Autor: Mario Bedera

La crisis económica y la gestión que de ella ha hecho el Partido Popular han modificado las reformas a emprender en la universidad. Tal vez la crítica más severa que merecen las políticas universitarias conservadoras ante los problemas tradicionales de nuestra universidad y a los generados en la nueva coyuntura, es que no han existido. Mientras en algunos países, como Alemania, se alcanzaban acuerdos entre fuerzas políticas y agentes económicos y sociales para incentivar la investigación en la universidad con el propósito de lograr una rápida salida de la crisis, en España, la decisión del Gobierno popular fue la de abandonarla a su suerte con el objetivo de facilitar la intervención de agentes privados portadores de una “cultura empresarial” que alteraran el equilibrio existente en la enseñanza superior, como ya habían hecho en la secundaria, y conformar lo que Whitty (1997) ha denominado un cuasi-mercado educativo.

Que la educación interesa a los españoles es un hecho incuestionable: el término “educación” arroja en el motor de búsqueda Google 410 millones de resultados, superior a otros como “salud”, 398 millones, “política”, 279 o “economía”, 267, tenidos por muy importantes.

Esta breve consulta acientífica no nos dice nada que no sepamos desde que Cicerón se preguntara qué mayor regalo se podía hacer a la República que educar a la juventud. La educación nos concierne y nos preocupa. Es una de esas realidades sobre las que existe la convicción generalizada de su importancia. Pero, si es así, ¿por qué razón un bien tan superior no se impone a los intereses particulares y acaba concitando un gran acuerdo en torno a él?