La nueva crisis parlamentaria provocada por la ruptura del acuerdo ultimado por el Gobierno y por el Partido Popular para la elección de Vocales del Consejo General del Poder Judicial es la enésima crisis que afecta a un órgano constitucional mal diseñado, que no ha logrado superar su deficiente regulación en la Constitución. El problema político del Consejo es doble, porque afecta al modo de elección y a sus atribuciones.

La Constitución, en su artículo 122.3, estableció que el Consejo está formado, además de por su Presidente, por veinte Vocales, “[D]e éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica”. Esta ambigüedad o indeterminación sigue condicionando una solución razonable.

El Consejo General del Poder Judicial, por ser el órgano de gobierno de un Poder del Estado (el único que tiene tal denominación en la Constitución) es un órgano constitucional, un órgano del Estado. Por eso, al no ser elegido por sufragio universal, debe ser elegido por un órgano representativo del Estado como es el Parlamento, pues no parece acorde con el principio democrático (artículo 1.1 de la Constitución) que un órgano constitucional del Estado, con funciones de ordenación de la vida del Estado, sea elegido por los funcionarios que sirven a ese Poder. Sin embargo, con un Gobierno de la derecha, mediante la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial, se decidió que los doce Vocales de origen judicial fueran elegidos por los Jueces y Magistrados, dando la mayoría del Consejo a Vocales con legitimidad corporativa y no democrática, que es la que tendrían si hubieran sido elegidos por las Cortes. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cambió el sistema de elección, atribuyendo la elección de todo el Consejo a las Cortes, pero manteniendo la esencia de esa elección parlamentaria. Cuando el Partido Popular ha tenido mayoría ha modulado el sistema de elección atribuyendo a las asociaciones judiciales una facultad de propuesta de candidatos.

Éste es el modelo que ahora acaba de estallar al retirar el Partido Popular las candidaturas pactadas con el Gobierno por un motivo fútil que, en todo caso, avergonzaría a ese partido (el WhatsApp de Cosidó). Pero todo tiene explicación, porque sin renovación del Consejo, al haber prorrogatio, seguirá gobernando el Poder Judicial el actual Consejo presidido por Lesmes.

Si alguna vez se reforma la Constitución, hay que buscar un modelo nítido de elección a cargo de las Cortes Generales, sin interferencias corporativas que, además, siempre benefician a la derecha.