Introducción.
Cuando los terremotos que han asolado el sur de Turquía y el norte de Siria generan más de 40.000 muertes, destrozan infraestructuras incomunicando poblaciones y afectan a edificios y viviendas dejando sin empleo y sin alojamiento a millones de personas, queda bastante clara la importancia que la construcción, la edificación y la vivienda, y su seguridad, juegan en el bienestar de las personas.
AON[1] publicaba recientemente los datos correspondientes a las catástrofes acontecidas en 2022, cifrando en 313.000 millones de dólares las pérdidas económicas asociadas, con un crecimiento del 4% sobre la media del siglo XXI, destacando que el cambio climático estaba en el origen de nuevos records de fenómenos climáticos extremos (los estima responsables del 99% de las pérdidas económicas), sobre todo debido a ciclones tropicales, inundaciones, tormentas convectivas severas, sequías y olas de calor.
La evolución de las pérdidas económicas globales por catástrofes se recoge en la Figura siguiente. 
Como puede apreciarse, hay una tendencia media creciente en las cifras registradas, con puntas singulares en años de catástrofes destacadas por sus negativos efectos, como el huracán Katrina, en 2005, o el terremoto y tsunami en Japón, en 2011, la oleada de huracanes en EEUU y el Caribe, en 2017, etc. No obstante, pese al incremento de estos costes de las catástrofes, no independientes del incremento de la población y de la riqueza en el período, hay que considerar que, afortunadamente, las medidas que se van adoptando, fundamentalmente de prevención/adaptación y alerta, han conseguido que el número de muertos asociados a las catástrofes –fundamentalmente a los terremotos, responsables de la mayoría de los muertos- tenga una tendencia claramente descendente en el tiempo.
Pero si los terremotos son las catástrofes más mortales desde la perspectiva de la tipología de catástrofes en cuanto a sus consecuencias económicas, la Figura siguiente muestra esa evolución, destacando, por este orden, el papel de inundaciones, ciclones tropicales, terremotos, tormentas convectivas severas, sequías, el tiempo invernal, las tormentas de vientos y los incendios.
Es evidente que las obras públicas, la edificación y la vivienda se ven afectadas por las catástrofes de forma significativa, siendo el derrumbe de las segundas una importante fuente de la mortalidad total por catástrofes. En todo caso, es claro que las catástrofes y su afección a obras públicas y edificaciones presentan consecuencias indeseables para el bienestar de la población que, en parte, se pueden prevenir y evitar.
Por otro lado, la construcción (incluidas viviendas, obras públicas y construcciones especializadas) genera la base infraestructural sobre la que se desarrollan servicios vitales para la población y su bienestar (alojamientos, servicios públicos, equipamientos y dotaciones públicas y privadas, stock de capital productivo). Pero también, como actividad económica y transformadora del territorio, puede tener graves consecuencias para ese bienestar, cuando su dinámica se aparta significativamente de las demandas ligadas al bien común y se fundamentan en procesos especulativos generadores de inflación, desequilibrios macroeconómicos y destrucción de patrimonio natural. Así, no hay que olvidar que el colapso inmobiliario asociado al proceso financiero-especulativo desarrollado desde finales de los noventa del siglo XX y principios del XXI, envió a la economía mundial a la recesión entre 2007 y 2009, sumiendo al mundo (sobre todo desarrollado) en un larga y grave crisis que no encontró el inicio de su reversión, en España, hasta 2014.
Hoy en día, la construcción en España se enfrenta a nuevos retos y al peligro de intentar reproducir procesos cuyo balance histórico tiene fuerte contradicciones y sesgos, no siempre positivos, tal y como puede constatarse en la evolución histórica del sector y su incidencia en el marco general de transformación de la sociedad y territorio español, desde 1930 a la actualidad.
La construcción en la España predemocrática.
La historia de la construcción en España, incluyendo obra civil, producción de viviendas y otras construcciones especializadas, está muy directamente ligada con la propia evolución del capitalismo español desde la postguerra civil. Y se encuadra en un fuerte proceso de urbanización de la sociedad española y de radical trasformación de su territorio, que no son independientes de la evolución socioeconómica de este país y de la mejora del bienestar medio de su población. Aunque tampoco son independientes de la generación de procesos irreversibles de degradación e insostenibilidad para ámbitos muy significativos de España[2].
