Autor: Javier García Fernández

Muchos españoles experimentaron un sentimiento de fracaso y de humillación cuando se vio a varias decenas de Diputados del Parlamento catalán votar una Resolución cuya exposición de motivos (pero fuera del texto declarativo) afirmaba “CONSTITUÍM la República catalana, como Estat independent i soberà”.

En los grandes procesos históricos es posible detectar documentos y declaraciones de sus protagonistas que ofrecen una visión de la realidad certera, sin mentiras ni deformaciones. Otras veces, en cambio, hay que construir una gran mentira para ocultar los verdaderos fines del proceso que se está promoviendo o para deslegitimar al adversario de ese proceso.

La inacabable historia de la pseudo-independencia de Cataluña ha vivido una semana verdaderamente histórica. Acostumbrados desde la Diada de 2012 a los días, semanas y meses históricos que quedaban inmediatamente en agua de borrajas, los días 10 y 11 de octubre de 2017, al fin, han sido verdaderamente históricos. Históricos y, al menos el día 10, patético. Históricos, pero no heroicos.

El mensaje que el Rey dirigió a los españoles la noche del 3 de octubre es un acontecimiento político y constitucional que merece glosarse con detenimiento. En este artículo veremos: a) las posibles razones que movieron a hablar al Monarca; b) su contenido; c) su encaje constitucional; y d) sus eventuales efectos políticos.

Este es el último artículo que aparecerá en esta revista digital antes del domingo 1 de octubre. Sobre ese día sabemos que no habrá un referéndum, pero no sabemos hasta qué grado los independentistas lo considerarán como celebrado (y además, con votación mayoritaria a favor del “Sí”).

La concatenación de actuaciones del Gobierno, del Parlamento, de los partidos y entidades independentistas a lo largo del mes de septiembre nos hace ver que están decididos a celebrar el referéndum allí donde sea posible y, muy posiblemente, reunir el Parlamento los días 2 o 3 de octubre para efectuar la declaración formal de independencia, como prevé el artículo 4.4 de la Ley del Referéndum de Autodeterminación, a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

En el artículo de la semana pasada [“Van a por todas (I)”] señalábamos cuatro elementos que conforman la ruptura independentista, a saber, una actuación que ya no tiene marcha atrás, una operación que se ha impuesto coactivamente a la oposición no separatista, un avance de lo que sería el primer entramado jurídico de la República catalana y, en conexión con lo anterior, la puesta en marcha del instrumento que va a permitir alcanzar la independencia, el referéndum de autodeterminación.

Con la aprobación por parte del Parlamento catalán de las Leyes del Referéndum de Autodeterminación y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (sobre esta última Ley, Javier García Fernández: “La Ley de Transitoriedad Jurídicas y Fundacional de la República”, Sistema Digital, 1 de septiembre de 2017) se ha consumado la ruptura política (que no jurídica, que no sociológica) de los independentistas catalanes y el Estado español.

El lunes 28 de agosto, cuando no habían transcurrido cuarenta y ocho horas de la manifestación barcelonesa contra el terrorismo que manipularon los independentistas, se presentó en el Registro del Parlamento catalán la Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundació de la república. Estamos ante lo que puede ser la primera fase del golpe de Estado que están preparando los independentistas, golpe que culminará, muy probablemente, el 2 de octubre si la mayoría del Parlamento proclama la República catalana.

Hace un siglo, en julio de 1917, se celebró en Barcelona la llamada “Asamblea de parlamentarios” en la que los Diputados de los partidos no dinásticos se reunieron al margen del órgano parlamentario, reunión reprimida por el Gobierno, lo que conectó, semanas después, con la llamada revolución de 1917.