Como señalábamos en el artículo anterior, donde se presentaban los previsibles escenarios alternativos para la globalización y el papel del comercio de mercancías y de servicios mundiales, cuál sea el que finalmente prevalezca va a venir muy condicionado, entre otros aspectos, por cuales sean las pautas de cambio socioeconómico hasta que acabe la pandemia. Y, tras ellas, las asociadas a la revolución científico-técnica y a las nuevas pautas de control social que la propia pandemia ha acelerado en su aplicación práctica. En este artículo intentamos considerar las mismas y sus efectos sobre España.

En mayo, la Comisión Europea estimaba que los efectos globales de la pandemia del Covid-19, para 2020, generarían una caída del PIB mundial del orden del 3,5%, superando el 7,5% para la UE28 y del 9,4% para España. Otras estimaciones dan un intervalo de variación, en términos reales, del 5,7% al 13,5% para España; del 5,2% al 11,1% para la eurozona; y del 2,7% a 6,5% para el mundo, con incrementos en la deuda pública, a final del año 2020, que la llevarían a del orden del 103% del PIB, para la eurozona, y del 116% para España. Hechos asociados a que los gobiernos de todo el mundo han respondido a la pandemia lanzando paquetes de estímulo considerables para proteger vidas, empresas y empleos, que superan ya el 15% en Francia y Portugal, el 21% en Alemania, el 22% en Italia, o el 16% por ciento del PIB en España.

En nuestro país, las líneas de intervención acordadas en el Pacto de legislatura del Gobierno de coalición que tomó posesión en España el 13 de enero de 2020, se han visto abruptamente afectadas, como el conjunto de la sociedad, por la pandemia del Covid-19, y por la necesidad de intervenir con la Declaración del Estado de Alarma, por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y los sucesivos decretos posteriores que han paralizado y condicionado una parte muy sustancial de la actividad socioeconómica.

En paralelo, como veíamos en el artículo anterior, probablemente se va a intensificar el freno a la globalización ligada a los movimientos de personas y mercancías, aunque manteniéndose la globalización en servicios por vías telemáticas; y se van a potenciar las políticas de resiliencia y eficiencia, tanto en el sector público como en el privado, buscando la capacidad de absorber los efectos de potenciales nuevos “cisnes negros” y de recuperarse eficientemente de estos lo antes posible. Para ello, las multinacionales y grandes empresas están ya adecuando las cadenas de suministro y la relocalización de actividades básicas en los procesos productivos, así como estableciendo estructuras de gobierno resilientes, que permitan la sustitución de personas relevantes que se vean afectadas por enfermedades o desastres, sin afectar a la gobernanza.

Porque la pandemia ha interrumpido de una manera radical las cadenas globales de producción, con costes y consecuencias heterogéneos en los distintos sectores de actividad, minimizando las necesidades de transporte, produciendo una relocalización/distribución de actividades (el caso de Renault-Nissan, con la distribución de fábricas y mercados es paradigmático), con una prevista clara reducción futura de la globalización del comercio internacional de mercancías. Y en la misma línea hay que situar el impulso dado por la pandemia a la Impresión en 3D, cuyas ventajas, todavía incipientes, se han puesto de manifiesto para la dotación de productos imposibles de importar, o a los que acceder en el tiempo y forma necesario.

Junto al mantenimiento de la clara tendencia decreciente registrada previamente a la pandemia en el comercio internacional de mercancías, el creciente incremento del comercio internacional de servicios, señalado en el artículo anterior[1], irá ligado a sectores fuertemente potenciados por el aumento de los teleservicios y del teletrabajo, procesos ambos que han registrado un fuerte impulso, junto al telecomercio y teleocio como consecuencia de la pandemia. También la telesalud y el teleaprendizaje se han visto incentivados por el cierre relativo de centros sanitarios –salvo para tratar el Covid19- y total de la enseñanza.

La progresiva implantación de tecnologías digitales que facilitan los tele-procesos, según el Informe citado de la OMC, reducirán, cara al horizonte del 2040, los costes de su uso y llevarán a que la participación de los servicios en el comercio mundial aumentará en un 50% para 2040 respecto a 2018. Todo lo cual incrementará la importancia de los flujos de datos, de la propiedad intelectual y de las inversiones en infraestructura digital.

En todo caso, la pandemia ha generado cambios en el comportamiento cotidiano de miles de millones de personas y de empresas, que previsiblemente acelerarán las tendencias señaladas, ya presentes en la sociedad pre-pandemia: la digitalización, el uso de nuevas tecnologías, el Internet de las cosas (IoT) y la aplicación de todo lo que significa “a distancia”: teletrabajo, telecomercio, teleocio, telesanidad, telecontactos, teledeporte, teleenseñanza, o el acceso a distintos servicios públicos o financieros[2]. Se destaca con generalidad la importancia de la salud y de la I+D+i y, en paralelo, se ha incentivado la previsión de riesgos (citándose con una frecuencia altamente generalizada el cambio climático) y la resiliencia ante los mismos, junto al señalado uso de la automatización, de la inteligencia artificial y de las tecnologías de control social, que han registrado un incremento en su aceptabilidad en países democráticos.