Tras la Guerra Civil, España registra, territorialmente, las consecuencias de ésta, con muchas de sus ciudades y estructuras dañadas, con una importante parte de su población físicamente afectada o desplazada, y con graves problemas internacionales por el triunfo del fascismo en España y la derrota internacional de éste. Ello da lugar a que se produzca un período de autarquía, hasta finales de los cincuenta, que dará paso, posteriormente, al conocido como “milagro español”, caracterizado por un auge de todas las actividades ligadas al sector de la construcción y del automóvil, y posteriormente del turismo, que generaron un primer proceso de amplias transformaciones territoriales, en el que las migraciones del campo a la ciudad y la adecuación de ésta, con la correspondiente construcción de infraestructuras, edificaciones y viviendas, a las necesidades de sus nuevos habitantes cumplen un papel destacado.
La Figura siguiente, que muestra la evolución media anual del VAB total español y del correspondiente a la construcción en su conjunto, recoge como la Guerra Civil derivada del golpe de estado de 1936, significó una caída de ambas cifras en el período 1935-1940, que iba a venir seguida, hasta 1975, por un incremento muy significativo del crecimiento de la construcción y del VAB total español, aunque superando notablemente el de la construcción al global.
En 1960 existían problemas destacados derivados de unas infraestructuras de transportes y comunicaciones muy deficientes, con un sector de la construcción de todavía escasa relevancia (7% de la población activa), concentrado prioritariamente en las áreas metropolitanas atractoras de población, y en las ya iniciales zonas de desarrollo turístico, fundamentalmente centradas en los archipiélagos (Baleares y Canarias) y, en menor medida, en la Costa Brava y en el resto de costa mediterránea.
El conocido como “desarrollismo” se inicia con el Plan de Estabilización de 1959, que implica la apertura al exterior y la fuerte expansión industrial y del turismo. Se ponen en marcha tres Planes de Desarrollo, (Primer Plan de Desarrollo, 1964-67; Segundo, 1968-1971; Tercero, 1972 a 1975; con un cuarto que quedó inconcluso) que impulsaron la industrialización de determinadas áreas (polos de desarrollo), al concentrar la inversión pública y canalizar hacia las mismas la inversión privada. Lo que, conjuntamente con otras políticas energéticas (centrales hidroeléctricas, térmicas de carbón, etc.) e industrializadoras y con los Planes Sectoriales de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, los planes provinciales de obras y servicios, los planes de electrificación rural, etc.) promueven una gran demanda en el sector de la construcción. Demanda paralela al claro liderazgo de la industria metalmecánica que va a ser otro de los elementos fundamentales en la transformación del territorio español, al estar muy directamente relacionada con el desarrollo de las industrias de material de transporte y con el creciente protagonismo del automóvil y del petróleo. Protagonismo ligado a que la inversión pública priorizara la inversión en carretera, tanto para potenciar el sector de la automoción, como porque era el medio de transporte utilizado por dos terceras partes de los turistas extranjeros; aunque ya se empieza a notar una cierta tendencia a su sustitución por el avión, simultáneamente a la sustitución del peso de los turistas franceses por ingleses y alemanes, fundamentalmente.
Las nuevas demandas de infraestructuras, edificios y viviendas producen un fuerte auge de todas las actividades ligadas al sector de la construcción que, de ocupar el 6,7% de la población activa, en 1960, pasa, en 1970, a representar el 10,4%. Lo que no es independiente del hecho de que también en el sector turístico se produce una verdadera revolución tras la apertura al exterior. Si en 1955 existían unos 2,5 millones de visitantes extranjeros, en 1960 se habían transformado en 6,1 millones, más que duplicando la cifra anterior (tasa de crecimiento medio anual del 29%). Y, de 1960 a 1970 se cuadruplica la entrada de turistas extranjeros (de 6,1 millones, en 1960, a 24,1 millones, en 1970) y se multiplican por más de cuatro los ingresos debidos a este concepto, posibilitando no sólo compensar el saldo negativo de las restantes partidas de la Balanza de Servicios, sino cubrir gran parte del importante y progresivo déficit de la balanza comercial.
