Cuando un partido es desalojado del Gobierno, necesita apoyarse en los órganos estatales que controla para desplegar la oposición al nuevo Gobierno. Al perder el Gobierno, el Partido Popular se ha asentado en el Senado como principal órgano constitucional desde el que realizar su política de oposición contra el Gobierno del Presidente Sánchez. Nada criticable en principio, aunque podríamos recordar que esta Cámara posee un sistema electoral y una composición que provoca grandes distorsiones de representación que se traducen en un sobre-representación del Partido Popular. Lo que ya es más criticable es que al amparo del control del Senado el Partido Popular ejecute acciones poco éticas que, además se desvían de las funciones constitucionales del Senado.

La semana pasada el Pleno del Senado, con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, ha acordado crear una Comisión de Investigación sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez. El mecanismo no deja de ser perverso pues los periódicos de la derecha (ABC, El Mundo y La Razón) se han inventado un falso escándalo y tras difundirlo lo llevan al ámbito parlamentario para alimentar la confrontación con el Gobierno.

Que el Partido Popular, con sus aliados de la prensa y con Ciudadanos, siga aferrado a las no demostradas irregularidades de la tesis de Pedro Sánchez es, hoy, un sarcasmo porque si hay algo probado (con o sin consecuencias penales pero en todo caso probado) es la participación de Pablo Casado en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos, cursado precisamente en el Instituto de Derecho Público. También está probado que el mismo Casado cursó la licenciatura en Derecho en tiempo record, en un centro universitario dominado por la derecha y si la Universidad Complutense ha dado por buena esa rapidísima carrera es por no desprestigiar sus centros docentes, aunque nada impide la sorpresa por la capacidad del dirigente del Partido Popular por aprobar muchas asignaturas en una sola convocatoria. Con los peculiares antecedentes académicos de Pablo Casado, hay que tener osadía para investigar los antecedentes académicos de otras personas, máxime cuando han pasado diversas pruebas de validación sin que nadie haya señalado el menor atisbo de plagio o de diferente autoría.

¿Puede investigar el Senado la tesis doctoral de un ciudadano que, cuando la redactó y defendió, era ajeno al Gobierno de la Nación? La Constitución regula dos institutos próximos al servicio del control parlamentario, pero con rasgos muy diferentes. Por una parte, el artículo 66.2 establece que las Cortes Generales ejercen el control del Gobierno. Por otro lado, el artículo 76.1 prevé que las Cámaras pueden crear Comisiones de Investigación “sobre cualquier asunto de interés público”. Dado el alcance de la investigación, es obvio que la misma no tiene por fin el control del Gobierno, pero es verdad que la amplitud de la referencia al interés público de ese artículo 76.1 de la Constitución justificaría, en principio, una investigación sobre el pasado académico de quien hoy es Presidente del Gobierno. Pero esa primera impresión debería modularse.

Una Comisión de Investigación comporta una indagación sobre una o varias personas, indagación que puede incidir sobre el derecho fundamental a la intimidad. Por ello, desde que una Comisión de Investigación penetra en el perímetro de la intimidad de las personas necesita un presupuesto de hecho que justifique esa investigación, entendiendo por presupuesto de hecho un dato objetivo que haga pensar en alguna irregularidad de trascendencia pública. No es el caso de la tesis de Pedro Sánchez, que ha sido puesto en cuestión no por una denuncia solvente sino por el propio Partido Popular que, cercado por las peculiaridades de los estudios universitarios de su Presidente, huyó hacia adelante trayendo a colación una tesis doctoral que nadie consideraba irregular. Y a continuación el Partido Popular usó a sus entusiastas aliados mediáticos para inventar irregularidades inexistentes. Por eso, aunque el perfil académico del Presidente del Gobierno podría poseer interés público, la inexistencia real (no inventada por un partido y por su prensa afín) de un presupuesto de hecho no justifica una investigación.

Dicho de otra manera, una Comisión de Investigación necesita, en primer lugar, un presupuesto objetivo, es decir, un hecho investigable. En segundo lugar, que ese hecho investigable tenga interés público. Y, en tercer lugar, que la investigación no lesione derechos fundamentales. Pero en el caso de la tesis de Pedro Sánchez falta el primer requisito, el hecho digno de investigar pues sólo los proponentes del Partido Popular, sin el menor indicio o prueba, han atisbado interés digno de investigación.

En definitiva, como también se está viendo con la actuación de la Mesa del Congreso de los Diputados y de su Presidenta, el Partido Popular utiliza métodos poco acordes con la Constitución para hacer su política parlamentaria de oposición. Y la Comisión de Investigación sobre la tesis de Pedro Sánchez es otro ejemplo de esa oposición poco leal y poco acorde con la Constitución.