El confinamiento obligatorio en los hogares ha hecho que mucha personas hayan tenido que limitar sus relaciones al uso del ordenador o del smartphone: telecomercio, incluso para acceso a las redes locales de productos de cercanía; teleocio (videojuegos, música, películas, …); telemedicina, incluido el diagnóstico de infección por la pandemia; teledocencia[3]; o teletrabajo.

Una idea de la evolución prepandemia podemos tenerla a partir de los informes recién publicados de Cisco[4] y la Fundación Telefónica[5]. En ambos se recoge la evolución de la digitalización y sus tendencias en el mundo, y, en el caso de Telefónica, con más detalle para España. También, desde el punto de vista de la situación de la I+D+i en España, aspecto íntimamente ligado a nuestra integración en la actual revolución científico-técnica, el Informe COTEC[6] señala que España tiene muy importantes carencias, con una inversión en I+D, en el año 2018, del 1,24% del PIB, muy lejos del objetivo del 2% para 2020, del 2,11% de media de la UE28, en 2018, y lejos del 1,40% que se alcanzó en 2010. Y en esta evolución hay que destacar el negativo comportamiento del sector público, tanto en esfuerzo económico presupuestario como en grado de ejecución de los presupuestos disponibles, situándose, en 2018, por debajo del 50% de las aportaciones totales; e, incomprensiblemente, con una participación creciente de préstamos sobre subvenciones y de una pérdida de personal investigador público desde 2010 a 2018 (-4%).

global de incorporación de la Revolución Científico-Tecnológica (RCT) al diseño de una nueva normalidad, en el marco de una globalización que tiene esa RCT como seña de identidad del nuevo futuro.

El Informe de Cisco señala que en el mundo existen en la actualidad más de 3.900 millones de personas (más del 51% de la población mundial) que es usuaria de Internet, que esperan que crezca hasta el 66% para 2023. Según el Informe de Telefónica, en España la situación es especialmente positiva, pues 9 de cada 10 españoles son ya usuarios de Internet. Aspecto a valorar al igual que el hecho de que España ocupe el tercer lugar entre los países de la OCDE en despliegue de fibra óptica (tres de cada cuatro hogares tienen cobertura de fibra óptica) y, en 2019, el undécimo puesto en la UE28 en el DESI (Índice de la Economía y la Sociedad Digitales) gracias a su elevada conectividad y a la amplitud de los servicios públicos digitales[7].

Pero, hasta ahora, el teleocio digital ha sido el motor del crecimiento del uso de internet en España, seguido de las compras online y de los servicios financieros, habiéndose convertido el smartphone, en el dispositivo clave de nuestra vida digital, según señala el Informe de Telefónica citando al INE[8].

Para el citado Informe de Telefónica, en España el problema no es de conectividad ni de uso de internet, sino de adopción de la tecnología digital en el sector productivo, tanto por inadecuada formación digital[9], como por insuficiente digitalización de las empresas[10]. Y el problema tiende a crecer ante un futuro asociado a la tecnología 5G, que será capaz de articular eficientemente un ecosistema digital en el que actualmente hay más de 7 000 millones de aparatos conectados, cifra que se espera que supere los 21 500 millones en 2025, con un procesado de los datos generados por el internet de las cosas más cerca de donde estos se crean (edge computing)[11].

Un futuro más inclusivo desde la perspectiva digital implicaría incrementar la conectividad, mejorar la capacidad de acceso a Internet, y dotar de competencias digitales a toda la población, al margen de su género y edad. Sin embargo, la intensificación de la digitalización de la vida cotidiana y económica poco cambiará en materia de precariedad social y sostenibilidad ambiental, y previsiblemente colaborará en la reducción de puestos de trabajo por la aparición de nuevas aplicaciones, plataformas y robots[12]. Igualmente, afectará a las relaciones productivas y sociales, con un peso creciente del papel de los algoritmos en las mismas, y debilitará la capacidad de sindicatos y trabajadores por el incremento del trabajo autónomo, plataformas digitales y predominio de relaciones “online”.

España partía de un crecimiento medio anual en su PIB del 2,6%, de 2013 a 2019, de una reducción de la deuda de las empresas (del 111% del PIB, en 2007, al 75% en 2018) y de las familias (del 82% del PIB, en 2007, al 59% en 2018), que les habían situado en niveles medios similares a la UE28. Pero descompensada por la deuda estatal, que había pasado del 40% del PIB, en 2007, al 98% en 2018, situándose casi 20 puntos por encima de la media de la UE28, según EUROSTAT[13].