La relocalización de la población sobre el territorio implicó una mayor urbanización y concentración en las principales ciudades, áreas metropolitanas y ámbitos litorales soporte de los crecientes alojamientos turísticos, lo que vino acompañado de crecientes problemas ambientales y de la destrucción de espacios naturales de alto valor, a la vez que emergían graves problemas para el acceso a la vivienda y a los equipamientos, y para la ordenación de unos procesos especulativos y de desorden urbano que ni la Ley del Suelo aprobada en 1956, ni su desarrollo ni el planeamiento derivado habían logrado atajar.
La falta de cumplimiento de la normativa urbanística y de la planificación urbanística y territorial existente, y el hecho de que ésta vaya siendo progresivamente sustituida por la planificación sectorial, que se manifiesta mucho más útil para los objetivos imperantes de primar el crecimiento económico, dan lugar a procesos de transformación territorial crecientemente conflictivos. Los polos de desarrollo, verdadero motor de los tres Planes de Desarrollo del período, se construyen en muchas ocasiones sin la correspondiente ordenación urbanística ni territorial, o con el manifiesto incumplimiento de las mismas. Los planes ligados a la construcción de obras públicas e infraestructuras de transporte no consideran los criterios o previsiones de los planes urbanísticos o territoriales, o, directamente, contradicen los mismos. La Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, de 1963, en su aplicación sobre el territorio, viabiliza la aprobación de Planes Especiales en suelo rústico, que regularizan una forma de construcción al margen del planeamiento existente. Lo sectorial y el interés privado, que es quién tiene la iniciativa para el desarrollo de estos Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, primaba sobre la visión territorial integrada, la conservación del patrimonio natural de valor y el interés general. Lo que se justificaba defendiendo que el crecimiento económico era el único verdadero representante de ese interés general.
El fin de la dictadura, tras la muerte de Franco en 1975, supone un revulsivo que coincide con la constatación de los efectos de la primera gran crisis energética ligada al petróleo (la crisis de 1973) que se iba a ver reforzada y complementada por una nueva crisis energética a comienzos de la democracia (1979). Se inicia un período de fuertes convulsiones sociales y de inestabilidad política que iba a repercutir también seriamente en el campo económico y territorial, no sólo entre 1973 y 1978, sino hasta varios años después. En esta etapa también se empiezan a notar las repercusiones del “baby boom” de los años sesenta, con la entrada en la población potencialmente activa de crecientes contingentes de población que empiezan a engrosar, de forma creciente, cifras de paro preocupantes.
Tras la crisis del petróleo de 1973, la construcción sufre un período de declive, hasta el final de la crisis, en 1986, tal y como apreciamos en la Figura 4 anterior, con una fuerte caída en la inversión en obras públicas. La urgente y no ejecutada reconversión industrial y los cambios económicos y sociales que se producen en la década de los setenta, inducen importantes transformaciones entre las que no se puede olvidar la actividad económica en ascenso más vertiginoso en esa década, como es el turismo extranjero: 1970: 24,1 millones; 1975: 30,1 millones; 1980: 38,0 millones.
La construcción en la España democrática hasta la crisis de 2008.
En los treinta años transcurridos entre 1978 y 2008, la evolución de España fue radical en distintos aspectos: el bienestar de la población mejoró muy sensiblemente; mejoró su esperanza de vida y avanzó hacia elevados niveles de formación y cualificación, nivel de renta, de empleo y de actividad, alcanzando valores similares a las medias europeas. La actividad inversora en el sector de la construcción posibilitó niveles de equipamiento y dotación accesibles (lo que podemos denominar renta social) que también mejoraron sensiblemente; y, aunque todavía estaban alejados de la media de los países más desarrollados, su incidencia sobre la población era mucho más positiva en 2008 que treinta años antes. Por lo que, en general, se puede decir que, desde el punto de vista socioeconómico, hubo un proceso global positivo para la población española, en muchos aspectos asociado al nuevo papel de las Comunidades Autónomas y a la progresiva sustitución de un “status quo” autoritario por uno progresivamente más democrático. Aunque con claro-oscuros, desde el punto de vista de la transformación territorial, y asociado a graves y crecientes problemas desde el punto de vista de la calidad y sostenibilidad ambiental.
