Introducción
Terminábamos 2021 con un artículo sobre desigualdades globales y democracia, en el marco de la consideración de las cuatro grandes preocupaciones entre los científicos sobre la situación global y sus riesgos (calentamiento global, inestabilidad económico-financiera deteriorada por la Covid-19, incremento de las desigualdades, y conflictos geopolíticos). Completábamos la visión de estos riesgos en el primer artículo de 2022, haciendo referencia a las perspectivas mostradas en el Global Risk 2022, característico de las reuniones del Foro de Davos de enero de cada año.
En este artículo vamos a incidir sobre las desigualdades y sus consecuencias políticas en España, aprovechando varios Informes publicados en fechas más o menos recientes, pero con información relevante, tanto sobre el futuro que se nos avecina, como sobre las repercusiones políticas que estas desigualdades pueden llegar a generar.
Los cálculos del World Inequality Lab.
Partimos de la aproximación a la situación española del Informe publicado por el World Inequality Lab (2021)[1] que ya citábamos en el penúltimo artículo de esta Sección, en su referencia a la situación de las desigualdades entre países y personas, así como al libro y documentación del World Political Cleavages and Inequality Database[2] en relación a cómo las desigualdades influían en las votaciones de los ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes políticos, complementado con la última publicación de Gethin, A., Martínez-Toledano, C. y Piketty, T. (2021)[3].
Destacábamos que The World Inequality Lab (2021) constataba que las desigualdades globales entre países han disminuido, si bien la desigualdad entre personas dentro de los países ha aumentado en la mayoría de estos. Destacábamos que la desigualdad global siempre ha sido muy elevada, siendo las clases medias (que la OCDE ha venido identificando como las que registran del orden del 40% de los ingresos medios) el reverso de la evolución de los ingresos del 10% superior, empeorando su situación desde 1970 en los países desarrollados. E, igualmente, que las desigualdades mundiales de riqueza neta de los hogares[4] son mayores que las desigualdades de ingresos, ya que la mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza, frente al 10% más rico, que posee el 76% de toda la riqueza mundial[5].
The World Inequality Lab (2021) recoge también la evolución de las variables que analiza para España, entre 1900 y 2020, que gráficamente podemos apreciar en la Figura siguiente, en lo que se refiere a la relación entre las rentas del 10% superior y del 50% inferior, en la que, los grandes cambios, se produjeron entre 1900 y 1960.
Atendiendo a sus datos, tras la incorporación de pensiones y seguros de desempleo y antes de considerar el impuesto sobre la renta, el 10% superior acumula el 34,5% de las rentas totales en 2021, frente al 21,1% del 50% inferior, y al 44,4% que correspondería a la clase media. El 1% más rico –incluido en el 10% superior- acumularía un 12,4% de la riqueza total. El ingreso medio per cápita de los incluidos en el 10% superior (91.650€) es 8 veces el de las personas incluidas en el 50% inferior (11.220€), con niveles de desigualdad similares a los de los vecinos europeos. Y, según sus datos, las mujeres han mejorado significativamente su participación en los ingresos, pasando de un 24,7%, en 1990, a un 39,6% en 2020, frente al 50% que marcaría la igualdad de género.
Con respecto a la evolución relativa de la riqueza (suma de todos los activos financieros y no financieros netos de deudas) la Figura siguiente muestra la evolución de la valoración que realizan en su trabajo, para el 10% más rico y el 50% más pobre, entre 1995 y 2021, correspondiéndoles el 6,7% de la riqueza total al 50% más pobre, frente a un 57,6% del total al 10% más rico, en 2021. Incluido en este 10%, el 1% más rico, que acumula el 24,2% de la riqueza total.
La relativa –y discutible- estabilidad de la concentración de la riqueza en el período analizado la explican porque los más ricos vendieron parte de sus propiedades inmobiliarias como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, producida a partir de la crisis financiero-especulativa iniciada en 2008, y por el fuerte papel que tiene la propiedad de la vivienda en este país dentro de la riqueza total de las familias.
Las desigualdades en España como problema sociopolítico aumentado por la pandemia
En España, con los últimos datos disponibles del INE[6], residían en 2020 unos 47,4 millones de habitantes en unos 18,8 millones de hogares, con un incremento de unos 129.100 hogares con respecto a 2019 (incremento del 0,7%), con una media de unas 2,5 personas por hogar (sin variación respecto a 2019).
