Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, ha fijado como una de las dos prioridades de su Vicepresidencia la corrección de los desequilibrios territoriales en el marco de su política transversal por la sostenibilidad. La cuestión, aquí y ahora, es si son posibles medidas que afecten a una de las dinámicas básicas de la sociedad capitalista de consumo cuyos elementos intrínsecos conducen a la concentración y polarización de la población, actividad económica y poder sociopolítico, a la vez que convierte a las ciudades en el marco fundamental de la insostenibilidad ambiental, de las desigualdades sociales y del creciente malestar ciudadano. Malestar que, sin embargo, también afecta a una de las componentes significativas del medio rural, como es el sector agrícola, colaborando a políticas de despoblamiento y abandono de cultivos.

El incorrecto, pero mediático lema de “la España vaciada” para referirse a una España que pierde su población, pero mantiene un paisaje, ecosistemas y biodiversidad renaturalizados, que hacen que esté muy distante de estar “vaciada”, ha conseguido que el problema cale en la sociedad y que agrupaciones políticas como “Teruel existe” hayan logrado su presencia en el parlamento español derivando votos de los partidos tradicionales. El propio despoblamiento y la estructura provincial de distribución de escaños favorecen esta dinámica al bastar un número muy reducidos de votos para acceder a representación municipal, autonómica o local en estos ámbitos.

En todo caso, hay que ser conscientes de la magnitud del problema en cuanto a la población afectada, y los límites a la viabilidad y sostenibilidad de políticas que permitan revertir los desequilibrios existentes, tener claro donde la despoblación es ya racionalmente irreversible, asegurando el bienestar de la población altamente envejecida que habita esos territorios desfavorecidos y, en síntesis, definir de forma clara donde actuar, cómo actuar y el sin sentido, tan frecuente en España, de intentar “matar moscas a cañonazos”.

Tampoco deben olvidarse las experiencias de la escasamente aplicada Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en la que se incorporaban Planes de Desarrollo Rural Sostenibles para potenciar una transición ecológica del sector agroganadero y forestal, en la que colaborarían todas las administraciones para dotar de infraestructuras sanitarias, docentes (con adaptación a la revolución digital), telemáticas (ecoagricultores 4.0) y de comunicaciones y transportes adaptadas al medio, con el fin de incentivar la recuperación y estabilización demográfica rural, y dotarles de oportunidades sociales, culturales, formativas, laborales y de ocio.

Ni podemos olvidar el fracaso de la aplicación de las competencias en materia de Ordenación del territorio por la mayoría de las Comunidades Autónomas, uno de cuyos objetivos deberían haber sido la cohesión territorial.

En todo caso, el ser humano es una de las especies que no está en peligro de extinción, al menos por ahora. Lo que contrasta con la «pérdida de biodiversidad», con tasas actuales de extinción es especies de diez a cientos de veces mayor que el promedio de los últimos 10 millones de años, que se está acelerando como consecuencia del Calentamiento Global, con implicaciones críticas para la humanidad, tanto por su incidencia en el potencial colapso de los sistemas de alimentos (pérdida de polinizadores, por ejemplo) o interrupción de cadenas de suministro completas (pesca,…), como en la salud (desequilibrios en los servicios de los ecosistemas). Y hablar de la España despoblada es también hablar de su Patrimonio territorial y de la problemática de sus ecosistemas y biodiversidad, aspectos que, afortunadamente, también están en la Agenda de la vicepresidencia cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aspecto al que nos referiremos en un próximo artículo.

Volviendo a la cuestión demográfica, hay que señalar que las proyecciones de población del Departamento de Economía y Asuntos Sociales, de Naciones Unidas[1], proporciona sus últimas estimaciones, de 2019, señalando que de los 7,7 miles de millones de personas de ese año, pasaríamos a una media de unos 8,5 miles de millones, en 2030, 9,7, en 2050, y 10,9 en 2100, si bien con un margen de variabilidad que se aprecia en su figura siguiente: para 2100: entre 9,4 y 12,6 miles de millones de habitantes, según distintas hipótesis de evolución, fundamentalmente de la fecundidad y mortalidad. En todo caso, cualesquiera de estos Escenarios demográficos serían insostenibles sin cambios radicales en la huella ecológica, consumos energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero que corresponderían, en media, a ciudadanos con estándares medios similares a los actuales de los países desarrollados.

La segunda característica fundamental de esta proyección es el incremento de la esperanza de vida junto al peso creciente de la población mayor de 65 años y el declive de la de menos de 15, lo que implica creciente envejecimiento demográfico global.

En términos comparativos, los índices resultantes de su proyección de población para España y la Europa occidental, se recoge en la Figura siguiente.