Hasta 1986 se vive una época de tensiones extremas (intentos de golpe de estado incluidos) que alejó los indicadores de PIB per cápita de la media europea, elevó los niveles de paro a tasas cercanas al 20%, y generó una época fuertemente inflacionista. Y desde el punto de vista de la construcción y de la generación de capital físico productivo, la etapa se caracteriza por los efectos tradicionales de las crisis, con un descenso en la acumulación de capital social, aunque, como también es característico de las crisis en las que se imponen medidas “keynesianas”, con fuerte crecimiento de las inversiones en obras públicas. De hecho, en el período se expande el sentimiento de que uno de los factores más relevantes para el crecimiento y competitividad económica era el poseer unos accesos de calidad a infraestructuras de transporte y comunicación modernas y eficientes (aeropuertos, puertos, autopistas y alta velocidad ferroviaria). A lo que se une, en fases posteriores, el impulso a la construcción a través de la vivienda, por el deseo de poseer una segunda residencia vacacional/turística, y la recuperación del propietario/rentista o especulador, como forma de tenencia significativa del parque de viviendas que se va produciendo.
La entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE12), en 1986, y el acceso a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) implican una fuerte transformación en el territorio español y en su dotación infraestructural con la aportación, a partir de 1989, de importantes flujos económicos para la inversión en obras públicas y para la modernización del tejido productivo del país. España va a ser el país más beneficiado en la asignación de los citados FEDER en el período 1989-2006, lo que iba a colaborar a un crecimiento significativo del VAB total y del sector de la construcción, entre 1985 y 2007, tal y como se apreciaba en la Figura 4 anterior, acercando la renta media per cápita española a la media de la UE[3].
A finales de los ochenta y principios de los noventa, en el mundo se van a producir trasformaciones radicales tras la caída del muro de Berlín (finales de 1989) y la desaparición (1991) de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la disgregación del Pacto de Varsovia, que significan, desde muchos puntos de vista, un cambio estructural en las relaciones planetarias.
Se inicia una nueva época en el desarrollo global, con un papel fundamental para la globalización y el capitalismo financiero-especulativo, que generan en España -desde 1994 hasta 2007- a uno de los períodos más significativos del crecimiento económico español, en el que las políticas desarrolladas para le entrada en el euro tienen un efecto extraordinariamente positivo sobre las macro-magnitudes básicas: se acelera la convergencia con la UE, reduciendo la inflación; se logra un equilibrio presupuestario y una disminución del endeudamiento público; se logra un saldo positivo creciente en la Balanza corriente exterior; se genera un ritmo de crecimiento de puestos de trabajos muy elevado, reduciendo la tasa de paro a un dígito, nivel desconocido desde los años setenta. En paralelo, también en este período se dispara la inmigración desde el exterior, reestructurando la pirámide de población española y su tendencia al envejecimiento. Las tasas de natalidad repuntan, la población potencialmente activa y las tasas de actividad crecen muy sensiblemente (se supera la cifra del 55%, nunca alcanzada hasta entonces en la España democrática) y la tasa de paro, como hemos señalado, se empieza a acercar a niveles europeos.
En este proceso, la valoración global de los resultados de la aplicación de los Fondos estructurales de la UE –en una parte muy significativa en el sector de la construcción- no puede más que considerarse como positiva, en términos de su incidencia sobre el PIB y la productividad de la economía española, sin prácticamente exclusiones en el período 1989-1999. Aunque para el período 2000-2006 aparecen críticas crecientes sobre la excesiva incidencia de estos fondos en la realización de infraestructuras sobredimensionadas (fundamentalmente en el campo del transporte) y su, sin embargo, relativa menor incidencia en campos como la I+D+i, la promoción de emprendedores o la consolidación de los patrimonios naturales y culturales del país y su incorporación como recursos para el desarrollo. La construcción de obras públicas, sobre todo, y de edificaciones y viviendas turísticas empieza a valorarse socialmente en términos críticos.
