La controvertida votación para la convalidación del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, está llevando a escuchar más los ecos que las voces, a los que se refería Antonio Machado. Los ecos son el voto equivocado del Diputado popular Casero, que, en cierto modo, es anecdótico. Las voces, es decir, los sonidos ciertos son los votos contrarios de los Diputados Sayas y Adanero, de Unión del Pueblo Navarro, cuando la dirección de su partido se había comprometido al voto favorable a la convalidación y ellos msmos, como se oyó en la radio, declararon esa misma mañana  que votarían a favor, a pesar de que no los gustaba el Decreto-Ley. Separemos ambos hechos para no hacer el juego a Casado y al Partido Popular que han creado un gran escándalo de un error imputable a un Diputado conservador, precisamente para que pase desapercibido el nuevo “tamayazo”. Más abajo volveremos sobre el voto equivocado del Diputado Casero, pero siempre en segundo lugar.

En el lenguaje político hay siempre el riesgo fácil de acudir a lugares comunes y, en este caso, es una fórmula manida y conceptualmente pobre hablar de “tamayazo” como expresión de traición política, en donde un partido compra (con bienes o con promesas futuras) a algunos diputados para que hagan fracasar una votación ajustada, donde la votación se dirige hacia un determinado objetivo político, objetivo que por una razón u otra es relevante. El primer caso de “tamayazo” (naturalmente) fue en junio de 2003 con la traición de los Diputados socialistas Tamayo y Sáez a los que “alguien” compró para que traicionaran a su partido e impidieran así la investidura de Rafael Simancas como Presidente de la Comunidad de Madrid. También fue “tamayazo” el cambio de intención de voto de Diputados regionales de Ciudadanos para no investir Presidente de la Región de Murcia al candidato socialista, cuando el PSOE ya lo habría acordado con Ciudadanos. La estructura del comportamiento es siempre la misma, conseguir (vuelvo a decir) con bienes o con promesas futuras que una votación para la que un partido se compromete fracase mediante el voto disidente de uno o varios parlamentarios. Ya es sospechoso que en la Comunidad de Madrid, en la Región de Murcia y, ahora, en el Congreso de los Diputados, el partido beneficiario de esta traición ser siempre el Partido Popular. Sospechoso y siempre casualidad…

Además, los Diputados navarros han quebrantado un principio fundamental de la vida parlamentaria. El constitucionalista italiano Augusto Barbera explica en una conocida obra suya sobre el Parlamento (I parlamenti, Bari, 2019, págs. 49-50) que una de las características constantes de los Parlamentos es la publicidad y por eso en todos los Reglamentos existe el trámite de explicación del voto, pero los Diputados Sayas y Adanero no sólo han traicionado los acuerdos políticos de su partido, sino que además han defraudado a todos los ciudadanos al no explicar en tribuna que iban a votar en contra de la convalidación.

Este es el escándalo gravísimo de la democracia española. Hay un partido nacional (con una curiosa deriva “trumpista” de la que hablaremos a continuación) que ha cogido gusto a la compra de parlamentarios para quebrar el voto mayoritario al que se han comprometido varios partidos. Es cierto que estamos pagando la renuncia a investigar los perfiles penales de la traición de Tamayo y Sáez, pues si éstos hubieran sido juzgados hoy la traición sería tomada con más aprensión, pero nada se hizo en 2004 (cuando el aparato del Estado podía investigar) y todavía se practica con impunidad.

Ahí está el mal de la democracia española, es decir:

  • que hay un partido que compra parlamentarios y que hay parlamentarios que se dejan comprar;
  • que para disimular la compra-venta, el partido beneficiario orquesta un gran escándalo mediático donde acusa a las víctimas de la traición de una falsa traición. Eso sí, con mucho ruido, con amenazas penales y con rasgadura de vestidura.;

Por eso estamos hablando desde el comienzo de “trumpismo” pues, al igual que Trump, el partido que incita a la traición y se beneficia de ella no asume las derrotas, lanza teorías conspiratorias y, además (como ha pasado en Lorca), empieza a sacar a la calle a sus militantes más aguerridos para asaltar edificios públicos.

Al lado de este problema que va a degradar la democracia si no lo cortamos pronto, el despistado voto del señor Casero es una anécdota. Cierto que el voto del Diputado Casero hubiera permitido no convalidar el Decreto-Ley pero el tema es que ese Diputado es el único responsable de la votación equivocada. No se puede pensar que hubo algún error tecnológico y menos aún una manipulación del sistema electrónico de votación, pues en ese caso habría afectado a todos los Diputados que votaron a distancia. Claro que no es infrecuente que en una votación (presencial o electrónica) un parlamentario se equivoque, pero el Reglamento no prevé votaciones “de repesca” porque eso quebraría la seguridad y la certeza de las votaciones. El parlamentario que se equivoca no puede esperar una nueva votación que venga sanar su negligencia porque podría dar lugar a cierto filibusterismo y rompería el sentido simbólico de la votación.

Naturalmente el Presidente del Partido Popular amenaza con una denuncia penal a la Presidenta del Congreso y, como siempre, con acudir al Tribunal Constitucional. Pero tendrá que demostrar tecnológicamente el error o la avería en el sistema de votación y no en un parlamentario despistado, lo que no parece fácil. Por eso sería más útil que Casado, García Egea y Gamarra nos aseguraran que nadie de su partido se relacionó con los Diputados de Unión del Pueblo Navarro y, de paso, nos explicaran por qué el Diputado Casado, que estaba enfermo para acudir a votar al Congreso, apareció por el Pleno pidiendo votar otra vez.

El tema de este pequeño “tamayazo” nos muestra una vez que hay algo muy podrido en la política española. ¿Están todos los dirigentes populares de acuerdo con esta deriva medio “trumpista” medio corrupta?