Según NNUU, España, desde 2010, presenta una población ligeramente descendente que acelera fuertemente su descenso desde 2050, frente a una Europa occidental con un descenso demográfico muy suave desde 2020 y un Mundo en fuerte crecimiento demográfico relativo. Asia y África serían las localizaciones prioritarias de los nuevos crecimientos demográficos.

Centrándonos en las previsiones para el 2030, el Mundo incrementa su población en 754 millones de habitantes, y Europa occidental en 2 millones, pero España perdería 525 mil habitantes, con una población final, en 2030, de 46,23 millones de habitantes. La edad media en el Mundo y en Europa occidental se incrementa en el entorno de los 2 años, frente a los 5 de España (49,6 años, en 2030, frente a 33,0 años para el Mundo y 45,5 años para Europa Occidental). Por el contrario, la Esperanza de vida, variable directamente ligada al desarrollo humano, crece en España hasta los 84,6 años, para 2030, frente a los 83,2 de Europa occidental y los 74,0 del Mundo.

Señalado lo anterior, es necesario precisar que la utilidad de estas proyecciones va poco más allá de la comparación de la evolución relativa prevista bajo unas mismas hipótesis y metodología. Lo que en este caso nos lleva a una previsión demográfica relativamente muy negativa para España frente al Mundo (pérdida de población y rápido envejecimiento) y en menor medida frente a Europa occidental, aunque con la ventaja para España de la elevada esperanza de vida relativa.

Resultados muy distintos nos presenta el INE en sus proyecciones propias[2] para la España de 2030, con 48,73 millones (más de un 5% que NNUU) donde la diferencia sustancial es que el INE prevé un incremento en los extranjeros residentes en España, entre 2018 y 2030, de cerca de 2,9 millones. De hecho, ha sido el saldo migratorio positivo, que compensa el crecimiento vegetativo negativo español, el que ha llevado a que el porcentaje de extranjeros, tras su caída por la crisis de 2008, vuelva a representar casi el 11% de los 47 millones de personas de 2019; extranjeros que son los principales responsables de que vuelva a crecer la población activa desde 2018, con 290.000 activos más en 2019, de los cuales un 69% eran de nacionalidad extranjera.

No se puede olvidar que la población total, en cuanto demanda, y la activa y su productividad, en cuanto oferta, son la base del desarrollo socioeconómico de un territorio. La población potencialmente activa, entre 15 y 65 años, era de 30,8 millones, en 2018, y pasaría a ser, según esas proyecciones del INE para 2030, de 31,3 millones, con un escaso incremento del 1,7% en el período 2018/2030. Cifra que, de no incrementarse, significaría una rémora para el desarrollo sostenible en España frente a un Mundo en fuerte expansión demográfica. Y prosigue el envejecimiento de la población española asociado a la mejora de la esperanza de vida y a una tasa de natalidad muy reducida, lo que lleva a que una de cada cinco personas supere ya, en 2019, los 65 años. Envejecimiento mucho mayor a medida que se reduce el tamaño municipal y que afecta de manera muy significativa al mundo rural.

Ya en otras ocasiones hemos señalado como la evolución de la fecundidad y mortalidad en España, lleva a la necesidad de una política netamente inmigratoria, preferentemente en población entre 15 y 30 años. Pero el reto demográfico no sólo debe abordar el mantener o ampliar la población potencialmente activa y su productividad, sino que, desde la perspectiva de la cohesión socioeconómica y del equilibrio territorial, debe asegurar una cierta igualdad de oportunidades y potenciales de desarrollo al margen de donde se resida.

Objetivo lejano de la dinámica de transformación territorial y socioeconómica que ha presidido la historia de España, que ha venido caracterizada por la concentración y polarización territorial de la población, de la actividad productiva y del poder socioeconómico y político. En gran parte por la propia dinámica de un Modelo de crecimiento capitalista de consumo, en el que la generación de economías de escala (asociadas al tamaño de las empresas), aprovechadas en base a las economías de aglomeración (asociadas al tamaño de las ciudades) y a las economías de urbanización (asociadas a la existencia de suelo urbanizado y a los solares) han dado lugar a una industrialización y terciarización económica, con procesos de urbanización que han llevado a un incremento continuo de la concentración y polarización espacial de la edificación y de la residencia. Modelo sólo en parte corregido por las actuaciones de las administraciones públicas, generando nuevas ventajas comparativas mediante inversiones diferenciales, en gran parte favorecidas por el Estado de las autonomías derivado de la Constitución de 1978 y por los Fondos Estructurales europeos asignados a las regiones españolas desde 1986.

