Si algo caracteriza a los independentistas es que son bastante predecibles. Puede parecer errónea esta idea cuando al día de hoy no sabemos qué va a hacer Puigdemont pero esa circunstancia personal no empece el hecho de que casi todos los pasos que han ido dando en el camino de la secesión habían sido anunciados previamente a través de noticias tentativas, a ver qué respuesta tenían en amigos y en adversarios. Hace varias semanas que los independentistas de la rama Puigdemont están lanzando la idea de la investidura telemática y, como es habitual en los secesionistas, esa idea se repite cada vez. Quiere ello decir que posiblemente lo estén pergeñando sus juristas. ¿Cómo podría ser la elección telemática? ¿Qué validez jurídica tendría? ¿Qué significaría políticamente?

La elección telemática del Presidente de la Generalidad no tiene la menor previsión en el ordenamiento catalán. El Estatuto de Autonomía guarda silencio sobre la elección del Presidente salvo su artículo 67.2 que contiene una exigencia, que sea elegido entre los miembros del Parlamento. No es casual este silencio porque los catalanistas han preferido hacer una remisión a una Ley autonómica propia antes que esta materia sea regulada por una Ley estatal.

La Ley catalana 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno, establece que el candidato “presenta su programa ante el Pleno” (artículo 4.3) pero, efectivamente, no exige de manera expresa que esté presente en el salón de plenos. Por su parte, el Reglamento del Parlamento señala que el candidato presenta sin límite de tiempo el programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno (artículo 146.1). El apartado siguiente del mismo artículo regula el debate entre el candidato y los Diputados y tal como está configurado parece complicado (pero no imposible) ese debate a través de un sistema de televisión pues tendría que haber una forma de conexión telemática entre el Presidente del Parlamento y el candidato para expresar su intención de replicar a uno o a varios Diputados.

Insertar la presencia a distancia, a través de una terminal, del candidato a Presidente tiene, a mi juicio, tres problemas, a saber:

  • como accede Puigdemont previamente a la condición de Diputado: si el ex – Presidente sigue huido fuera de España, no puede acceder al pleno ejercicio de su condición de parlamentario si no presenta en el Registro del Parlamento la credencial expedida por la Junta electoral correspondiente, promete o jura respetar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía y presenta la declaración de actividades y bienes que exige el artículo 23.1 Reglamento. Se ha dicho, para Puigdemont y para el resto de los Diputados fugados o encarcelados, que la presentación de estos documentos podría hacerse a través de un representante pero a mí me parece que se trata de un acto personalísimo que no se podría delegar porque, de seguir esa lógica, también podría acudir al Pleno un representante. La entrega de la documentación prevista en el artículo 23.1 del Reglamento es una condición personal que la Mesa del Parlasmento no podría interpretar de otra manera. Además, ¿Puigdemont va a jurar (porque es cristiano como su cómplice Junqueras) respetar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía? En todo caso, si se produjera la adquisición de la condición de parlamentario por poderes, el Gobierno debería impugnar ese acto ante el Tribunal Constitucional;
  • cómo interviene en el debate, presenta sin límite de tiempo el programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno. Si el candidato está ausente del salón de plenos y aún de España, no hay absoluta constancia de que es él mismo y actúa con voluntad propia. Sería un candidato disminuido al que Parlamento nunca debería otorga la confianza. Cierto que la mayoría secesionista podría imponer, de capón, un cambio en el Reglamento, como ya lo han hecho anteriormente. Pero si así se hiciera el Gobierno debería recurrir la reforma sabiendo que, como se ha visto, los independentistas pueden hacerlo en cuestión de minutos;
  • cómo adquiere la condición de Presidente de la Generalidad. Si forzando o modificando el Reglamento (que tanto da), la parte independentista del Parlamento (con o sin sus aliados de los Comunes) otorgara su confianza al fugado Puigdemont, ¿para qué serviría? Para nada. El nombramiento de Presidente de una Comunidad Autónoma de primer grado se realiza mediante un Real Decreto expedido por el Rey con el refrendo del Presidente del Gobierno (artículo 152.1 de la Constitución). ¿Es imaginable que el Presidente del Gobierno someta al Rey y ulteriormente refrende un Decreto ilegal? ¿No es más seguro que al amparo de los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el Gobierno impugne ese nombramiento y sea suspendido de inmediato por el Tribunal Constitucional? (véase al respecto, Javier García Fernández: “¿Puigdemont o Junqueras pueden ser presidentes?”, El País, 23 de diciembre de 2017).

Luego, una elección sin la presencia física de Puigdemont estaría llena de irregularidades, carecería de validez jurídica y seguramente sería impugnada por el Gobierno y suspendida por el Tribunal Constitucional. Aun así, ¿lo harán?

A mi juicio, salvo que Junqueras sea puesto en libertad (en cuyo caso, todas las previsiones se rompen), Puigdemont forzará esa elección porque:

  • es la única ,manera de legitimarle como Presidente en el exilio y probablemente va a segur en el exilio porque no parece que quiera pasar muchos o pocos día en prisión;
  • comporta otro enfrentamiento con el Estado, y ese enfrentamiento parece insertarse en la estrategia de lucha a muerte que sostiene el ex –Presidente.

Luego, es posible que veamos en muy pocos días el comienzo de nuevas ilegalidades por parte del Parlamento. En ese caso, habrá que replantearse si la aplicación de la medidas del artículo 155 son adecuadas o hay que pensar en alguna otra iniciativa.