Por otra parte, en el período 1991 a 2009, las multinacionales, con el apoyo de los estados matrices, juegan un papel fundamental en la expansión del comercio, de la especialización productiva y de la globalización, en un marco de energía y transporte baratos. Cambios que se vieron favorecidos por las fuertes inversiones en infraestructuras, y en particular por las del sistema de transporte, que contribuyeron a estructurar internacionalmente –con unos costes de transporte muy reducidos- la globalización.
No obstante, progresivamente van a ser la economía financiero-especulativa e internet los que van a jugar un papel fundamental en esa globalización y, también, en las sucesivas crisis especulativas que fueron jalonando el proceso de cambio global que caracteriza los decenios 1991-2009, que también son los de mayor expansión de la urbanización y de las obras públicas y la edificación (con la consiguiente transformación territorial). Pero que culminaron en la mayor crisis financiero-especulativa conocida hasta la actualidad en la historia del capitalismo, asociada a las burbujas en el mercado inmobiliario y a la explosión de la deuda pública y sobre todo privada, en el mundo desarrollado y también en España.
Evolución y condicionantes del sector de la construcción en la España prepandemia: 2008-2020.
Desde 2008 España nuevamente se aleja de la dinámica de convergencia con la UE, con una caída en el PIB (-1,2% de media anual entre 2008 y 2014) , que es mucho más fuerte en el sector de la construcción (-9,8% de media anual, entre 2008 y 2014), tal y como se apreciaba en la anterior Figura 4, hasta 2014, llevando a una situación muy grave a España en términos socioeconómicos y, en particular, en lo que respecta a los niveles de paro.
Hasta 2014 la situación económica española empeoró muy sensiblemente en un contexto económico internacional que, desde el verano de 2007, inicia una fuerte crisis, primero financiera y luego económica y global, que hace que, tras un ciclo de crecimiento continuado de más de 14 años, que había llevado a España a la señalada convergencia con la UE y a situarse como la octava potencia económica mundial, la conduzca a la recesión técnica (caída del PIB durante tres trimestres consecutivos) y a una fuertísima crisis en el sector de la construcción (fundamentalmente en la residencial), tras un período continuado de diez años de burbuja inmobiliaria y de construcción y oferta de viviendas a un ritmo desmesurado respecto a las dimensiones de la demanda no especulativa, como veremos, para el caso de la vivienda y los servicios inmobiliarios, en un próximo artículo dedicado a la problemática de la vivienda.
La Figura siguiente muestra la evolución del porcentaje del PIB que corresponde a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) de Viviendas y otros edificios y construcciones, así como del VAB del sector de la construcción y del de los Servicios Inmobiliarios en el período 1995-2021, reflejando claramente el ascenso 1997-2006 y la fuertísima caída hasta 2014, tanto de la FBCF de Viviendas y otros edificios y construcciones, como del VAB del sector de la construcción, con una reducción de cerca del 60% para la FBCF y del orden de la mitad para el VAB del sector de la construcción.
La FBCF toca fondo en 2016, pero a unas cifras de participación en el PIB del orden de un 40% inferiores a las de la anterior crisis de 1997, recuperándose sólo parcialmente en el período 2016-2020, donde permanece por debajo del 80% de la cifra de 1997. La falta de inversión en obras públicas como consecuencia de la fuerte crisis iniciada en 2008 y las fuertes restricciones a la inversión pública que se han impuesto para alcanzar el 3% de déficit de las administraciones públicas y el elevado stock de vivienda existente tras el boom 1996-2008 llevan a una situación de grave crisis tanto en la producción como en el empleo en el sector o en la fuerte alza en los niveles de paro en el mismo.
A partir de 2015, sin embargo, va a repuntar la edificación asociada a infraestructuras logísticas, la inversión hotelera, en oficinas o en locales comerciales, justificando el incremento de la FBCF registrado en la Figura 5. En todo caso, a partir de 2011, con el nuevo Gobierno del partido popular, la inversión como porcentaje del PIB se sitúa, por primera vez en este siglo, por debajo de la media de la UE y de la Eurozona, con diferencias que llegan a alcanzar un punto de dicho porcentaje.
