No hay duda de que el ofrecimiento que hizo el Presidente Sánchez al PNV de asumir el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado aprobados ya por el Congreso fue una de las medidas audaces que permitieron que la moción de censura prosperara. Es hasta cierto punto humano que el PP haya querido devolver la jugada impulsando enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos que se tramitará en el Senado. Pero si es humano, no deja de ser ruin.

Habría que ver qué tipo de enmiendas presenta el Grupo Parlamentario Popular del Senado. Porque si los populares presentan enmiendas ordinarias, esas enmiendas se levantan en el Congreso de los Diputados por mayoría simple. Pero si el Grupo Parlamentario Popular presenta vetos a los Presupuestos (y lo puede hacer porque dispone de mayoría absoluta para presentarlos, como exige el artículo 90.2 de la Constitución), el voto sólo se podría levantar en el Congreso por otra mayoría absoluta (que existe, como se ha visto en la moción de censura). Habría otra posibilidad, nunca aplicada, que consistiría en dejar transcurrir dos meses desde la interposición del veto, en cuyo caso el levantamiento del veto sólo precisaría mayoría simple. Pero esta posibilidad es actualmente muy difícil, porque tendría que ser acordada por la Mesa del Congreso donde la derecha tiene mayoría.

Pero esta rabieta del PP (se llegue a consumar o no se llegar a consumar) ha puesto de manifiesto un problema que va a sufrir el Gobierno del Presidente Sánchez a lo largo de lo que queda de legislatura: que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Esto supone que, si bien el Gobierno no va tener especiales problemas de control (más allá del hecho de que la Presidencia del Senado corresponde al PP), todas las iniciativas legislativas del nuevo Gobierno van a ser vetadas por la oposición y tendrán que levantarse en el Congreso por una mayoría absoluta, no imposible pero sí compleja de gestionar.

Todo lo cual nos lleva a un tema que hasta hoy no se ha suscitado, pero que es constitucionalmente posible: ¿puede el Presidente Sánchez disolver el Senado y convocar elecciones sólo para esta Cámara?

Evidentemente sí, pues el artículo 115.1 de la Constitución prevé que el Presidente del Gobierno pueda disolver el Congreso, el Senado o las Cortes Generales. Para hacerlo el Presidente no tiene otros límites que esté tramitando una moción de censura (que no es el caso), o que aún no haya transcurrido un año desde la anterior disolución (que ocurrió, como se sabe, en 2016). Además, la Ley del Gobierno de 1997 ha agregado otra prohibición, que veda la disolución al Presidente en funciones. Se trata de una decisión personal del Presidente que no tiene otro requisito formal que una deliberación previa (pero no decisión) del Consejo de Ministros.

¿Sería oportuno disolver el Senado si persiste el boicot legislativo del PP? No se debe descartar. El Presidente tiene que cumplir en dos años un programa de gobierno que normalmente se ha de aplicar en cuatro años. Su política legislativa no puede estar trabada y condicionada por un Senado en rebeldía. Y si la Constitución ha previsto la posibilidad de disolver una sola Cámara es al servicio de la gobernabilidad, porque en ningún país es bueno que estén enfrentadas las dos Cámaras de un Parlamento. Sería la primera vez, pero desde 2016 están ocurriendo muchas cosas por primera vez: una investidura fallida, una disolución de las Cámaras por no poder elegir Presidente, una moción de censura exitosa…

La disolución del Senado no es sólo una posibilidad política que tiene el Presidente. Es una previsión constitucional para evitar que el Senado boicotee la obra legislativa del Congreso.