La resistencia de la Administración catalana a devolver los bienes culturales de Sigena es todo un síntoma del destrozo que el independentismo está haciendo a la convivencia cívica en España. En la historia del Patrimonio Histórico siempre ha habido conflictos y reclamaciones que se han solventado, a veces, conforme a Derecho y, otras veces, aplicando la fuerza. La historia de la salida ilegal de los bienes culturales eclesiásticos de la Franja es muy larga. Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo algún Obispo de Lérida que se dedicó a identificar y, en su caso, trasladar a la sede diocesana bienes de las parroquias de la Provincia de Huesca que dependían de la Diócesis de Lérida. Lo mismo ocurrió durante la Guerra Civil cuando las autoridades culturales de la Generalidad republicana trasladaron a Barcelona bienes de templos oscenses, que estaban próximos al frente. En principio nada habría que objetar a ese traslado con fines tuitivos, pero las alarmas sonaron cuando se supo que en esa operación de salvamento participó un historiador del arte catalán, Gudiol, al que se le reprochan operaciones equívocas para enriquecer los Museos de Barcelona y cuando, además, esos bienes nunca volvieron a Aragón.

Pero la gran operación de traslado tuvo lugar a finales del siglo pasado cuando la Santa Sede, mediante el Decreto de la Congregación para los Obispos Ilerdensis – Barbastrensis de finium mutatione, de 15 de junio de 1995, transformó la Diócesis de Barbastro en Diócesis de Barbastro–Monzón y segregó de la Diócesis de Lérida las parroquias situadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, para integrarlas en la nueva Diócesis. La integración de dichas parroquias en una nueva Diócesis determinó que los bienes fueran adjudicados a la nueva Diócesis en virtud de un Decreto de 29 de junio de 1998 dictado por el Nuncio de la Santa Sede en España. La Diócesis de Lérida inició un proceso canónico contra el Decreto del Nuncio y, tras sucesivas instancias, el tema se resolvió mediante el Decreto Definitivo de la Signatura Apostólica de 28 de abril de 2007 que confirmó la adscripción de los bienes a la Diócesis de Barbastro–Monzón. En ejecución de dicho Decreto Definitivo, ambos Obispados firmaron el 30 de junio de 2008, en la sede de la Nunciatura, un Acuerdo sobre la devolución de los bienes, pero ese Acuerdo no ha podido ejecutarse hasta hace pocos meses porque lo impidían las autoridades de la Generalidad de Cataluña (la documentación de este pleito se ha publicado bajo el título Los bienes artísticos de las parroquias de la Franja: el proceso canónico (1995-2008) coordinada por Federico R. Aznar Gil y Raúl Román Sánchez, Zaragoza, 2009).

Ante esa decisión, que sólo pretendía la devolución de unos bienes sacados de sus sedes de forma poca clara, los nacionalistas catalanes inventaron una primera línea de ataque basada en una deformación política del problema. Así se publicó una obra, titulada L’Opus Dei enfronta Catalunya amb l’Aragó. L’art sacre de Lleida en joc (Barcelona, 2006) que, como denota su título, se inventó una operación del Opus Dei contra la cultura catalana. La historia hubiera sido incluso creíble, dada la costumbre de cierta izquierda de descubrir conspiraciones opusino-masónicas si la misma obra no hubiera contenido un capítulo de Montserrat Maciá i Gou titulado “El Museo Diocesà de Lleida: apunts per a la seva història” (págs. 95-116) que si bien intentó destacar la aportación del Museo Diocesano de Lérida a la cultura catalana no pudo evitar señalar que se creó con una finalidad integrista, nada proclive a la difusión popular de la cultura y como respuesta a los tímidos intentos liberales de concentrar los bienes muebles dispersos en Museos Provinciales.

El caso de los bienes de Sigena es un pleito secundario dentro del litigio general de los bienes culturales de la Franja. Se originó cuando las monjas del convento de Sigena se trasladaron a la sede de su Orden en Cataluña y se llevaron todos los bienes histórico-artísticos muebles que tenían depositados desde hacía siglos y a continuación los vendieron a la Administración catalana. Pero la venta fue ilegal, porque no fue notificada (ni menos aún autorizada) a la Administración autonómica de Aragón en tanto que la Generalidad actuó fraudulentamente comprando lo que sabía no podía comprar. Pase que las monjas de Sigena no supieran que necesitaban licencia administrativa para trasladar y vender las piezas, pero no se justifica la negligencia (por pensar bien) de la Administración catalana. Y como lo que empieza mal, acaba mal, todos los Juzgados y Tribunales aragoneses, que han conocido el pleito, han declarado que la venta fue ilícita y que los bienes deben devolverse al territorio aragonés.