La consolidación fiscal exigida por la UE y el sistema financiero-especulativo mundial, que obligan a su traslado a la propia Constitución española, explican, en parte, la dinámica que se sigue en la Licitación de las tres administraciones públicas (central, autonómica y local) publicada en los boletines oficiales correspondientes, recogida por SEOPAN (https://seopan.es/licitacion/ ) en el sector, tal y como se aprecia en la Figura siguiente.
La influencia de la Construcción en la transformación territorial de la España previa a la pandemia.
A lo largo del periodo analizado, hasta el año 2020, los cambios registrados en el territorio español han sido radicales. Se ha pasado de una sociedad eminentemente rural (en 1940 el porcentaje de población en ciudades de más de 10.000 habitantes era del 49%) a una de un fuertísimo grado de urbanización (más del 80%, en 2020), en la que la construcción de infraestructuras, edificaciones y viviendas ha sido fundamental. De una producción especializada en el sector agrario, con más del 50% de la población activa en este sector antes de 1950, que se mantenía por encima del 19% en 1979, a una sociedad eminentemente ocupada en el sector servicios (del orden del 75% en el sector servicios frente a del orden del 4% en el sector primario a principios de la década actual) con una importancia muy destacada para el turismo, como hemos visto en artículos anteriores.
De una sociedad fuertemente centralizada en su dimensión política, bajo el franquismo, al denominado estado de las autonomías, en el que la distribución de la licitación pública en el siglo XXI, entre cada una de las tres administraciones se reparte en cantidades relativamente semejantes hasta 2020. Pero en las que el predominio de la carretera en el transporte y la ausencia de políticas de descarbonización decididas, sobre todo desde 2011 a 2019, ha llevado a una dependencia energética del exterior un 50% superior a la de la UE; se ha minusvalorado la capacidad de transformación científica, con un abandono de la acción pública en I+D+i; y se ha producido un serio deterioro en el patrimonio público (natural y artificial), por la fuerte reducción de los fondos dedicados a la conservación, mantenimiento y reposición del mismo, lo que ha generado un deterioro de las infraestructuras y del personal soporte de los servicios públicos.
En todo caso, hay que destacar que uno de los principales efectos del Estado autonómico unido a la aplicación de los Fondos Estructurales Europeos, desde 1986, ha sido la reducción de las desigualdades territoriales provinciales y la materialización de un espacio en el que del orden del 4% del suelo estaba urbanizado/artificializado, un 8% adicional tenía riesgo de serlo al inicio de la crisis financiero-especulativa de 2008, y sobre el que, tras la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el 28% quedaba protegido.
La fuerte concentración de inversiones en infraestructuras y edificaciones en el 1% de la superficie del territorio español, hasta 2020, había acompañado al hecho de que el 72% de los habitantes del país se concentrara en ese espacio. Las Regiones Funcionales Urbanas de Madrid y Barcelona acogían a la cuarta parte de la población nacional, y seguían concentrando proporcionalmente stock de capital productivo construido, poder socioeconómico y político. El resto de las capitales de las Comunidades autónomas también registraban, en general, ese proceso respecto al conjunto provincial; aunque la dinámica y expectativas en cada provincia presentaba diferenciaciones específicas. Así, en el decenio 2010-2020, los municipios de menos de 5.000 habitantes habían perdido población (-5,6%) y 31 provincias de las 50 existentes también se habían despoblado, destacando Zamora (-12%), Cuenca (-10%), Teruel (-9%) y Ourense (-8%).
En todo caso, la competencia por la radicación de empresas a través de políticas autonómicas y estatales diferenciadas, ha favorecido un modelo centralizado de actividades y servicios, que unido a la priorización de la inversión pública en la Alta Velocidad Ferroviaria (AVE), la Red de Autovías y Autopistas, los puertos y los aeropuertos, ha desequilibrado, en contra del medio rural, los potenciales de crecimiento y su sostenibilidad, empujando a la inmensa mayoría de municipios menores de 1.000 habitantes al límite de su supervivencia a medio-largo plazo.