Unos 2,1 millones de personas de más de 65 años vivían solas (4,4% del total de habitantes, con una variación anual del +6,1%) y otros 2,7 millones de personas menores de 65 años (5,7% del total, con un descenso del 0,9% respecto a 2019) también vivían solas, aspecto de importante significación desde la perspectiva de la vulnerabilidad, también en temas de salud y de respuesta a los efectos de la pandemia del Covid-19.
La proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE calculada por el INE[7]) disminuyó entre 2014 y 2019, tal y como se aprecia en la Figura siguiente, pasando del 29,2% al 25,3%. Evolución, en gran parte debida a la mejora del porcentaje de personas viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo. No obstante, la tasa AROPE se situaba bastante por encima de la media de la UE (20,9%), con una de cada cuatro personas en España dentro del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social.
Como se aprecia en la Figura anterior, en 2020 se rompe la tendencia descendente elevándose la tasa AROPE al 26,4%, con un incremento del 4,3% (1,1 puntos porcentuales) sobre 2019, tanto por la incidencia del incremento de la población en riesgo de pobreza (13%, con 2,4 puntos porcentuales)[8] como por el porcentaje de población con carencia material severa, que se incrementa en un 49% (2,3 puntos porcentuales), lo que pone de manifiesto la gravedad de los efectos de la pandemia, sobre todo sobre las personas en peores condiciones materiales.
Hay que señalar que los datos del INE disponibles para 2019 mostraban que la tasa AROPE se duplicaba para los parados (54,7%), incrementándose casi en un 50% para los inactivos por otros motivos (38,6%), mientras se reducía entre los jubilados (16,7%) y ocupados (15,0%) quedando por debajo de dicha media. Igualmente, ya con cifras del INE para 2020, apreciamos que el indicador de Riesgo de Pobreza y /o Exclusión Social (AROPE) es superior para mujeres que para hombres (sobre todo a partir de los 30 años) y que los jubilados (mayores de 65 años) muestran una tasa que señala que poseen, en media, una mayor protección que los inactivos, parados o jóvenes, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente.
También destaca el INE que el 10,0% de la población manifestó en la entrevista llegar a fin de mes con “mucha dificultad” en 2020, 2,2 puntos por encima del valor de 2019[9]; el 35,4% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 33,9% del año 2019; y el 34,4% de la población no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, porcentaje un punto superior al registrado en 2019. También son los extranjeros los que presentan una tasa AROPE superior (26,4%, en 2020), frente a un 22,6% (3,8 puntos porcentuales por debajo de la media) para los nacionales.
El Índice de Gini calculado por el INE sólo abarca hasta 2019, pero permite constatar la reducción de las desigualdades hasta ese año, desde 2014, según se aprecia en la Figura siguiente.
Con un análisis comparativo en un horizonte temporal más amplio, el FMI (2021)[10] en su “Fiscal Monitor” de abril de 2021, destacaba que, desde 1990 a 2019, la desigualdad interna de ingresos había aumentado en la mayoría de las economías avanzadas (Incluida España, como se aprecia en la Figura siguiente) y en las grandes economías de mercados emergentes.
El FMI (2021) también recoge, en el Informe señalado, que la distribución de la riqueza era más desigual que la distribución de la renta personal, lo que incide fuertemente en el incremento acumulativo de las desigualdades. La participación en la riqueza del 10 por ciento más rico de la población está muy por encima de la participación en la renta del 10 por ciento más rico en los países para los que los datos están disponibles, tal y como se aprecia en la Figura siguiente.
La alta desigualdad de ingresos y riqueza no situaba a España en una posición particularmente negativa, en 2017, respecto al conjunto de los países considerados en el análisis de la OCDE, si bien esa situación es distinta cuando comparamos los valores de 2019 en el conjunto de la UE, tal y como se aprecia en la Figura siguiente.
Las aproximaciones de OXFAN a las desigualdades tras la pandemia y sus consecuencias
Este mes de enero, OXFAM (2022) ha publicado su Informe “Las desigualdades matan”[11] en el que muestra el aumento de las desigualdades derivadas de la Covid-19, reafirmando aspectos ya contemplados en el penúltimo artículo de esta Sección[12].
