El poder público debe servir al interés general, que si bien se define políticamente, tiene que coincidir con el de la mayoría ciudadana (trabajadores, pensionistas, funcionarios). En la medida que el objetivo de la socialdemocracia es la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, con un reparto equitativo de la renta, y una maximización del ideal de “igual libertad”, a través de reformas con vocación transformadora, lo público desempeña un papel central tanto desde el punto de vista procedimental, como finalista.

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