No obstante, en el último decenio, 31 provincias españolas han perdido población, destacando Zamora (-12%), Cuenca (-10%), Teruel (-9%) y Ourense (-8%). Y el resultado de las proyecciones al 2030 del INE para las provincias españolas de las dos variables básicas (población total y potencialmente activa) nos muestra un panorama preocupante. 28 provincias disminuirían su población total, de las cuales destacarían, con pérdidas superiores al 5%: Soria y Segovia (-6%); Lugo, Asturias, Cuenca, Ciudad Real, Salamanca, Teruel, Ourense y Cáceres (-7%); Jaén y Palencia (-8%); Ávila y León (-9%); y Zamora (-13%). Más grave todavía es que, con una ganancia total para España, en el período 2018-2030, para la población entre 15 y 65 años del 1,7%, existen 32 provincias con pérdidas en este intervalo de población potencialmente activa, siendo particularmente graves los casos de Zamora (-20%); Palencia (-17%); León (-16%); Ávila (-14%); Cáceres y Asturias (-13%); Salamanca, Lugo y Jaén (-12%); Teruel, Ourense y Ciudad Real (-11%); y Burgos, Cuenca, Soria y Segovia (-10%).

Adicionalmente, la globalización y la masificación turística han intensificado la diferenciación entre espacios fuertemente urbanizados (áreas metropolitanas trasformadas posteriormente en regiones funcionales urbanas, que desbordan los límites provinciales e, incluso los regionales, y litorales macrourbanizados) y un medio rural con fuertes desequilibrios internos y en grave regresión, sobre todo en las en su momento denominadas áreas desfavorecidas.

En el período democrático 1978-2020 las vicisitudes y cambios registrados en el Modelo de desarrollo territorial han sido numerosos, pero en la segunda década del siglo XXI el 72% de los habitantes del país se concentra en el 1% de la superficie. Las Regiones Funcionales Urbanas de Madrid y Barcelona acogen a la cuarta parte de la población nacional, y siguen concentrando proporcionalmente poder socioeconómico y político tendencialmente al 2030, tal y como se aprecia en la Figura siguiente. El resto de las capitales de las Comunidades autónomas también registran, en general, ese proceso respecto al conjunto provincial; aunque la dinámica y expectativas en cada provincia presenta diferenciaciones específicas, según apreciamos en la citada Figura siguiente.

De hecho, si para cada provincia consideramos los últimos valores disponibles y sus tendencias al 2030 para su población total, población mayor de 65 años, su especialización funcional, productividad y caracterización de dotaciones de equipamientos y servicios de las infraestructuras, así como el resto de los factores que se aprecian en el Cuadro de la Figura (estructura empresarial, cualificación de la mano de obra, etc.) obtenemos una imagen general de las diferencias territoriales previsibles para España, si no se cambia la dinámica tendencial actual. Situación que podemos considerar gravemente preocupante para diez provincias, mayoritariamente del noroeste español (Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y La Rioja) a las que se uniría el previsto declive para Aragón, Cuenca, Toledo, Cáceres y Jaén.

En sentido positivo, adicionalmente a Madrid y Barcelona, habría que esperar una dinámica positiva relativa en el litoral mediterráneo, desde Valencia a Sevilla, y en los dos archipiélagos.

En este marco, para la vicepresidenta, asumir la competencia en materia de Reto Demográfico supone responsabilizarse de uno los compromisos adquiridos por el Gobierno en la última Conferencia de Presidentes de elaborar una Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico que permita avanzar en la igualdad de oportunidades y de derechos de las personas independientemente del lugar donde vivan, garantizando servicios, y enfocando la acción y la gestión pensando en las necesidades y oportunidades de los municipios pequeños, con especial incidencia en la conectividad digital.

Volvemos a la situación que ya se enfocaba por el Gobierno en 2007 con la publicación simultánea de la Ley 45/2007 de Desarrollo Rural Sostenible y la Ley 46/2007 para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, donde los Planes de Desarrollo Rural comarcales y los Planes de Protección del Medio Natural deberían haber jugado un papel fundamental conjuntamente con los Planes de Ordenación Territorial de las Comunidades Autónomas en un desarrollo ambientalmente sostenible, territorialmente equilibrado y socioeconómicamente cohesionado.

No ha sido así y en el próximo artículo haremos un repaso a las potencialidades y limitaciones del anterior Modelo territorial y de la estructura administrativa española para viabilizar los ambiciosos objetivos del nuevo Gobierno.

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[1] https://population.un.org/wpp/Graphs/1_Demographic%20Profiles/World.pdf

[2] https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/p278/p01/2018-2068/pob/l0/&file=01000.px