En este pleito hay que destacar dos circunstancias. Por una parte se ha planteado que la Administración catalana debe recuperar el precio pagado a las monjas, pero para ello se invoca que esta Administración era un tercero de buena fe. ¿De buena fe? ¿Puede haber buena fe en una Administración cuyos funcionarios saben, o deben saber, que la circulación de bienes culturales entre Comunidades Autónomas no está prohibida pero, conforme al Derecho autonómico, necesita autorización de la Administración del territorio de origen. Si aun así la Generalidad de Cataluña compró bienes, no se puede invocar la condición de tercero de buena fe. En segundo lugar, en los intentos del Ayuntamiento de Sigena (con la Administración aragonesa como coadyuvante), para ejecutar las diversas resoluciones judiciales, las autoridades catalanas han invocado la legislación catalana de Patrimonio Histórico para no extraer los bienes muebles de los Museos donde estaban depositados. Es un fraude, porque la legislación procesal es única en todo el Estado y frente a ésta no se puede invocar una legislación doblemente sectorial, por su eficacia territorial limitada y por disciplinar un ámbito sectorial como es el Patrimonio Histórico. Aun así, Aragón negoció el tema con Cataluña y el Consejero Santi Vila llegó a un acuerdo con el Gobierno aragonés y que el exVicepresidente Junqueras lo vetó.

Con estos precedentes, el Poder Judicial, harto de que sus resoluciones fueran desoídas por las autoridades catalanas, ha aprovechado la intervención política del Gobierno catalán para lograr que al fin la Administración no siguiera aplicando vías de hecho para obstaculizar la ejecución de las decisiones judiciales de devolución de los bienes. Y aquí vamos a adelantar tres reflexiones políticas finales.

En primer lugar, la manipulación política de la cultura y del Patrimonio Histórico. En el imaginario nacionalista catalán el arte medieval (especialmente el gótico) se ha convertido en seña de identidad de la cultura catalana. Po eso la política de rapiña de los nacionalistas catalanes desde el siglo XIX para concentrar en Museos catalanes el arte medieval de todos los territorios de la Corona de Aragón. Y consumado el saqueo, el ladrón se reafirma en su robo e inventa lo indecible para no devolver lo robado por una cuestión de principio. Las obras de Sigena, en su mayor parte, no estaban expuestas (como reconoció el sensato editorial de La Vanguardia de 13 de diciembre de 2017) y siendo valiosas, no eran obras de primer orden ni menos aún representativas del Patrimonio Histórico-Artístico catalán. Si es así, ¿por qué la insistencia de la Generalidad? Por principio, porque nada que “huela” a identitario se somete a la más mínima flexibilidad. Esta idea debe llevarnos a otra: se dice con frecuencia que en un posible acuerdo con los nacionalistas catalanes, el Estado debería reconocer a Cataluña la competencia exclusiva en materia de cultura. Creo que sería un error porque se otorgaría a los independentistas otra oportunidad para manipular lo identitario que es una de las principales armas de socialización y de separación del resto de España.

En segundo lugar, las manifestaciones convocadas por los independentistas ante el Museo de Lérida para impedir (si podían) y para protestar por la salida de las piezas es un buen ejemplo de lo que es hoy la política catalana. Los independentistas han degradado tanto la convivencia que no entienden otra acción política que la de la calle para impedir por la fuerza que se aplique el Derecho de la sociedad democrática. La política catalana la hacen hoy bandas callejeras que, como los nazis, ocupan los lugares públicos sin que nadie proteste.

En tercer y última ligar, debe recordarse el papel jugado por el Alcalde de Lérida y Presidente del PSC, que protestaba en la radio por la salida de las piezas mientras era injuriado por las bandas que asediaban el Museo. Igual que, como decía Maurice Thorez años cuarenta, hay que saber acabar una huelga, el PSC debe saber cortar con los argumentos identitarios cuando son falaces: ciertas reivindicaciones, por muy catalanas que sean, son injustas cuando no delictivas. Ni todo lo que huele a perfume catalán es políticamente adecuado ni todo vale para ganar elecciones.

En todo caso, como escribe Joaquín Coll (“Sigena en campaña”, El Periódico, 14 de diciembre de 2017) nada que ver con la aplicación del artículo 155, porque la Administración catalana ya había devuelto cincuenta y tres obras en julio de 2016. Y entonces, ningún energúmeno de los Comités de Defensa de la República protestó.