Además de las solemnidades que derivan del protocolo, el primer juramento parlamentario que pasó a la Historia fue, en realidad, pre-parlamentario: el Juramento del Juego de Pelota, por celebrarse en un frontón donde cabían juntos los tres brazos de los Estados generales que se juramentaron para seguir reunidos (los brazos se reunían por separado en las Asambleas del Antiguo Régimen) frente a un eventual intento de disolverlos por parte del Rey. Con ello, se constituyeron en Asamblea Nacional y se inició realmente la Revolución Francesa (la toma de la Bastilla fue una anécdota).

Ha llovido mucho desde el Juramento del Juego de Pelota pero en el Derecho parlamentario de todas las democracias ha quedado un trámite que evoca el de los brazos de los Estados Generales, que es el juramento de acatar la Constitución. En España no es una materia constitucionalizada pero está prevista en los Reglamentos parlamentarios (artículos 20.1.3º del Reglamento del Congreso y 11.2 del Reglamento del Senado). El juramento o promesa no es baladí, porque su cumplimiento se ha anudado en los dos reglamentos a la plena adquisición de la condición de diputado o de senador.

Al mismo tiempo, el juramento o promesa de los parlamentarios posee una dimensión política importante, porque de ese acto ritual depende que se perfeccione o no la condición de parlamentario o de concejal. Ya en 1983 se planteó la primera cuestión pues en la legislatura iniciada en diciembre de 1982 los diputados de Herri Batasuna no acudieron al Congreso y éste les denegó la condición de parlamentarios, porque no habían formulado el juramento o promesa. Recurrida esta denegación ante el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 164/1983, de 18 de noviembre se denegó el amparo con un argumento muy interesante, que el deber de acatamiento a la Constitución, como regla general, está en la propia Constitución. Pero dos años después, en la Sentencia 8/1985, de 15 de marzo, el mismo Tribunal Constitucional otorgó el amparo a dos concejales comunistas de Aranda de Duero que hicieron un juramento no regulado por lo que no se les reconoció como concejales. Para el Tribunal Constitucional, el juramento en el ámbito municipal estaba regulado en una norma preconstitucional, que tenía menos densidad normativa que el derecho constitucional de participar en los asuntos públicos.

Pero en 1989, cuando los diputados y senadores de Herri Batasuna acudieron por vez primera a las Cámaras, cumplieron la exigencia de jurar o prometer “por imperativo legal”. Los Presidentes de ambas Cámaras les denegaron la condición de parlamentarios y los afectados acudieron al Tribunal Constitucional que en sus Sentencias 119/1990, de 21 de junio (para los Diputados) y 74/1991, de 8 de abril (para los Senadores) hizo una interpretación tolerante y, al amparo de que la democracia española no es militante, acabó por admitir la libertad ritual en esta clase de juramentos. Con ello, el Tribunal Constitucional dejó sin efectos los artículos 20.1.3º del Reglamento del Congreso y 11.2 del Reglamento del Senado y banalizó un acto de cierta trascendencia.

Años después, ya en el siglo XXI, con la llegada de los parlamentarios de Podemos a las Cortes, el acto o juramento o promesa se ha banalizado definitivamente. Cuando cada parlamentario de Podemos prometió invocando las ideas y las expresiones más peregrinas y hasta una diputada lo hizo acompañada de un menor de edad que no debería haber pasado al hemiciclo (hay guardería en el Congreso), el acto solemne de promesa o juramento perdió tanto su dimisión simbólica (prometen la Constitución los que quieren destruirla), como jurídica (la flexibilidad de la aplicación de la norma la hace inaplicable con rigor jurídico).

Y si ocurrió en 2016, tenía que volver a ocurrir en 2019. Los diputados independentistas soltaron sus soflamas propagandistas, para las que son maestros. Los diputados de Podemos tuvieron que hacer su promesa infantil. Y los diputados fascistas de Vox tuvieron que invocar innecesaria e ilegalmente a España, que confundieron con la Constitución. Y para terminar la sesión de circo el diputado Rivera, más español que nadie y más español que Casado, tuvo que sacar sus nuevos modales de niño enfurruñado con la vida para protestar de forma extemporánea.

Hizo bien la Presidenta de la Cámara en no entrar en las provocaciones de secesionistas, extrema izquierda y extrema derecha (rama Vox y rama Ciudadanos) porque la jurisprudencia vigente es muy clara y, sin una cobertura normativa, no puede cambiar la aplicación del reglamento parlamentario. Pero queda la impresión de que la ceremonia de juramento o promesa se ha banalizado.