Igualmente, en términos relativos respecto a la UE28, España, con un 14% del PIB asociado al turismo, y con un 55% de los ingresos totales asociados a los turistas internacionales (frente al 29% de la media mundial), muestra una significativa especialización funcional productiva en este sector, fuertemente afectado por la pandemia y las medidas adoptadas para combatirla, y una estructura empresarial dominada por la pequeña y mediana empresa (las PYME de menos de 20 empleados representan del orden del 47% del empleo). Estructura que no es independiente del hecho de que España presente una productividad -medida en valor añadido bruto por empleado (VAB/empleo)- del orden de un 26% inferior al de la UE28. Ni a que la conjunción de ambos factores determinaba una estructura potencialmente menos resistente, en capacidad de respuesta (capitalización y liquidez), a las medidas adoptadas para frenar la mortalidad de la pandemia.

Las medidas fiscales del Gobierno para asegurar la imprescindible cohesión social (culminada el 29 de mayo de 2020 con el establecimiento del Ingreso Mínimo Vital -IMV- contra la pobreza), y el mantenimiento del empleo y supervivencia de las empresas y autónomos, implican un fuerte crecimiento del déficit[14] y de la deuda pública que deberán financiarse a muy largo plazo. Y condicionarán las posibilidades de actuación futura de forma más o menos grave, en función del comportamiento del BCE y de las decisiones que finalmente adopte la UE sobre trasferencias y mutualización de las deudas, así como sobre las formas de devolución de los préstamos utilizados.

En principio, estimaciones sobre la relativa incidencia y ritmo de recuperación de los distintos sectores productivos en España, pueden apreciarse en la Figura siguiente, que señala que son precisamente los sectores ligados al turismo, restauración, ocio y transporte los que registrarán, previsiblemente, un mayor shock y tardarán más en conseguir la recuperación a situaciones similares a las de 2019.

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[1] En él se recogía cómo la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su Informe sobre el Comercio Mundial 2019 (https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/00_wtr19_s.pdf), señala que los servicios se han convertido en la columna vertebral de la economía mundial y en el componente más dinámico del comercio internacional, gracias, sobre todo, a la digitalización.

[2] La creciente expansión de las fintech y la creciente digitalización llevarán a una importante reducción del número de sucursales bancarias por habitante (que, en 2019, eran 56 por cada 100,000 habitantes, frente a una media de 32 en la UE28), con una nueva redefinición del espacio urbano, tanto en ciudades como en el medio rural.

[3] En educación, se estima que más de 1.500 millones de estudiantes en 188 países (el 72% del total) han tenido que acceder a la docencia por internet, lo que ha marginado a los que tienen acceso a la red.

[4] https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html

[5] https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/sociedad-digital-en-espana-2019/699/#openModal

[6] https://online.flippingbook.com/view/1027758/

[7] El Informe de Telefónica, con datos del INE, señala que, en 2018, la teleadministración (eAdministración) se utilizba por el 57% de la población, superando la media europea (52%).

[8] INE (2019), Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. Datos de junio de 2019 (www.ines.es).

[9] En nuestro país poco más del 32% poseen capacidades digitales básicas (la mitad de las personas entre 16 y 74 años). Los usuarios con capacidades digitales avanzadas son el 36% en 2019 (32% en 2017).

[10] En su Informe, Telefónica señala que un 23% de las compañías grandes y medianas hacen un uso regular del cloud computing, pero sólo el 9% de las de menos de 10 personas empleadas. El uso de big data sólo está presente en el 10% de las pymes y grandes empresas, y sólo en el 2% de las de menos de 10 personas empleadas, que representan en torno al 95% del tejido empresarial de nuestro país. Y sólo se solo cuenta con un 5% de empresas digitalmente punteras en comparación con el 10_% de media mundial.

[11] Mundialmente, los usuarios de internet se conectaban con 18,4 millones de dispositivos (2,4 dispositivos en red per cápita) que tienden a subir a 3,6 dispositivos per cápita para 2023, de los cuales corresponderán a máquinas conectadas a máquinas (conexión M2M, directamente ligada a la IoT) en un 50% (frente al 33% actual), perteneciendo el 74% de dispositivos y conexiones a los consumidores y el 24% restante al sector negocios.

[12] La estimación del porcentaje neto de empleos en peligro de desaparición varía mucho con las fuentes y las hipótesis que se asuman. Se estima, como media de las mismas, que puede haber una destrucción algo superior al 40% de todos los empleos mundiales manuales por la automatización, y algo más del 10% neto para los empleos que requieren competencias manuales y digitales, teniendo en cuenta la demanda de trabajadores cualificados en el aspecto digital que se precisarán.

[13] https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

[14] La diferencia entre gastos e ingresos de la Administración General del Estado (AGE) en los cuatro primeros meses del año fue del 1,78%, triplicando en términos absolutos la diferencia del mismo periodo de 2019; y la deuda pública había escalado al 101% del PIB, a finales de marzo, y las previsiones se sitúan por encima del 110% del PIB para 2020. De hecho, las previsiones remitidas por el Gobierno a Bruselas a finales de abril estimaban que la crisis del Covid19 hará caer un 9,2% el PIB, destruirá un 9,7% del empleo y elevará el déficit al 10,34% este año 2020.