La planificación de obras públicas se ha basado, fundamentalmente, en satisfacer una demanda supuestamente creciente, sin atender a las relaciones que deberían ser fundamentales entre transporte/ordenación del territorio/urbanismo/efectos ambientales/sostenibilidad, ni a la capacidad de mantener y de realizar las correspondientes inversiones de reposición derivadas de las inversiones realizadas. El modelo seguido ha sido el de determinar una demanda tendencial a “capricho” de las demandas “políticas” supuestamente “cohesionadoras” del territorio (AVE para todos, Autovías en todas partes, Aeropuertos y Puertos que van a ser “hubs” mundiales en todas partes, etc.)
La sobrecapacidad y la especulación sobre el precio de terrenos que han mejorado su accesibilidad han sido consecuencias inevitables de estas políticas que han llevado a infraestructuras en áreas metropolitanas/regiones funcionales urbanas con importantes carencias en lo que se refiere a determinados servicios públicos (depuración de aguas, por ejemplo) o a carencias en el transporte público (cercanías y carriles/bus o VAO) que deberían haberse priorizado. A una sobrecapacidad en determinados corredores de transporte, donde el exigible pago por uso en autopistas ha determinado una ausencia de demanda, generalizando su progresiva liberación del peaje, olvidando su racionalidad para asegurar un mantenimiento e inversión de reposición imprescindibles. en los corredores afectados. Lo que al final ha conducido a graves problemas para el adecuado mantenimiento en gran parte de la red viaria y ferroviaria, en esta última fuera de la red de alta velocidad ferroviaria (política y mediáticamente demandada, pero desmesurada en relación a la demanda existente y potencial) que habría que solventar para asegurar la seguridad en su uso.
El nuevo Gobierno de coalición, de 2019, se encontraba así con la necesidad de establecer los mecanismos viables, con un adecuado análisis de efectos y beneficios, y su distribución temporal, territorial y social, para que los usuarios potenciales o reales de una infraestructura cubran todos los costes (directos y externos) de su construcción, mantenimiento y reposición, en proporción a los beneficios (potenciales o reales) de su uso, lo que ayudaría a corregir la desproporcionada demanda de más obras públicas y servicios para todos los territorios, si los pagan otros.
En todo caso, en 2019 se produce un cambio sustancial en el marco europeo y español que va a condicionar la evolución futura de la construcción y su capacidad y dirección de transformación territorial. Se produce la elección de un nuevo Parlamento y Comisión Europea, que va a venir acompañada, antes de la COP25 sobre Cambio Climático, de diciembre de 2019, de la asunción del Pacto Verde Europeo y de la aprobación de una Declaración de Emergencia Climática, que, entre otras cosas, dejaba clara –a través de sus votaciones en el Parlamento Europeo- la oposición radical de la extrema derecha a la lucha contra el calentamiento global, como una de sus señas de identidad.
El Pacto Verde Europeo definido por la nueva Comisión Europea y la consolidación del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, en España, junto a la Declaración de Emergencia Climática del nuevo Gobierno Español, marcan pautas imprescindibles para corregir esta situación y tratar de viabilizar, para 2050, una sociedad con emisiones de gases de efecto invernadero netas nulas y desmaterializada. La pandemia de la Covid 19, de 2020, la reacción de los poderes públicos a la invasión de Ucrania en febrero de 2022, y las políticas derivadas a sus efectos, son elementos disruptores, en una dinámica global inestable y frágil, generadores de nuevos cambios globales y locales. Pero ello define una nueva época, unas nuevas exigencias para la acción pública y unas consecuencias diferenciadas para la construcción, la edificación y la vivienda, que serán objeto de consideración en próximos artículos.
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[1] AON (2023).- “Weather, Climate and Catastrophe Insight”. https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.aspx
[2] La parte de este artículo hasta la crisis de 2008, salvo las referencias expresas, se basa en el Trabajo elaborado para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2010: “Serrano, A. et alt. (2010): “Transformaciones territoriales en España tras 30 años de Constitución Española e Informe de prospectiva sobre el Modelo territorial 2015”. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) Madrid 2010. Disponible en www.fundicot.org .
[3] A este respecto es importante considerar que se estima que del orden del treinta por cien del crecimiento medio anual del PIB español registrado en España, desde 1986 a 2007 (situado en media anual en el orden del 3,8%), se puede atribuir a dichas ayudas europeas para la política de cohesión y desarrollo regional, con una incidencia en la construcción marcadamente significativa.
