Tres años después de la reforma laboral del PP de 2012, con la que se pretendía dotar «al marco laboral español de unas nuevas reglas e instituciones modernas, adaptadas a la economía global del conocimiento en el ámbito de la moneda única europea para la generación de empleo y oportunidades para todos» (programa electoral del Partido Popular 2011), se está en condiciones de realizar un balance objetivo de sus resultados.

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