En la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado, 12 de diciembre, los máximos dirigentes del Partido Popular y de Ciudadanos, Casado y Rivera, vincularon la petición de la nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución con la exigencia de disolución de las Cortes. Casado y Rivera creen que, tras las elecciones andaluzas, sus respetivos partidos podrían ganar unas nuevas elecciones y, si les faltara algún escaño, vendría Vox en su ayuda, dando por descontado que ese partido entraría en el Congreso. Pero no sólo es la derecha la que pide nuevas elecciones. También lo pide El País y, en privado, algunos socialistas. Es curioso, como han apuntado algunos comentaristas, que Casado y Rivera caigan en la incongruencia de pedir dos medidas antitéticas porque, de disolverse las Cortes, ¿cómo se aplicaría el artículo 155? Por eso es pertinente preguntarse qué ventajas y qué inconvenientes tendría disolver las Cortes Generales y convocar nuevas elecciones.

Lo primero que hay que decir es que todos los sondeos apuntan a unos resultados no muy distintos de los que se dieron en junio de 2016, quizá, a lo sumo, con la emergencia de Vox. Ello significa que la derecha y la izquierda tendrían serias dificultades para formar Gobierno, y el que se formara necesitaría para la investidura el apoyo de los partidos extremistas (Podemos y Vox, respectivamente) y, para el PSOE, los votos de los independentistas. En el caso del PSOE los sondeos apuntan que, a diferencia de Andalucía, este partido podría obtener cuarenta o cincuenta escaños más, pero, naturalmente, a costa de Podemos y en menor medida de Ciudadanos, no del Partido Popular, del que se trasvasarían pocos votos.

Con ese panorama, ¿para qué va a disolver el Presidente las Cortes? Hay que poner por delante el valor de la estabilidad gubernamental y ese valor, probablemente, no se reforzaría tras unas elecciones. A causa del cambio de sistema de partidos, vivimos, como dijimos hace algunas semanas (Javier García Fernández: “¿Está cambiando el paradigma del sistema parlamentario?”, Sistema Digital, 24 de octubre de 2018), ante un cambio de paradigma del parlamentarismo, donde va a ser difícil obtener mayorías estables suficientes. Eso exige acudir al Decreto-Ley con más frecuencia de la que se necesitaba hasta la presente legislatura, y cada Ley va a ser un resultado de pactos singulares con Grupos Parlamentarios distintos. Es muy probable que, tras las elecciones, el panorama parlamentario, en su conjunto, no variara mucho: o bien una mayoría inestable de izquierdas (con más escaños del PSOE a costa de Podemos) o bien una mayoría igualmente inestable de derechas (donde Ciudadanos y Vox arrebatarían algunos escaños al Partido Popular). Y en medio, un número similar de escaños nacionalistas e independentistas. Ninguna estabilidad parlamentaria, en todo caso.

Con ese previsible escenario, el Gobierno tiene por delante UN TERCIO DE LEGISLATURA y en ese tercio se pueden aprobar normas importantes que desarrollen el programa de investidura del Presidente y el programa electoral de su partido, medidas dirigidas al bienestar de unos ciudadanos que han sufrido la austeridad del Gobierno de Rajoy. Además, como apuntamos al comienzo de este artículo, sería irresponsable dejar sin Gobierno a este país con la rebelión catalana.

En definitiva, parece más prudente agotar la legislatura, aplicar las políticas públicas que las Cortes permitan y encauzar la rebelión independentista y mantener el valor de la estabilidad parlamentaria.