No hay institución u órgano constitucional en nuestro país que no haya sido objeto de sabotaje por parte del PP desde su derrota del 23 de julio.

¿A qué estrategia responde este sabotaje generalizado? A la estrategia de la desestabilización. Ya se dio en el año 1993, ante otra expectativa de poder frustrada inesperadamente en las urnas. Ahora, como entonces, han decidido que el poder es suyo, digan lo que digan los votos.

Se trata de una conducta profundamente enraizada en los valores y en los actos de la derecha patria a lo largo de historia, desde los pronunciamientos del siglo XIX a los golpes del siglo XX y las más modernas estrategias de desestabilización en el presente.

Salvo el loable paréntesis de la Transición, la derecha española siempre ha asumido una conciencia patrimonial del poder. Cualquier elemento ajeno a su clase en el ejercicio del poder es contemplado como un intruso, un impostor, un okupa al que desalojar, por las buenas o por las malas.

Como ya no están los tiempos para el espadón, el trabuco o el “todos al suelo”, las tácticas se afinan algo más. Sólo algo más, ciertamente. E, incluso, de vez en cuando aún tiran por la calle de en medio, sustituyendo apenas el trabuco por la chequera. Bien lo sé yo.

El método ahora se llama deslegitimación. Utilizan las armas habituales de la Internacional Ultra: populismo, desinformación, bulos, mentiras, exageraciones, hipérboles. El efecto de tales armas se multiplica gracias a las muchas complicidades económicas y mediáticas, incluso algunas otras de naturaleza más compleja y reprochable.

Repiten por doquier consignas falsas e insultantes, del tipo “No hay Constitución”, “Ya no hay españoles”, “ETA está viva y manda”, “Que te vote Chapote”, “España se rompe”, “Gobierna Puigdemont”, “España se hunde”, “Se humilla a España”, “España no tiene crédito internacional”…

No buscan ganar a la izquierda, sino tumbarla. Siempre fue así.

Lo paradójico es que hoy pretenden hacerlo en nombre de una Constitución que ellos mismos traicionan mañana, tarde y noche, en su letra, en su espíritu y en lo más profundo de las intenciones conciliadoras de sus hacedores en la Transición Democrática.

Sabotean al Gobierno tachándole cada día de ilegítimo, criminal, delincuente, cómplice de terroristas, acudiendo a las instituciones europeas para frustrar transferencias de recursos, negándose a renovar órganos constitucionales bajo su control, boicoteando la aprobación de presupuestos mediante el voto en contra de los objetivos de estabilidad que ellos mismos aplican donde gobiernan…

Sabotean al Congreso cuestionando su capacidad para tramitar leyes, amenazando con disolver partidos, insultando a su Letrado Mayor porque no les baila el agua, manipulando el Senado para negar la prerrogativa constitucional de establecer la urgencia en la tramitación de sus iniciativas, entorpeciendo el uso de las lenguas españolas, encanallando cada reunión de la Junta de Portavoces, cada Pleno, cada Comisión…

Sabotean al Tribunal Constitucional tachándole de “cáncer de nuestro Estado de Derecho”, amenazando con una huelga de recursos, cuestionando la independencia de algunos de sus vocales con argumentos que podrían aplicarse a todos…

Sabotean al Fiscal General del Estado cuestionando su idoneidad para el cargo con falsedades, colocándole en la diana mediática de todo tipo de descalificaciones.

Sabotean al Centro de Investigaciones Sociológicas, porque no participa de la estrategia de la derecha demoscópica para establecer en la opinión pública una hegemonía electoral que sistemáticamente niegan las urnas.

Utilizan el Consejo General del Poder Judicial en beneficio de sus intereses partidarios, reduciendo este órgano fundamental a un patético ariete seguidista de los argumentarios de Gamarra, Tellado y Hernando…

Utilizan el Senado como “el dentista del Gobierno”, en palabras del propio Feijóo, como si la función de la segunda cámara legislativa de España pudiera limitarse a buscar el desgaste político de los ministros, en lugar de trabajar para el bienestar de la ciudadanía a la que se debe y le paga.

No es la Constitución. No es Cataluña. No es ETA. No es la unidad de la patria. Es el poder. No soportan que lo tengan otros.