Más interés tiene la demanda que se realiza de cambiar políticas públicas donde “Las enormes sumas de dinero público que se han inyectado en nuestras economías han inflado drásticamente los precios en los mercados bursátiles, resultando en ganancias sin precedentes para los milmillonarios. Las enormes sumas de dinero público que se han destinado a las vacunas han elevado los beneficios de las grandes farmacéuticas en decenas de miles de millones de dólares” (pág. 13), proponiendo:
- Reintegrar la riqueza extrema en la economía real para abordar las desigualdades, a través de impuestos progresivos permanentes sobre el capital y la riqueza y a trasferencias libres de coste de los países ricos a las economías vulnerables.
- Reorientar la riqueza para salvar vidas e invertir en nuestro futuro. El legado de la pandemia debe ser unos servicios públicos de salud universales y de calidad, financiados con dinero público, para que nadie tenga que volver a pagar de su bolsillo el acceder a estos servicios; y una protección social universal que garantice la seguridad de los ingresos de todas las personas.
- Cambiar las reglas y las dinámicas de poder en la economía y la sociedad para predistribuir mejor los ingresos, transformar las leyes y redistribuir el poder en la toma de decisiones y la participación en la economía, cambiando la dinámica seguida hasta la actualidad, teniendo en cuenta que las desigualdades han provocado que la pandemia haya resultado más letal, más prolongada y más dañina para los medios de vida.
Complementariamente, en lo que se refiere a España, OXFAM (2021)[13] realizó una estimación de los efectos de la pandemia sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad, bajo unos supuestos[14] que se vieron superados negativamente hasta el segundo trimestre de 2021. Según esta estimación, el número de personas en situación de pobreza podría incrementarse en 1,1 millones y el Índice de Gini incrementarse hasta alcanzar un valor de 34,24, como consecuencia de los efectos diferenciales estimados del Covid-19 sobre cada nivel de renta (del decil 1, más reducido, al 10 más elevado), cuyos resultados se muestran en la Figura siguiente, en la que destaca la fuerte diferencia en cada decil, con grave perjuicio para los de menores ingresos.
Es importante señalar que el trabajo de OXFAM (2021. Pág. 16) también contempla que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de coalición para proteger a la población en peores condiciones económicas y con riesgo o precariedad en su empleo (los ERTE y las ayudas familiares) han supuesto un importante esfuerzo que ha evitado los peores efectos sobre las cifras de desigualdad.
Así, señala que la asignación de 6.400 millones de euros para el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que extendió las ayudas que ya daban las CCAA, ha podido suponer un descenso de la desigualdad de 2,96 puntos en el Índice de Gini; y que la reducción de la precariedad laboral, con la disminución de hasta un 50% de la población que está sometida a empleos parciales, ha supuesto un descenso adicional de 0,10 puntos en este índice; lo que situaría a España con un Índice de Gini de 31, frente al valor de 32,1 de la situación pre-pandemia. Estas medidas no evitaron que las “colas del hambre” durante las fases más duras del confinamiento por la pandemia se alargaran con trabajadores de la economía sumergida, trabajadores temporales sin protección social e, incluso, autónomos en quiebra.
Como veremos en un próximo epígrafe, la situación a finales de 2021 es diferente en muchos aspectos de los contemplados por OXFAM, con avances muy significativos en algunas de las variables claves de la desigualdad, gracias a las políticas desarrolladas por el Gobierno de coalición.
Las aproximaciones del Informe FOESSA a las desigualdades y las consecuencias de la pandemia
El último Informe de Cáritas y la Fundación FOESSA (2022) sobre “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España”[15 realiza: 1) una caracterización de los efectos de la pandemia, destacando que ha producido un empeoramiento de las oportunidades laborales y sociales de los hogares más vulnerables, que han empeorado sus condiciones de vida; 2) una valoración de las medidas desarrolladas para moderar su impacto social, con una referencia especial a los ERTE, que llegaron a afectar a más de 3,5 millones de personas, pero que han permitido el mantenimiento del nexo laboral con la empresa y han facilitado la vuelta al empleo en la recuperación; y 3) una identificación de los nuevos retos que impone a una sociedad que ya arrastraba grandes problemas de cohesión social antes de su inicio.
