Categoría: Claves Políticas

El mensaje que el Rey dirigió a los españoles la noche del 3 de octubre es un acontecimiento político y constitucional que merece glosarse con detenimiento. En este artículo veremos: a) las posibles razones que movieron a hablar al Monarca; b) su contenido; c) su encaje constitucional; y d) sus eventuales efectos políticos.

Este es el último artículo que aparecerá en esta revista digital antes del domingo 1 de octubre. Sobre ese día sabemos que no habrá un referéndum, pero no sabemos hasta qué grado los independentistas lo considerarán como celebrado (y además, con votación mayoritaria a favor del “Sí”).

La concatenación de actuaciones del Gobierno, del Parlamento, de los partidos y entidades independentistas a lo largo del mes de septiembre nos hace ver que están decididos a celebrar el referéndum allí donde sea posible y, muy posiblemente, reunir el Parlamento los días 2 o 3 de octubre para efectuar la declaración formal de independencia, como prevé el artículo 4.4 de la Ley del Referéndum de Autodeterminación, a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

En el artículo de la semana pasada [“Van a por todas (I)”] señalábamos cuatro elementos que conforman la ruptura independentista, a saber, una actuación que ya no tiene marcha atrás, una operación que se ha impuesto coactivamente a la oposición no separatista, un avance de lo que sería el primer entramado jurídico de la República catalana y, en conexión con lo anterior, la puesta en marcha del instrumento que va a permitir alcanzar la independencia, el referéndum de autodeterminación.

Con la aprobación por parte del Parlamento catalán de las Leyes del Referéndum de Autodeterminación y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (sobre esta última Ley, Javier García Fernández: “La Ley de Transitoriedad Jurídicas y Fundacional de la República”, Sistema Digital, 1 de septiembre de 2017) se ha consumado la ruptura política (que no jurídica, que no sociológica) de los independentistas catalanes y el Estado español.

El lunes 28 de agosto, cuando no habían transcurrido cuarenta y ocho horas de la manifestación barcelonesa contra el terrorismo que manipularon los independentistas, se presentó en el Registro del Parlamento catalán la Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundació de la república. Estamos ante lo que puede ser la primera fase del golpe de Estado que están preparando los independentistas, golpe que culminará, muy probablemente, el 2 de octubre si la mayoría del Parlamento proclama la República catalana.

Hace un siglo, en julio de 1917, se celebró en Barcelona la llamada “Asamblea de parlamentarios” en la que los Diputados de los partidos no dinásticos se reunieron al margen del órgano parlamentario, reunión reprimida por el Gobierno, lo que conectó, semanas después, con la llamada revolución de 1917.

La sustitución de tres Consejeros del Gobierno catalán el 14 de julio viene a acentuar las grandes tendencias que se están formando en torno a la celebración del referéndum. Lo que se acentúa en grado extremo como se ve en el editorial de La Vanguardia del 15 de julio y en el breve comentario de su director, Márius Carol, que muestran alarma y malestar.

Entre los tópicos que se difunden en la política española, tiene mucha aceptación la idea de que los partidos emergentes (Podemos y sus aliados más Ciudadanos) hacen la política “de otra manera”, es decir, hacen política más honrada, más transparente, menos engañosa que los “viejos” partidos (Partido Popular y PSOE). En realidad, más que un tópico es una consigna que difunden los “nuevos” cuyos dirigentes (especialmente los de Podemos) no se cansan de contraponer “nuevos” y “viejos”.

Los dos actos que la coalición Junts pel Sí y la CUP celebraron ayer en Barcelona constituyen otro paso hacia el golpe de Estado que estos grupos políticos quieren dar en los próximos meses. Por ello, merece la pena examinar: I) la naturaleza política y jurídica de los actos celebrados ayer; II) el contenido del borrador que presentaron; y III) las reacciones del Gobierno y de otros partidos.