Tras la exhumación de los restos de Franco, la vida política española sigue igual. Es decir, no ha pasado nada. Se ha rectificado una anomalía simbólica que arrastraba la democracia española pero este país no ha sufrido ningún terremoto. Merece la pena una reflexión sobre este fenómeno tan atípico porque nos da algunas claves para la política española, del pasado y del presente. Por eso vamos a ver: i) por qué estaba enterrado el dictador en un lugar tan peculiar como el Valle de Cuelgamuros; ii) por qué debía ser desenterrado de ese extraño lugar; iii) la forma con que se ha realizado la exhumación y subsiguiente entierro en el cementerio de El Pardo; iv) las reacciones políticas; y v) que hacer con el monumento y su entorno.

Por qué estaba enterrado el dictador en un lugar tan peculiar como el Valle de Cuelgamuros. En sentido político, es indiferente que Franco o su familia quisiera estar enterrado en Cuelgamuros o en otro lugar. Lo relevante es que el Gobierno que regía España cuando murió el dictador decidió enterrarlo en medio de la basílica con una sepultura de sobria apariencia pero que denotaba la iconografía de los soberanos.

¿Por qué los primeros Gobiernos de la democracia, desde Suárez hasta Aznar, no se plantearon rectificar la extravagancia de que un dictador estuviera enterrado en un espacio público con el reconocimiento moral que comportaba ese lugar público? Porque los Gobiernos de la derecha (Suárez, Calvo-Sotelo, Aznar) no iban a cambiar el status quo acordado tácitamente con los herederos de la dictadura y que probablemente no molestaba al Rey Juan Carlos. Y en el único Gobierno de la izquierda, el de Felipe González, debió considerar que lo prioritario era consolidar la democracia y avanzar en la modernización económica y social, y una operación como la de sacar a Franco de la basílica del Valle de los Caídos podía perturbar y hasta retrasar los grandes objetivos de modernización y democratización.   

Sólo el Presidente Rodríguez Zapatero, nieto de una víctima de la represión golpista, se planteó el tema. Primero aprobando una norma tan peculiar y necesaria como la llamada Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de noviembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura). Ya esta Ley dedicaba un artículo, el decimosexto, al Valle de los Caídos, que ordenaba tratarlo como lugar de culto y como cementerio público y prohibía celebrar en ese reciento ceremonias de exaltación de la Guerra Civil y en una disposición adicional sexta de la Ley se encargaba a la Fundación que lo gestiona (creada en 1957) incluir entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de las personas fallecidas como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión subsiguiente. También el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de noviembre, constituyó una comisión de expertos que elaboró un informe sobre el destino del monumento. Nunca sabremos qué se habría decidido sobre el Valle y la sepultura del dictador si el P.S.O.E. hubiera ganado las elecciones de 2011. Lo que sí sabemos es que el Gobierno siguiente del Presidente Rajoy, no se planteó ninguna actuación sobre el Valle.

En resumen, enterrado el dictador por su propio Gobierno con la solemnidad y el lugar propios de los Jefes del Estado, los Gobiernos de la transición y de los primeros años de la democracia no reflexionaron sobre el significado de tener enterrado con honores a un dictador que sojuzgó a su país durante cuarenta años. Los Gobiernos de la derecha no se sentían tan distantes del propio dictador (Suárez hizo toda su carrera política en la dictadura, Calvo-Sotelo era yerno de un Ministro del dictador y Aznar era nieto de un colaborador de Franco). Y la izquierda que representaba Felipe González consideró prudente no entrar en ese avispero que podría perturbar el proceso de democratización y modernización que puso en práctica a partir de 1982.

Por qué debía ser desenterrado del Valle de Cuelgamuros. Es bastante entendible que el Presidente Sánchez planteara desde el primer momento exhumar al dictador de un lugar que, a pesar de su simbología siniestra, tiene la solemnidad de una tumba de Estado. Más allá de los valores políticos, ningún sistema político honra a quienes representan la antítesis de ese sistema. Por eso Ataturk tiene un mausoleo impresionante en Ankara y por eso Napoleón (asumido como gobernante propio por la democracia francesa a pesar de que creó una dictadura) está enterrado en los Inválidos. En sentido contrario, Mussolini, Hitler y Petain representan valores contrarios a las democracias italiana, alemana y francesa. Era una extravagancia que Franco fuera honrado en un lugar público porque simboliza los valores contrarios que consagra el preámbulo de la Constitución española. Más aún, la idea de reconciliación que subyace a todo el proceso de la transición no justifica seguir tratando a Franco como gobernante legítimo, digno de respeto y consideración. Por ende, ha sido un acierto del Gobierno del Presidente Sánchez afrontar con decisión un problema que suponía un escarnio para la democracia.

La forma con que se ha realizado la exhumación y subsiguiente entierro en el cementerio de El Pardo. Para asegurar la legalidad de la exhumación, el Gobierno del Presidente Sánchez aprobó el Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto, que agregó a la Ley de la Memoria Histórica dos preceptos sobre la prohibición de que estén enterradas personas que no fallecieron durante la Guerra Civil y mandatando al Gobierno a hacer efectiva esta prohibición exhumando los restos de las personas que, conforme a la nueva redacción de la Ley, no deben estar allí enterrados.