Destaca que el hecho de que el descenso económico tuviera lugar cuando la sociedad española apenas se había recuperado del impacto social de una crisis tan severa y prolongada como la que se inició en 2008, ha limitado la capacidad de las políticas públicas para dar respuesta al crecimiento de las necesidades sociales, generándose nuevas situaciones de pobreza y exclusión social que amenazaban con convertirse en estructurales, ante el hecho de que, pese a su disminución tras los niveles alcanzados en la crisis de 2008, cuando la pandemia comenzó eran todavía superiores a los previos a esa crisis.
El Informe se centra, en primer lugar, en cuáles han sido las consecuencias de la pandemia sobre los niveles de la exclusión social en España, mostrando que, como en crisis anteriores, quienes más han sufrido los efectos de esta nueva crisis han sido los que partían de una peor situación: sectores no cualificados, donde se encuentran más personas jóvenes en empleos temporales-precarios, que son los más expuestos a la enfermedad y han experimentado en mayor proporción los despidos (el 72% de estos, con contrato temporal)16].
Un mercado de trabajo cada vez más flexible, inestable y precario y el aumento creciente de las dificultades de las personas desempleadas para encontrar trabajo, son dos de los aspectos fundamentales que se señalan en el Informe, sobre los que no se puede olvidar el efecto de la Revolución Científico Técnica (RCT), con especial referencia a la digitalización y automatización, que son dos aspectos que la UE y España tratan de potenciar, y que tienen un efecto claro –como se ha analizado en anteriores artículos de esta Sección- sobre la citada inestabilidad y flexibilidad, en un marco de baja cualificación del trabajo ante las nuevas necesidades laborales.
Especialmente sensible definen la situación de los jóvenes que han iniciado sus carreras laborales a caballo de las dos crisis, ya que sus posibilidades para construir un futuro laboral estable, ya limitadas en circunstancias normales, se han visto mermadas por esa sucesión de restricciones económicas.
Tras el análisis de los efectos de la pandemia sobre la organización, estructura y mercado de trabajo, un segundo bloque del Informe recoge los efectos de la pandemia sobre la distribución de la renta y las situaciones de vulnerabilidad económica, partiendo de unos datos todavía limitados. Concluyen (pág. 598) que las medidas adoptadas para garantizar la salud no solo dieron lugar a la brusca detención del proceso de recuperación de la economía española, sino también al truncamiento de la tendencia a la reducción de la desigualdad en la distribución de la renta, tras su intenso crecimiento generado por la crisis financiero-especulativa iniciada en 2008, dejando al descubierto la fragilidad de las rentas del trabajo, y ampliando las diferencias en las remuneraciones de los trabajadores de distinta cualificación.
Señalan que, cuando se inició la pandemia, la desigualdad en España se caracterizaba porque sus elevados niveles se estaban acercando a los que había antes de la crisis de 2008 (en 2019 la desigualdad, medida con el Índice de Gini, había vuelto a los niveles registrados en vísperas de la crisis de 2008), tal y como puede apreciarse en la Figura siguiente, donde el dato estimable para 2020, muestra un repunte al alza del indicador.
Con datos de la Encuesta específica que ha realizado EINSFOESSA para 2018 y2021, cabe corroborar que se produjo un aumento de la desigualdad tras las reacciones políticas a la pandemia, ya que ésta afectó negativamente a toda la población, y particularmente al 20% de menor renta, Quintil 1, agravando la situación de los más desfavorecidos, con la excepción del 20% más rico –Quintil 5- que es el único grupo que ha mejorado su renta media y su participación en la renta total, tal y como apreciamos en el Cuadro siguiente.
En este marco de incremento de las desigualdades por la pandemia, el porcentaje de población en exclusión severa, según datos del propio EINSFOESSA (Pág. 602), aumentó, del 8,6% de la población total, en 2018, al 12,7%, en 2020, con un incremento y una intensidad preocupante[17].
