La inacabable historia de la pseudo-independencia de Cataluña ha vivido una semana verdaderamente histórica. Acostumbrados desde la Diada de 2012 a los días, semanas y meses históricos que quedaban inmediatamente en agua de borrajas, los días 10 y 11 de octubre  de 2017, al fin, han sido verdaderamente históricos. Históricos y, al menos el día 10, patético. Históricos, pero no heroicos.

Empecemos por la sesión plenaria del Parlamento de Cataluña del 10 de octubre. En esta sesión, en la que el Presidente de la Generalidad compareció a petición propia para “informar sobre la situación política actual”, Puigdemont dio por bueno el pseudo-referéndum del 1 de octubre, anunció una participación de 2.286.271 personas (¿cómo las han contado?), dio una versión falsificada de los acontecimientos de los últimos años, acusó falsamente a las Fuerzas y Cuerpos estatales de Seguridad, contó que con esos resultados pseudo-referendarios Cataluña tiene derecho a ser un Estado independiente y afirmó a continuación:

“Arribats a aquest momenty històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo, en presentar-los els resultats  del referèmdum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un  estat independents en forma de república”.

En ese momento, los Diputados golpistas dieron, como dice el Diario de Sesiones, “aplaudiments forts i perllongats” y, como se ha visto en la prensa, los concentrados ante el Parlamento pusieron todos la misma cara que habrían puesto si la Virgen de Montserrat hubiera bajado de los cielos al son del Virolai.  

Pero, poco dura la alegría en la casa del indigente y, a continuación, dos líneas después, el Presidente de la nueva República afirmó:

“… jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d’independència…”

Y la cara de las primeras filas de concentrados cambió de la misma manera que si hubieran visto que antes de llegar al suelo la Virgen de Montserrat era secuestrada por una legión de diablos.

De modo que el representante ordinario del Estado en Cataluña aprovechó que quería informar al Parlamento sobre la situación actual para hacer tres cosas:

  • soslayar la prohibición del Tribunal Constitucional que mediante el Auto 134/2017, de 5 de octubre, prohibió celebrar el Pleno de Declaración de Independencia que se iba a celebrar el día anterior;
  • informar a los Diputados que Cataluña se había convertido en Estado independiente, como consecuencia de los resultados referendarios que el Presidente expuso ante los parlamentarios;
  • proponer él mismo al Parlamento que suspendiese los efectos de la declaración (sólo los efectos, pero no la declaración).

Antes de avanzar hemos de recordar al amable lector que los juristas que asesoran al Gobierno catalán se pasan todo el día maquinando marrullerías para soslayar las consecuencias ilegales (y frecuentemente delictivas) de sus actos. No son abogados honestos que actúan conforme a la ética, sino un grupo de rábulas que defienden a su cliente mediante toda clase de trampas.

En el marco de esa estrategia de hacer trampas, Puigdemont afirmó que Cataluña se había convertido en una República independiente, pero lo dijo sin la solemnidad de una proclamación. Y sin solemnidad afirmó que pediría al Parlamento que suspendiera, no la declaración, sino sus efectos. Pero ni el Presidente ha formulado esa petición ni el Parlamento ha aprobado la suspensión. Y, para terminar la confusión, a continuación del Pleno se reunieron en una sala del Parlamento todos los Diputados y firmaron la Declaración de Independencia que conocemos.

¿Cómo calificar estos dos actos? Primero, carecen de todo valor jurídico, porque se han realizado al margen del Derecho español (Javier García Fernández: “Declaración de independencia y a artículo 155”, El País, 13 de octubre de 2017). En segundo lugar, la Declaración de Independencia firmada ni siquiera tiene una veste formal: es un papel. Pero ello no impide que veamos quién ha pronunciado y firmado unas y otras palabras: el Presidente de una Comunidad Autónoma, representante ordinario del Estado en esa Comunidad, varios miembros del Gobierno y una parte relevante de los miembros del Parlamento. No es la opinión de un fontanero o de un médico al que le preguntan sobre la independencia.

Hemos de concluir, por ello, que la declaración de Puigdemont y la declaración tienen vocación de ruptura con el Estado y que el Estado no puede consentir que personas tan relevantes digan lo que digan, rebasando la mera libertad de expresión.

Ante esta ruptura verbal, el Gobierno ha respondido y lo ha hecho con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. El apoyo de ambos partidos convierte en nacional una estrategia de partido y ha de celebrarse. Y desde el punto de vista constitucional y táctico han de decirse dos cosas. En primer lugar, el requerimiento es atípico, porque de la Constitución se desprende que el requerimiento se formula para que el Presidente de la Comunidad deje de realizar las conductas dañinas para el Estado, sin que en ningún momento esté contemplado que se formule una pregunta. Pero señalada esa atipicidad, hay que decir que la pregunta es astuta, pues la respuesta pone en un compromiso a Puigdemont…, salvo que los rábulas que le asesoran le redacten (que redactarán) una respuesta que no contenga respuesta. Y otra vez a empezar.

En todo caso hay que decir que el requerimiento se ha formulado al amparo del artículo 155 de la Constitución, lo que denota que el procedimiento está en marcha. Y mucho me temo que tendrá que seguir adelante. Pero la solución, la próxima semana.