El mandato de la Ley era claro pero a partir de su aprobación la familia del dictador inició una guerra de guerrillas judicial que llegó incluso a una querella judicial no sólo contra el Subsecretario de la Presidencia y el Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional sino también contra un funcionario de Patrimonio Nacional y hasta contra la funcionaria del Ministerio de Cultura y Deporte que había firmado el traslado de ese funcionario desde ese Ministerio a Patrimonio Nacional, querella que el Juez no admitió a trámite. Y además de esta artillería pesada (inicua en el caso de dos funcionarios ajenos a las decisiones políticas) la familia Franco combatió el acuerdo del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo y ante un Juez de lo contencioso-administrativo de claras inclinaciones franquistas. Todos esos óbices se han superado y eso es lo que ha hecho posible que el 24 de octubre se exhumaran los restos de Franco para enterrarlos en el cementerio de El Pardo.

Sobre la ceremonia de exhumación y nuevo enterramiento hay que decir:

  1. El mausoleo del cementerio de El Pardo, donde ya estaba enterrada la viuda del dictador, es una gran mausoleo, digno, que es propiedad del Estado por cesión de Patrimonio Nacional fue siempre su propietario. Un lugar tan apropiado como la cripta de la Almudena pero sin el inconveniente de tener a un dictador en el centro de Madrid, para atracción de nostálgicos;
  2. La ceremonia de salida de los restos no pudo ser más sobria y más digna y no comportaba el menor homenaje al dictador. Era el tratamiento que se merece cualquier resto mortuorio.
  3. La fecha, con las Cortes Generales disueltas, no ha sido elegida por el Gobierno sino cuando lo han permitido las diversas instancias judiciales que conocieron los obstáculos procesales que puso la familia Franco. Levantados esos obstáculos, el Gobierno no podía esperar a la celebración de las elecciones porque la exhumación no podía estar condicionada por los resultados de las elecciones del 10 de noviembre.

Las reacciones políticas. Empezando por la reacción de Podemos, habría sido más digno que Iglesias Turrión no hubiera pedido el aplazamiento de la exhumación por temor a que el acto proporcione votos al P.S.O.E. ¿Tan electoral ve Podemos el acto que ha tenido que criticarlo en lugar de apoyarlo? Y en esa línea los independentistas catalanes y, en general, algunos izquierdistas despistados han creído que la exhumación ha sido un acto de homenaje franquista. ¿Cómo se deben tratar los restos de una persona, auqnei sido un dictador?

Y la derecha de este país en el fondo se ha alineado con la extrema derecha de Vox. La derecha que representa el Partido Popular tiene un problema con la historia y es que no acepta la experiencia democrática de la Segunda República y, por ende, se identifica con los golpistas que provocaron la Guerra Civil y con la dictadura subsiguiente. El Partido Popular (fundado por varios Ministros de Franco) nunca ha condenado la dictadura y nunca se ha identificado con la democracia republicana (sobre este tema mi artículo “La derecha española ante la Guerra Civil y la Dictadura”, Temas para el debate, núm. 186, mayo, 2010, págs. 14-16). Por consiguiente, la derecha se ha sentido incómoda pero lo sorprendente ha sido la salida zafia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el alineamiento de Ciudadanos. Una derecha nueva como Ciudadanos no se separa de la visión histórica de la derecha creada por Ministros franquistas: es un caso curioso de pereza intelectual.

Y ya como expresión de ese ramalazo belicista de la derecha, debe recordarse que el Presidente Sánchez fue denunciado ante la Junta Electoral Central por la breve declaración institucional que hizo cuando se confirmó el enterramiento, Si una declaración de ese tipo, carente de toda intención propagandística, es objeto de denuncia, todo acto administrativo puede ser también denunciado. Al fin, denota que entre los partidos de la derecha (no de sus electores) el franquismo está muy vivo y todavía duelen las críticas.

Qué hacer con el monumento y su entorno. Digamos de entrada que todo el monumento está en malas condiciones materiales. Las esculturas de Juan de Ávalos se están destruyendo hace tiempo por la mala calidad de la piedra arenisca utilizado. Además, el interior de la basílica es tan grande que no se puede adaptar a otros fines. No hablemos de los columbarios, algunos de los cuáles están derrumbados y los restos mezclados. No obstante, algunas ideas surgen:

  • El Valle de los Caídos debe desvincularse de Patrimonio Nacional, que está al servicio del Rey y de la Real Familia. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ha acordado pedir esa desvinculación al Gobierno que salga de las próximas elecciones;
  • Las condiciones materiales del monumento no permiten muchas iniciativas. Que sea un lugar de memoria y de recuerdo de la Guerra Civil es aceptable pero siempre que no comporte gastos descomunales;
  • La comunidad benedictina no debería seguir en una recinto cuando hasta ahora ha sido un obstáculo serio a los planes del Gobierno de la Nación, También conviene reflexionar si la basílica debe seguir siendo un lugar sagrado;
  • Finalmente, aunque no se sitúa en Cuelgamuros, conviene reflexionar si la Fundación Francisco Franco (tan activa en dificultar los planes del Gobierno) se adapta a la Ley de Memoria Histórica.

Conclusión. Franco ya no está enterrado en el Valle de los Caídos y no ha pasado nada porque la sociedad española, consciente sin embargo, de lo que supuso la Guerra Civil y la dictadura, no se identifica con el franquismo. ¿Cuándo dejará de identificarse la derecha?