El segundo grupo de aspectos que trata el Informe FOESSA se centra en las políticas desarrolladas, destacando que, a diferencia de la crisis iniciada en 2008, la respuesta de las políticas públicas ante el crecimiento de las necesidades sociales “ha sido más intensa y de naturaleza más protectora”, tanto en lo que se refiere a la estrategia de protección social, como al reforzamiento de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencia y servicios sociales o apoyo a las necesidades de vivienda). Se han puesto en marcha distintas medidas para dar respuesta a la pérdida de horas de trabajo y de empleo. Han aumentado también las garantías de disponibilidad de los suministros básicos y las facilidades para cubrir los costes de la vivienda. O se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, aunque con graves dificultades para alcanzar su objetivo de dar cobertura a 850.000 hogares (en septiembre de 2021 se daba cobertura a unos 337.000), es una actuación imprescindible pero todavía muy mejorable porque “tiene una cobertura insuficiente, no alcanza a determinados colectivos vulnerables y plantea condiciones de acceso injustas y de difícil cumplimiento para algunas de las familias y personas que más lo necesitan” (pág. 621).
Muestran que la eficacia de las políticas desarrolladas ha estado lastrada, tanto por la distribución de competencias entre administraciones y la falta de cooperación entre las mismas, en casos muy destacados políticamente, como por las dificultades que han tenido parte de los hogares más vulnerables en el acceso a las ayudas y por la demora en su cobro. No obstante, destacan: 1) lo positivo de que hayan sido pactadas entre todos los actores sociales, económicos y el gobierno; 2) la combinación de políticas de protección sociolaboral (ERTE, autónomos) con reformas de protección social (IMV) y laboral (trabajadores de plataformas digitales, regulación del teletrabajo). En todo caso, destacan que se mantienen: a) la necesidad de garantizar un sistema público de salud de calidad; b) la necesidad de un cambio de estrategia en las políticas de cuidados; c) la necesidad de establecer nuevas formas de intervención social para el siglo XXI; d) la superación de las brechas educativas; y e) garantizar el acceso de todos los hogares a una vivienda de calidad.
Elementos para la valoración de las desigualdades en 2022 en España. Algunas conclusiones finales
A lo largo de los artículos de esta Sección dedicados al tema de las desigualdades, hemos constatado que éstas están asociadas a las diferencias en la distribución de la renta (capital-trabajo), a las desigualdades salariales, a la degradación de las condiciones de trabajo, o a la falta del mismo, que conducen a muchos trabajadores y parados al umbral de pobreza, así como a percepciones en jubilados o excluidos que les sitúan en la marginalidad social.
La pandemia y las medidas adoptadas para proteger la salud y la vida de las personas han provocado la desaceleración del crecimiento inclusivo y el proceso de reducción de la pobreza. Han reducido drásticamente los ingresos y el bienestar de personas que ya eran pobres, y han empobrecido, fundamentalmente en las zonas urbanas, a trabajadores en sectores como los servicios informales o los gravemente afectados por el confinamiento (turismo, transporte, restauración, …).
La mayor parte de la clase media, formada en gran parte por pequeños empresarios y profesionales, muchos de ellos “autónomos”, ha visto empeorar su situación como efecto de la crisis asociada al Covid19. Sólo el 20% de mayores ingresos –y en particular el 1% de ingresos superiores- sigue aumentando estos y acumulando mayor proporción de riqueza, en gran parte como consecuencia de las mejoras en cotizaciones y beneficios/ingresos de las grandes multinacionales y empresas, pero también por las mayores remuneraciones de los gerentes, funcionarios y profesionales de la clase media alta, que han experimentado una crisis relativamente leve, manteniendo sus salarios mediante el teletrabajo.
España había reducido su desigualdad de renta, desde 2014 a 2019, más deprisa que la media de la UE (aunque, en 2019, esa desigualdad permanecía por encima de la media de la UE) por el descenso de la proporción de personas que vivían en hogares de intensidad laboral nula o muy baja, aunque esa cifra también se mantenía considerablemente por encima de la media de la UE.
En 2020, con las medidas adoptadas para garantizar la salud frente a la pandemia, se quiebra estas tendencias decrecientes por la afección al alto porcentaje de trabajo precario en España, y el menor acceso a la protección social y menores sueldos que conlleva. No obstante, el conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno de coalición ha conseguido revertir esta dinámica negativa, llevando las cifras de empleo y paro, en la Encuesta de Población Activa (EPA)[18] del cuarto trimestre de 2021, a valores muy satisfactorios que necesariamente incidirán en la mejora de los indicadores AROPE para ese año.
