A partir del mismo día de las elecciones del 28 de abril, los órganos de dirección de Podemos e Iglesias Turrión defienden la idea de un Gobierno de coalición. En la entrevista del Presidente Sánchez y el máximo dirigente de Podemos se abrió la idea de un Gobierno de colaboración cuyo formato y composición se negociará más adelante. La idea es acertada porque se tiene la impresión de que en Podemos se tiene una idea errónea de lo que significa un Gobierno de coalición. Vamos a detenernos en lo que significa gobernar en coalición en el marco de la Constitución, porque quizá estemos ante un equívoco del dirigente de Podemos. Veamos en primer lugar el marco constitucional.

En la teoría del Derecho constitucional la posición de los Gobiernos y de su Presidente se explica por tres principios diferentes: el de dirección presidencial (o de canciller), el colegial y el departamental, y así los describe la exposición de motivos de la Ley del Gobierno de 1997. El principio de dirección presidencial o de canciller comporta que la dirección del Gobierno corresponde al Presidente del mismo, que dispone de todos los mecanismos necesarios para ejercer esa función directiva. El principio colegial pone el acento en la forma colegial con que se adoptan las decisiones, esto es, en el Consejo de Ministros. El principio departamental se refiere a la función directiva y autónoma de los Ministros (departamental, por Departamento ministerial). En toda Constitución democrática encontramos una combinación de los tres principios, pero en todas las Constituciones predomina uno de los tres. Así, en la España de la Restauración, en la Italia unificada o en la Tercera República francesa predominaba el principio colegial pues el Presidente del Gobierno (que tenía la significativa denominación de Presidente del Consejo de Ministros) disponía de pocos mecanismos propios para dirigir el Gobierno. El caso extremo fue la Tercera República francesa donde los Presidentes del Consejo de Ministros eran al mismo tiempo titulares de un Departamento ministerial y sólo en 1935 apareció una mínima organización administrativa al servicio del Primer Ministro. Lo mismo pasaba en la Alemania de Weimar.

En España la Constitución ha adoptado, de forma muy rotunda, el principio de dirección presidencial o de canciller (denominado así porque apareció en la Ley Fundamental de Bonn en 1949). ¿En qué se manifiesta el principio de dirección presidencial o de canciller? En los siguientes elementos:

  • El Congreso de los Diputados otorga su confianza al Presidente del Gobierno, no al Gobierno (artículo 99.3 de la Constitución).
  • El Congreso de los Diputados elige al Presidente sin conocer cuál será el Gobierno, que se nombrará más tarde (artículo 99.3 de la Constitución).
  • El Presidente del Gobierno propone a continuación al Rey el nombramiento de los miembros del Gobierno (artículo 100 de la Constitución).
  • El Presidente del Gobierno propone al Rey el cese de los miembros del Gobierno (artículo 100 de la Constitución).
  • El Presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina a los miembros de éste (artículo 98.2 de la Constitución).
  • El Presidente del Gobierno decide por sí mismo si plantea la cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados si bien ha de deliberarlo el Consejo de Ministros (artículo 112 de la Constitución).
  • El Presidente del Gobierno decide por sí mismo cuando se disuelven las Cortes Generales aunque ha de deliberarlo también el Consejo de Ministros (artículo 115.1 de la Constitución).
  • El Presidente del Gobierno decide la interposición del recurso de inconstitucionalidad (artículo 162.1.a).

La Constitución ha optado por un Presidente muy fuerte en el que confluyen todos los mecanismos del poder junto al que los Ministros ocupan una posición subordinada, con escasa autonomía. Y si la Constitución configura un Presidente del Gobierno muy poderoso, la Ley del Gobierno de 1997 ha completado esa función presidencial:

  • El Presidente del Gobierno determina la estructura del Gobierno, creando y suprimiendo Ministerios y Secretarías de Estado por medio de Decretos presidenciales (artículo 2,2, j).
  • el Presidente establece el programa político del Gobierno [artículo 2,2,b)];
  • El Presidente convoca, preside y fija el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros (artículo 2,2, g).

Y cuando hablamos del poder del Presidente hemos de tener en cuenta que éste dispone de tres instrumentos fundamentales para controlar el Gobierno y la política, a saber, la Presidencia (Gabinete y Secretaría General), el Ministerio de la Presidencia (con el Secretariado del Gobierno) y la o las Vicepresidencias del Gobierno. Con estos órganos, el Presidente coordina toda la política e imparte instrucciones a los Ministerios y a los Ministros. Y además, están los Ministerios horizontales que coordinan y controlan las políticas públicas: Hacienda, Economía y Política Territorial y Función Pública.

Además de estas funciones realmente decisivas, hay que tener en cuenta que en el Consejo de Ministros NO SE VOTA pues es el Presidente del Gobierno el que decide cuando se aprueba o no un asunto. Y lo mismo ocurre en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y en las Comisiones Delegadas del Gobierno, donde el miembro del Gobierno que lo preside (normalmente, el Vicepresidente) también decide sin votación los asuntos los asuntos que pasan al Consejo de Ministros. Y para redondear el tema, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas (artículo 5.3 de la Ley del Gobierno).

Con esta estructura tan sólida, el papel que pueda hacer un Ministro de un partido distinto al partido del Presidente es ciertamente limitado. Porque, como es sabido, en los Gobiernos de coalición la relación entre los partidos coaligados se articula en otro foro, el comité de enlace entre partidos pues se debe evitar que las negociaciones y discrepancias entre partidos coaligados se trasladen al Consejo de Ministros que se convertiría en un Parlamento en miniatura que lastraría su acción (véase Javier García Fernández: “Presupuestos jurídicos de los Gobiernos de coalición en el ordenamiento español”, Sistema, núm. 244, octubre 2016, págs. 7-20).

Más aún. Con un Gobierno de coalición, los Grupos Parlamentarios de los partidos que lo componen están imposibilitados de realizar toda crítica en el Parlamento. No tienen otra misión que apoyar al Gobierno sin que puedan entrar en las aguas pantanosas de la crítica. Los Diputados de Podemos sólo podrían apoyar al Gobierno, estuvieran o no de acuerdo con su acción.

En definitiva, las políticas públicas de los eventuales Ministros de Podemos tendrían un alcance muy limitado. Por otra parte, como Podemos no es suficiente para alcanzar la investidura, el Presidente Sánchez se debería también a otros partidos (PNV, etc.) que tampoco van a coincidir con Podemos.

Los partidos minoritarios, por su propio interés, no debería formar parte del Gobierno. Porque no van a poder hacer del Consejo de Ministros un órgano de confrontación ni de lucha ideológica, y sus políticas y decisiones, pasen o no por el Consejo de Ministros, van a estar sometidas al control de los Ministerios horizontales y de la Presidencia del Gobierno. Y sus miembros no van a poder contar sus propuestas e iniciativas. Puede ser una experiencia política frustrante.