La aplicación del artículo 155 de la Constitución en las cuatro Provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña fue un hecho especialmente traumático para muchos catalanes y para muchos españoles no catalanes. Para los partidarios de la independencia y de los métodos inconstitucionales empleados por sus dirigentes, la disolución del Gobierno y del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas se vivió como un nuevo 11 de septiembre. Para muchos españoles, catalanes o no catalanes, la aplicación del artículo 155 les hizo ver que España estaba al borde del abismo, con unos partidos independentistas que estaban asaltando el Estado democrático.

Desde la semana pasada la situación en Cataluña se han encrespado por la concatenación de gestos de rebelión del independentismo (desautorización de los Mozos de Escuadra por el presidente Torra y el Consejero Buch, pasividad de esa misma Policía ante los cortes de autopistas, incitación a la protesta callejera ante la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, invocación del modelo esloveno como ejemplo a seguir, etc.) y si bien el Gobierno catalán ha bajado la tensión ante la celebración del Pleno del Congreso del 12 de diciembre, la sensación de vértigo ha aumentado, se ha llegado a hablar de aplicación del artículo 155 de la Constitución y, desde el otro extremo, la derecha vuelve a acusar al Gobierno por tibieza.

Es paradójico que el Partido Popular y Pablo Casado acusen de tibieza al Gobierno del Presidente Sánchez cuando el Gobierno del Presidente Rajoy aplicó el artículo 155 demasiado tarde, tan tarde que no impidió el pseudo-referéndum (que sólo se hubiera podido impedir interviniendo previamente el poder autonómico). Es igualmente paradójico que Ciudadanos, que desaprovechó su relativo triunfo en las elecciones catalanas sin intentar formar un frente anti-independentista, pretenda aplicar ese precepto constitucional. Porque los supuestos de hecho de ese artículo aún no se dan aunque es posible que en el futuro vuelvan a aparecer. Pero no se puede jugar frívolamente con un mecanismo constitucional necesario pero muy delicado.

Es verdad que el independentismo, quizá intuyendo su fracaso, gesticula más que un orangután cuando en la selva pretende demostrar que es macho alfa pero la aplicación de un artículo 155 requiere una importante formalización de las conductas previstas en el precepto. Las declaraciones de Torra o de Buch descalificando la conducta de los Mozos o las declaraciones del mismo Torra respecto a Eslovenia no justifican por sí sola una medida tan radical. La inacción ante graves desórdenes públicos sólo se vería justificada si fallara la potestad coordinadora de las Policías autonómicas prevista en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 y, si se diera ese desbordamiento quizá habría que pensar antes en declarar el estado de excepción. Pero nada de eso ha ocurrido y más bien los independentistas han reculado antes las cartas que han recibido del Gobierno.

El problema del Partido Popular y de Ciudadanos es que están haciendo, en sentido opuesto, las mismas gesticulaciones que los independentistas (y que los gorilas). Deberían calmarse y ponerse a disposición del Gobierno porque el mensaje de unidad, que dio Pedro Sánchez a Rajoy entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, es el primer requisito para debilitar el independentismo.