Segúlos datos del INE, el número de ocupados, en 2021, llegó a 20.185 millones (la cifra más elevada desde 2008), habiéndose creado 840.700 empleos en el año, con particular incidencia en el sector servicios (705.400 ocupados más). Los asalariados aumentan en 732.700, de los cuales un 42% en empleo temporal, con lo que el empleo temporal sigue representando el 25,4% del total, y los trabajadores por cuenta propia aumentan en 105.800 en el año. Con ello, la tasa de paro se redujo al 13,33% de la población activa (la menor desde 2007), aunque sigue siendo la más elevada de la UE.
Como vemos, la tasa de temporalidad del empleo se mantiene en niveles muy altos, lo que hace persistente el papel del trabajo precario entre una de las principales causas de la desigualdad en España, aunque no la única. De hecho, la desigualdad en la riqueza poseída es un factor que perpetúa e incrementa la espiral de incremento de las desigualdades al generar, desde el nacimiento, un factor estructural de desigualdad de oportunidades. A lo que se une una tasa de acumulación y revalorización del capital y del patrimonio de los más ricos, netamente superior a la media del crecimiento del total, y, por supuesto, muy por encima de la media de crecimiento del patrimonio de los más pobres, con lo que las desigualdades en la riqueza tienen una tendencia creciente entre los extremos.
Señalábamos hace dos artículos que nos interesaba sobre todo la desigualdad que puede generar tensiones dentro del país y, consecuentemente, afectar a la predisposición e influencia política en los mismos, aspecto particularmente tratado en la publicación señalada de Gethin, A., Martínez-Toledano, C. y Piketty, T. (2021), y en las discusiones generadas sobre la misma.
Hemos visto que la pandemia y las medidas adoptadas para combatir sus efectos sobre la salud ciudadana, han afectado de forma más negativa e intensa a las personas con menores recursos y en riesgo de pobreza, ampliando las desigualdades sociales y dando lugar a una creciente fragmentación social, incidiendo fundamentalmente sobre los jóvenes y las mujeres, entre los que ha crecido la desilusión y la crispación. También una parte importante de la clase media, formada por pequeños empresarios y profesionales, muchos de ellos “autónomos”, ha visto empeorar su situación como efecto de la crisis asociada al Covid-19. Todo lo cual ayuda a una creciente polarización, una erosión de la confianza en los gobiernos, fundamentalmente en el del Estado, y un creciente malestar social, que se están sumando al resto de factores desestabilizantes como confinamientos, limitaciones a la movilidad, uso de mascarillas, obligación de la vacunación, etc.
Es creciente la constatación de que la población desfavorecida –y muy en particular, los jóvenes- exigen políticas que proporcionen respuestas globales y estatales, que eviten incrementos en las contradicciones sociales de mayor magnitud, que reduzcan las desigualdades, garanticen unas condiciones de vida mínimas para todas las personas, y eliminen las brechas de acceso a los servicios de calidad para todos a fin de asegurar una igualdad de oportunidades, a la vez que se fomenta una transición ecosocial.
Sin embargo, como se muestra en las investigaciones citadas, este proceso no está viniendo acompañado, de forma general, por un incremento del peso de los partidos políticos que defienden las medidas de redistribución de renta, con mayores prestaciones públicas (renta social) y medidas impositivas progresivas, fundamentalmente sobre la renta, pero también sobre donaciones y sucesiones, que serían el mecanismo idóneo para lograr un cierto acercamiento a la igualdad de oportunidades para todas las personas. Hasta qué punto esto está sucediendo de esta manera en España trataremos de considerarlo en el próximo artículo con una aproximación a la valoración del peso de las desigualdades en los resultados de las elecciones celebradas en España.
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[1] https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf
[2] https://explore.wpid.world/
[3] Gethin, A., Martínez-Toledano, C, et Piketty, T. (2021).- “Clivages politiques et inégalités sociales: Une étude de 50 démocraties (1948-2020)”. París. 2021.
