Categoría: Claves Políticas

La convocatoria urgente del Pleno del Parlamento catalán para la investidura de Jordi Turull en la tarde del 22 de marzo es otro acto de rebeldía que muestra que los independentistas de todos los colores no quieren llegar a gobernar la Generalidad, sino mantener la guerra con el Estado español.

Alberto Ruiz-Gallardón era un político conservador con apariencia centrista, que cada vez que gobernó tuvo la tentación de actuar como un conspicuo ultraconservador, salvo cuando presidió la Comunidad de Madrid donde actuó como un conservador tout court sin especiales medidas ultraconservadoras.

Cada día que pasa, Cataluña se acerca más a la condición de Comunidad Autónoma fallida. Los independentistas han debido pensar, como en los malos dramas españoles del siglo XIX, que Cataluña o será suya o no será de nadie. Y así están maniobrando.

La incomparecencia de la ex–Diputada del Parlamento catalán Anna Gabriel ante el Magistrado instructor del Tribunal Supremo puede parecer una pequeña anécdota dentro de la categoría de la rebelión independentista catalana. Pero también merece alguna reflexión.

Según informó el 14 de febrero tanto la Cadena SER como eldiario.es (Gonzalo Cortizo: “El gobierno planea llegar al final de la legislatura con los presupuestos de 2017”) el Gobierno puede renunciar a presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que tendría que haber remitido al Congreso antes del 1 del pasado octubre. La Cadena SER y Cortizo, en eldiario.es, añadían que el Gobierno estaba pensando actuar de la misma manera para 2019 y, lo más llamativo, Cortizo informaba que el nuevo Director del Gabinete del Presidente, Ayllón, había manifestado que aprobar los Presupuestos cada año “está obsoleto”.

A pesar de las críticas cuasi generalizadas de los medios de comunicación (donde no faltaba cierto desconocimiento de lo que es la función consultiva del Estado, como veremos más abajo), la impugnación del Gobierno de la Nación a la propuesta de candidato formulada por el Presidente del Parlamento catalán, ha sido un acierto político.

El aplazamiento de la sesión de investidura del Presidente de la generalidad catalana, acordado por el Presidente del Parlamento sin acuerdo de la Mesa, es un dato interesante que puede suponer una inflexión de la política secesionista.

La primera plana de El País del 23 de enero tiene una particularidad que merece una reflexión: no tiene ninguna noticia sobre la crisis secesionista catalana. No es que no haya noticias, pero al menos hay otras que son más inmediatas que el autogolpe catalán.

El mayor riesgo que tenía la sesión constitutiva del Parlamento catalán era que su nueva Mesa fijara para mañana la sesión de investidura del Presidente de la Generalidad. Ese riego parece al menos conjurado pero hay factores que hacen temer que dentro de unos pocos días ese Parlamento elegirá Presidente de la Comunidad Autónoma al huido Puigdemont.

El acuerdo que Puigdemont y Rovira han pactado la noche del 9 al 10 de enero en Bruselas, si se cumple en todas sus previsiones, conduce a Cataluña a una situación duradera de crisis sin posibilidad de detener la aplicación de las medidas dictadas al amparo del artículo 154 de la Constitución pues la Comunidad Autónoma va a seguir mucho tiempo sin Gobierno y, se presume, con una mayoría parlamentaria en franca rebelión.