Muchos españoles experimentaron un sentimiento de fracaso y de humillación cuando se vio a varias decenas de Diputados del Parlamento catalán votar una Resolución cuya exposición de motivos (pero fuera del texto declarativo) afirmaba “CONSTITUÍM la República catalana, como Estat independent i soberà”. También a muchos españoles les embargó la repulsa cuando vieron a la multitud de Alcaldes que, vara en mano, ocuparon tumultuariamente la escalinata del Parlamento, como si estuvieran rodando una nueva versión de Acorazado Potemkin y se dispusieran a ocupar el Palacio de Invierno. Pero ese sentimiento de pena, de frustración, se ha ido diluyendo probablemente a lo largo de la misma tarde del 27 de octubre y, sobre todo, durante el domingo 29, tras la manifestación de Sociedad Civil Catalana en Barcelona.

Y aunque toda la operación secesionista permitiría hablar de muchas cuestiones, hoy nos vamos a limitar a glosar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la manifestación independentista de Barcelona.

Sobre la aplicación del artículo 155 hay que señalar: a) su legitimidad constitucional; b) su no menor legitimidad política; c) el compromiso que ha supuesto; y d) la muy inteligente aplicación que se ha hecho de este procedimiento.

Sobre la legitimidad constitucional del precepto, poco hay que decir. Es un procedimiento previsto en la Constitución para hacer frente a conflictos territoriales. Es un artículo inspirado en la Ley Fundamental de Bonn pero otras Constituciones europeas (la austríaca, la italiana y la portuguesa) contienen previsiones similares, aunque con formas distintas. El procedimiento español es, por un lado, más indeterminado aunque por otra parte peca de corto al describir los supuestos de hecho que determinarían su aplicación, pues en realidad parece dirigirse más a un incumplimiento limitado (el que estuvo en trámite en 1988 con ocasión del desarme arancelario de Canarias). En puridad, una situación tan crítica como la que se ha vivido en Cataluña habría necesitado un instrumento tan rotundo y tan abierto como el que contiene el artículo 16 de la Constitución francesa (que autoriza al Presidente de la República a adoptar las medidas exigidas por las circunstancias cuando las instituciones de la República, la independencia de la nación o la integridad de su territorio estén amenazadas) pero nuestra Constitución sólo prevé procedimientos parciales del estilo de los estados de alarma, excepción y sitio. Por eso, tras el intento de pseudo-referéndum, propugné utilizar el artículo 155 como instrumento para hacer frente no a una crisis territorial sino a una crisis constitucional, una crisis de las que ponen en peligro el propio Estado (Javier García Fernández: “Crisis constitucional y artículo 155”, El País, 3 de octubre de 2017).

En cuanto a la legitimidad política del procedimiento hay que decir que la opinión pública catalana y vasca y alguna franja de la izquierda democrática han sido seducidas por la maquinaria de agitación y propaganda del independentismo que veían en este instituto un demonio pensado para oprimir a Cataluña y, llegado el caso, al País Vasco. Nada más cierto pero ese error de apreciación, esa cierta ingenuidad acrítica, han hecho mella incluso en el PSC, aunque la presencia de Iceta en la manifestación del domingo 29 ayudará a parar esa deriva que empezaba a ser preocupante. Afortunadamente, el PSOE y su Secretario General han comprendido que estábamos ante un instrumento constitucional lícito y, bien administrado, potencialmente útil.

Porque una cosa es que el artículo 155 no deba demonizarse y otra que aporte verdadera utilidad en la resolución de las crisis políticas. Es cierto que el procedimiento parlamentario previsto para autorizar al Gobierno la adopción de medidas ya obliga a la negociación intrapartidista pero aun así esa negociación podía permitir un mayor entendimiento entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos o todo lo contrario. Pero se ha negociado bien (salvo la exigencia del PSOE, aceptada por el Gobierno, de no intervenir los medios de comunicación que es una exigencia de difícil comprensión dado que TV3 es una máquina independentista de propaganda). Y, tras la negociación, la fijación de la fecha de elecciones (que quizá estaba negociado con PSOE y con Ciudadanos, aunque no figuraba en el previo Acuerdo del Consejo de Ministros ni el Acuerdo del Senado), ha sido un acierto político.

La fijación de la fecha de las elecciones ha sido, en primer lugar, un acierto porque era lo que los negociadores que conectaron al Gobierno y a Puigdemont le exigían para no llegar a aplicar las previsiones constitucionales. Y Puigdemont, un político sin el valor ni la capacidad de Tarradellas como contó Enric Juliana en La Vanguardia el 26 de octubre, no se atrevió a convocar elecciones en cuanto Esquerra, las CUP y los estudiantes en manifestación le llamaron traidor. Por eso es un acierto que el Gobierno ofrezca a los catalanes lo que Puigdemont no tuvo el valor de acordar. Pero además, la fijación de las elecciones es un acierto, porque muestra que transmite la idea de que el Gobierno no tiene intención de mantener mucho tiempo en suspenso las instituciones autonómicas catalanas, tiempo además vinculado milimétricamente a las elecciones.

En definitiva, es un acierto porque la fijación de la fecha electoral sirve mejor que cualquier explicación doctrinal para que los ciudadanos catalanes vean que aplicar el procedimiento del artículo 155 no comporta conducir a Cataluña a una situación dictatorial. Los causantes del autogolpe van a concurrir a pedir el voto ante los electores y no hay mejor pedagogía para entender lo que significa ese precepto constitucional.

Pero esta aplicación inteligente del artículo 155 precisaba un apoyo político. Y ese apoyo se ha conseguido mediante la manifestación del domingo 29 de octubre auspiciada por Sociedad Civil Catalana. El valor de la manifestación no reside en el número de asistentes (ya sería enorme con las cifras que da la Guardia Urbana de Barcelona que está a las órdenes de Colau) sino en lo que supone de quebrantamiento de la hegemonía independentista. En realidad, la manifestación supuso el final de la ocupación de la calle por una banda mafiosa que, encima, recibía subvenciones autonómicas y municipales por ocupar la calle. Y eso es lo que ha roto.

Habrá que actuar con prudencia. Por ejemplo, no se debería encarcelar a nadie antes de las elecciones. Y debería llegarse a un acuerdo por el que los tres partidos constitucionales se comprometieran a unas mismas reformas estatutarias. Pero en la dura capa de hielo separatista ya han aparecido dos grandes agujeros que quizá anuncien que está llegando el deshielo.