[4] La riqueza neta de los hogares la define como la suma de los activos financieros (p. Ej., Acciones o bonos) y activos no financieros (p. Ej., Vivienda o tierra) propiedad de individuos, netos de sus deudas.
[5] La explicación que realizan es que, aunque la mitad más pobre de la población tuvo unas tasas de crecimiento anuales entre el 3% y el 4%, entre 1995 y 2021, ésta se aplica a niveles de riqueza muy bajos, capturando sólo el 2,3% del crecimiento total de la riqueza mundial generada desde 1995. Sin embargo, el 1% más rico tuvo tasas de crecimiento de entre el 3% y el 9% anual, captando el 38% del crecimiento de la riqueza total entre 1995 y 2021.
[6] https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0&searchString=%22Encuesta%20Continua%20de%20Hogares%22
[7] La tasa Arope diseñada por la CE, se construye a partir de los individuos cuyos ingresos se sitúan por debajo del 60% de la mediana, ajustada según: la composición del hogar (riesgo de pobreza, cuyas cifras se refieren a un año antes del resto de datos de la encuesta); las familias que padecen carencias materiales; y aquellas cuyos miembros trabajan pocas horas (baja intensidad en el empleo). https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
[8] Los datos de la población en riesgo de pobreza se refieren al año anterior a la entrevista (realizada en el cuarto trimestre de 2020) por lo que, realmente, miden la evolución de 2018 a 2019 y no incorporan los efectos de la pandemia, previsiblemente de mucha mayor magnitud, que se apreciarán en el próximo dato de AROPE para 2021.
[9] Las CCAA con mayor porcentaje de personas que declaró en la fecha de la encuesta (cuarto trimestre de 2020) que llegaba a fin de mes con “mucha dificultad” fueron Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%) y Extremadura (12,7%), frente a Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%), con la mejor situación. Madrid se encontraba en una situación intermedia, con el 8,5%, por debajo del 10,0% estatal.
[10] FMI (2021).- “Fiscal Monitor: A Fair Shot”. https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021#Full%20Report
[11] https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan
[12] Destaca que los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. O que, Desde 1995, el 1 % más rico ha acaparado cerca de 20 veces más riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad, haciendo referencia el título de su Informe al hecho de que las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona cada cuatro segundos.
[13] OXFAN (2021). ESTIMACIÓN DEL EFECTO DEL COVID-19 EN LA POBREZA Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN ESPAÑA. https://oxfam.app.box.com/s/ewkxpwf6amaux3rq2fb3hri5zxqj6s8l
[14] Caída del PIB y del PIB per cápita del 9%, incremento del desempleo en 2020 hasta el 19%, sin considerar posibles ajustes salariales.
[15] FOESSA (2022).- “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España” https://www.foessa.es/publicaciones/
[16] De hecho, señalan (pág. 596) que las tres ocupaciones más relevantes entre las personas afectadas por la exclusión severa (cuatro de cada diez empleos) son la limpieza, la hostelería, y las labores agrícolas, lo que muestra que ésta no se debe a su marginalidad o su falta de funcionalidad para el sistema económico, sino a su remuneración; en parte porque los salarios son menores, pero, sobre todo, por la menor duración del empleo (temporalidad) y lo reducido de las jornadas (parcialidad). El confinamiento por la pandemia habría reducido en un 8,5% el empleo irregular y las ocupaciones marginales (vendedores a domicilio, venta ambulante, empleadas del hogar, temporeros, recogida de cartón o chatarra, reparto de propaganda) dejando a los hogares que dependían de ellas en situaciones desesperadas.
[17] Señalan que son los problemas de empleo los que, en 2020, superan en intensidad (21,8% de los hogares), con un desempleo que afecta a seis de cada diez hogares, a los tradicionales problemas de vivienda (20,6%). Adicionalmente, destacan el deterioro de las relaciones sociales durante la pandemia, la mayor incidencia de los efectos negativos sobre los jóvenes, el incremento de la desigualdad de género, tanto globalmente como en el cuidado de la infancia, el recorte de gasto producido en los hogares, el papel amortiguador del descenso del saldo migratorio extranjero y su importancia en la exclusión severa, o la brecha digital como nuevo factor de exclusión social.
