la secesión, y hace que catalanes tibios se inclinan hacia los independentistas es la agobiante presión mediática de los medios públicos y privados, que es problema que los partidos constitucionalistas no se atreven a resolver, cuando habría argumentos constitucionales para hacerlo. Esa presión mediática y la presión social es lo que hace independentistas, no las tardías medidas represivas.

Hay también otro tipo de reacción que aparece últimamente. Lo vemos en la crónica de El País del pasado 12 de abril donde algún jurista se pregunta si las medidas de los independentistas han puesto en riesgo la integridad territorial y ha habido riesgo real de independencia, respondiendo que ese riesgo para nada ha existido. ¿Qué pensaban los miles de concentrados ante el Parlamento los días y 27 de octubre? El hecho de que los independentistas sean diletantes e ineficaces no resta riesgo real a la ruptura que, por ellos, se hubiera consumado. ¿Qué habría pasado si no se acuerda aplicar el artículo 156? Pues que Puigdemont iría por Barcelona llamándose Presidente provisional de la República. ¿O no? Y el Gobierno se denominaría Gobierno de la República. ¿O no? Y el Parlamento estaría aprobando más Leyes de desconexión. ¿O no? Y esa situación no la aguanta ningún Estado.

En definitiva, hay que agradecer al Magistrado Llarena que, además de evitarnos el bochorno de ver investido Presidente de la Generalidad a un golpista, haya elaborado un buen guión de los hitos del secesionismo catalán.