Autor: Javier García Fernández

Las elecciones del 21 de diciembre se aproximan en trascendencia a las del 14 de abril de 1931 y a las del 15 de junio de 1977. Habrá quien considere que decir esto es una exageración pero a poco que se piense, quizá no sea desmesurado equiparar la elección catalana a las dos más decisivas del siglo XX, aunque sólo afecten a una Comunidad Autónoma.

La resistencia de la Administración catalana a devolver los bienes culturales de Sigena es todo un síntoma del destrozo que el independentismo está haciendo a la convivencia cívica en España. En la historia del Patrimonio Histórico siempre ha habido conflictos y reclamaciones que se han solventado, a veces, conforme a Derecho y, otras veces, aplicando la fuerza.

Tras asumir la Sala Penal del Tribunal Supremo la investigación que llevaba uno de los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional contra los miembros del Gobierno catalán, el Instructor de esta causa, el Magistrado Pablo Llarena, ha resuelto la petición de la defensa de los Consejeros encarcelados y de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural para que se modificara la prisión cautelar dictada por la Magistrada-Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional.

En el plazo de pocos días hemos conocido dos noticias relativas a la eventual reforma de la Constitución. Por una parte, se ha constituido en el Congreso de los Diputados la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico, detrás de cuyos trabajos va a estar latiendo el tema de la reforma de la Constitución para modernizar el sistema autonómico (véase Javier García Fernández: “No hay modernización sin reforma”, El País, 18 de noviembre de 2017).

Para los independentistas, el referéndum pactado es el plan subsidiario de la Declaración Unilateral de Independencia. Desde que gobernaba Artur Mas los independentistas han oscilado entre la Declaración Unilateral de Independencia y el referéndum pactado, según hubiera más prisas, más presiones de las CUP o se viera más débil al Estado (véase Javier García Fernández: “El renacer del referéndum”, El País, 27 de mayo de 2016). En todo caso, ese referéndum pactado es una de las vías que los secesionistas aspiran a recorrer para llegar a la independencia, la vía subsidiaria.

El abogado del ex Vicepresidente de la Generalidad, Junqueras, al recurrir el auto de prisión incondicional de su cliente, ha señalado que de seguir en prisión se le denegaría el derecho de participación, pues aspira a ser candidato en las elecciones del 21 de diciembre y, por ello, a participar en la campaña electoral.

Muchos españoles experimentaron un sentimiento de fracaso y de humillación cuando se vio a varias decenas de Diputados del Parlamento catalán votar una Resolución cuya exposición de motivos (pero fuera del texto declarativo) afirmaba “CONSTITUÍM la República catalana, como Estat independent i soberà”.

En los grandes procesos históricos es posible detectar documentos y declaraciones de sus protagonistas que ofrecen una visión de la realidad certera, sin mentiras ni deformaciones. Otras veces, en cambio, hay que construir una gran mentira para ocultar los verdaderos fines del proceso que se está promoviendo o para deslegitimar al adversario de ese proceso.

La inacabable historia de la pseudo-independencia de Cataluña ha vivido una semana verdaderamente histórica. Acostumbrados desde la Diada de 2012 a los días, semanas y meses históricos que quedaban inmediatamente en agua de borrajas, los días 10 y 11 de octubre de 2017, al fin, han sido verdaderamente históricos. Históricos y, al menos el día 10, patético. Históricos, pero no heroicos.

El mensaje que el Rey dirigió a los españoles la noche del 3 de octubre es un acontecimiento político y constitucional que merece glosarse con detenimiento. En este artículo veremos: a) las posibles razones que movieron a hablar al Monarca; b) su contenido; c) su encaje constitucional; y d) sus eventuales efectos políticos.